«Este proceso ha afectado a mi familia, mi salud, mi honor y estima profesional»

La expresidenta de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón (EMA) Dulce Gallego ha reivindicado este lunes su inocencia ante unas acusaciones basadas, según ella, en informes con visos de estar «contaminados», por las supuestas irregularidades en un contrato marco de la empresa municipal.

Ha defendido, además, los sistemas de control «muy exigentes» que había en la EMA y ha alabado el prestigio del exgerente de la misma Luis Alemany, acusado como ella en el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal número 2 de Gijón, y que este lunes ha quedado visto para sentencia. Además de a Gallego y Alemany, se juzga al administrador de una de las empresas adjudicatarias, Suymcoplas, y a los dos apoderados de la otra, Aldesa.

Gallego, ejerciendo el derecho a una última palabra, ha relatada cómo este proceso ha afectado a «mi familia, salud, honorabilidad y estima profesional» y ha dejado claro que nunca tuvo relación con las empresas adjudicatarias del contrato ni directa ni indirectamente ni ningún interés común.

Antes de eso, ha recriminado que se quisiera dar una imagen de la EMA confusa, de una empresa sin controles, «hablando de una pequeña parte para calificar un todo», ha apuntado. Frente a esa imagen, la acusada ha defendido que la EMA estaba perfectamente organizada, con unos sistemas de control «muy exigentes».

Asimismo, se ha preguntado cómo es que la EMA no ha cambiado «ni un ápice» de esos sistemas de control si es que estos no eran válidos a criterio de la acusación, o cómo es que siguen las mismas personas que los hacían en sus puestos.

Todos, ha matizado, excepto el exgerente y también acusado Luis Alemany, del que ha destacado que era un funcionario «de prestigio y una garantía de una visión pública de gestión» que, según Gallego, tal vez hizo que fuera un «estorbo». También se ha referido al director económico de la EMA despedido, del que ha dicho que era «trabajador, joven, íntegro y competente». Es por ello, que ha insistido en que si el resto sigue en sus puestos, «algo no me cuadra», ha recalcado.

Ha remarcado, además, que se gastó mucho dinero público en hacer informes, para puntualizar después que su sucesor en el cargo en la EMA, Fernando Couto (Foro), reconoció en el Pleno ser amigo del responsable de la empresa Gerencias del Norte al que se encargó uno de ellos, mientras que el segundo lo hizo una empresa dirigida por el hermano de otro exconcejal de Foro.

Incluso ha incidido en que las acusaciones se basan en un tamaño de redes de abastecimiento y saneamiento que es falso, ya que se citan 1.100 kilómetros cuando superaban los 2.000, lo que implicaba más trabajo y averías que había que atender. De esta forma ha tratado de justificar que se encargaran trabajos a cargo del contrato marco como pudiera ser limpieza de sumideros.

MALA FE

También ha hablado Gallego de mala fe al mezclar la acusación unas obras con otras, algunas realizadas cuando ella no era ya presidenta de la EMA sino Couto. Ha resaltado, asimismo, que en sus ocho años de Presidencia no hubo ni una sola vez un reparo o advertencia de los órganos de control, como tampoco recibió un solo emolumento por ejercer ese cargo.

En cuanto al contrato marco, ha explicado que desde la Intervención Municipal se le dijo que era «eficaz y transparente». De hecho, ha apuntado que la mayor paradoja es que este tipo de contrato lo siguen usando en muchos servicios del Ayuntamiento.

Ha recalcado, además, que desde un principio se puso a disposición de la Fiscalía y también entregó sus declaraciones de bienes, como también lo hizo al PSOE. «Le debo mucho a mis compañeros», ha puntualizado.

Gallego ha sido la única de los cinco acusados que ha ejercido su derecho a hablar. Antes, los abogados de la defensa habían pedido la libre absolución de sus clientes y habían negado sobrecostes o facturas duplicadas, al tiempo que reivindicaban que el proceso de adjudicación del contrato se hizo conforme a la Ley y a los criterios de publicidad y concurrencia.

Todos ellos, asimismo, han llamado la atención sobre los errores del informe del perito judicial, que llegó a computar en algunas obras más dinero de sobrecoste que lo facturado realmente. Además, algunos enfatizaron el hecho de que en el juicio no se había puesto de manifiesto en quién influyeron sus clientes para acusarles de tráfico de influencias.

Especialmente han incidido en que el contrato marco no marcaba un límite económico por obra. En este sentido, han recalcado que si bien la acusación habla de ilegalidades por superar algunas obras los 50.000 euros, en el siguiente contrato marco, responsabilidad ya de los denunciantes en este proceso, el límite por obra era muy superior, 120.000 euros.

El abogado de Gallego, en concreto, ha insistido en la «injusticia» a sabiendas de esta acusación y ha recalcado que su cliente no tenía poder ejecutivo como no lo tenía Couto cuando la sucedió en el cargo. También ha resaltado que una vez firmado el contrato se regía por el derecho civil y no administrativo.

SIN PRUEBAS

En el caso de Alemany, su abogado ha destacado que el contrato marco es una figura «perfectamente legítima» y ha defendido la necesidad y urgencia de las obras encargadas. «No existe prueba alguna contra Alemany», ha asegurado.

La letrada del administrador de Suymcoplas ha incidido en que su cliente no impuso la adjudicación del contrato ni influyó en nadie, como tampoco recibió trato de favor. Ha sostenido que se cumplieron todos los requisitos normativos.

Por parte de los abogados de los dos apoderados de Aldesa, se ha incidido en que ambos eran trabajadores autónomos que cumplían órdenes de la empresa. Uno de ellos fue el encargado de firmar el contrato, mientras que el otro hizo lo mismo con la prórroga. Ambos intercambiaron sus puestos en 2011, yendo el primero a México y el segundo a Asturias. Sobre esto último, su abogado ha insistido en que antes de venir de México no sabía nada del contrato, no conocía Gijón y menos la EMA.

También una de las abogadas ha recalcado que Aldesa facturaba en 2010 obras por 1.200 millones de euros, siendo el contrato de la EMA solo de 760.000 euros. «Actuaba por orden y cuenta de Aldesa como apoderado», ha reiterado la abogada. El abogado de Aldesa, por su parte, ha insistido en que no se excedió del tope del contrato ni en el conjunto ni año a año.

La Fiscalía, por su parte, que pide dos años de cárcel para los acusados, pese a reconocer los errores del informe del perito judicial, lo ha dado por bueno al estar «bastante detallado» y dictaminarse que hubo una vulneración de la ley, con sobrecostes, doble facturación y cobros por encima del preciario -listado de precios por cada obra--. No solo, eso, ha acusado a uno de los peritos de la defensa de no analizar el citado informe, sino descalificarlo, para acusar después a otro de falta de objetividad.

Por su lado, el abogado de la EMA, ha asegurado que las obras realizadas amparadas por el contrato marco no eran ni pequeñas ni urgentes y eran cotidianas, además de facturarse por más del límite contratado, por lo que ha considerado que «se falseó un poco» la publicidad del mismo. Para él, se ha producido un injusto beneficio de los procesados con un contrato marco que no era más que un artificio. La acusación particular eleva la petición fiscal a tres años de prisión.