La defensa de Dulce Gallego pide condenar en costas a la acusación particular «por mala fe»

El abogado José Carlos Álvarez, que representa a la expresidenta de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón (EMA), Dulce Gallego, ha modificado su calificación fiscal en el sentido de condenar en costas procesales a la acusación particular, al entender que hubo «mala fe o temeridad».

Así lo ha hecho en la sesión del juicio oral contra la expresidenta y el exgerente de la EMA, Dulce Gallego y Luis Alemany, respectivamente, para los que la Fiscalía pide dos años de cárcel para cada uno, mientras que la acusación particular eleva esa petición a tres años, por las supuestas irregularidades de un contrato marco de la EMA. Junto a ellos se juzga a un empresario de una de las empresas beneficiadas, Suymcoplás, y a los dos apoderados de la otra adjudicataria del contrato, Aldesa.

El letrado de Gallego se ha basado en varias cuestiones, como es que los denunciantes sepan que lo que denuncian es legal. Para él, es significativo que en el contrato marco sacado a concurso en 2013 el límite de las obras fuera de 120.000 euros, cuando se juzga a su defendida por contratos que superan los 50.000 euros. También el hecho de que el presidente de la EMA cuando se denunciaron los hechos, Fernando Couto (Foro), declarará que no tenía conocimiento de las obras de la empresa, y sin embargo se acuse a Gallego, que realizaba las mismas funciones que él y no firmaba ningún contrato.

Asimismo, en la vista oral el perito judicial no supo explicar las discrepancias entre los datos que aparecían en su informe referidos a sobrecostes y la facturación real. «Hay una discrepancia que no tiene sentido» ha llegado a decir, para añadir en otra ocasión que «no tiene ninguna explicación». En algunas de estas facturas figuraba en su informe, por ejemplo, que se habían realizado 60 horas de oficial, cuando no se había hecho ninguna, y otras tantas de peón, cuando habían sido muchas menos. Incluso en su informe figuraban sobrecostes de facturas por importe superior al de la propia factura en sí, algo que tampoco supo explicar. Antes de eso, el perito judicial ha apuntado que había detectado sobrecostes en las facturas y duplicidad en algunas de ellas, además de opinar que la limpieza de sumideros era una obra prevesible o recurrente, por lo que no encajaba en el contrato marco en cuestión, aunque sí apareciera en el preciario -lista de precios en función de los trabajos a realizar-.

Ni sobrecostes ni duplicidad

Por contra, los peritos presentados por las defensas coincidieron todos en que no habían detectado sobrecostes ni duplicidad en las facturas, e insistieron en que estas coincidían con los partes de trabajo de la empresa. Uno de ellos ha remarcado, a este respecto, que estaba todo «correctamente facturado», con respecto a las horas de camión o de peón, al justificar en que si se cobraban aparte se debía a que era para la retirada de residuos de material de construcción y demolición o de vallas de obras iniciadas por la EMA. El mismo perito ha sostenido que la facturación simultánea era «perfectamente posible», con referencia a zanjas con profundidades distintas. Eso sí, ha recalcado que se aplicó esto en algún caso «puntual».

Los peritos de la defensa también han puesto en duda los cálculos y estimaciones de precio hechos por el perito judicial, además de llegar a tildar de «absolutamente incorrecto» y un «disparate» el basarse en cuatro pequeñas excavaciones para afirmar que no había roca en unas zanjas cuando se había facturado como tal. Una forma de comprobación que otro perito de la defensa ha considerado como «ridículo», el cual también ha justificado la necesidad y urgencias de las obras realizadas para «resolver los problemas que eran muy acuciantes en Gijón», ha añadido.

Al término de la sesión de la vista oral celebrada este lunes en el Juzgado de lo Penal número 2 de Gijón, solo la defensa de Gallego modificó su calificación, excepto la fiscal, pero en el sentido de corregir un error en la transcripción. El juicio celebrará su última sesión el próximo lunes, con la lectura de las conclusiones finales y el derecho de los acusados a un último turno de palabra, que por parte del abogado de Gallego ya se ha anunciado que se utilizará.

Posibles irregularidades

De acuerdo al relato fiscal, entre el año 2009 y el año 2012, la EMA contrató de forma directa, obviando el procedimiento específico de publicidad, pliego de prescripciones o condiciones económico-administrativas y técnicas que rige La ley de Contratos del Sector Publico, por la que se regula la EMA. En el periodo señalado, la contratación se llevó a cabo pese a que el gerente de la EMA, y la presidenta, la acusada, conocían que se vulneraba el procedimiento legal, siendo beneficiario de las adjudicaciones la empresa Suymcoplas. Según la Fiscalía, dentro del precio del contrato, Suymcoplas facturó por encima del precio del contrato de 2010 a 2012 por una suma total de 2.514.980,33 euros, siendo el total de sobrecostes de 3.105.632,50 euros.

Por otro lado, los exresponsables de la EMA procesados contrataron de igual forma, conforme al contrato marco del 18 de febrero de 2009, la realización de obras con la empresa Aldesa, cuyos delegados están acusados también. Ambos se encargaban de la gestión de la empresa. En este sentido y durante el periodo citado, la empresa Aldesa aumentó los precios de las facturas, que aceptaron los acusados responsables de la empresa, con el consiguiente perjuicio para la empresa pública, ascendiendo los sobrecostes a 327.623,57 euros.