O presupuesto social, o presupuesto prorrogado

La negociación de los dineros municipales de los que dispondrá Gijón el año que viene se dirimirá en el terreno de los servicios sociales. Desde que, la pasada semana, el gobierno de Carmen Moriyón iniciara su ronda de contactos con los grupos de la oposición para presentar el anteproyecto de presupuestos para 2017, todos los partidos -con excepción del PP- se han apresurado a poner sobre el tablero sus respectivas propuestas en materia de servicios sociales para marcar sus posiciones de partida. La agenda municipal de estos días es índice de esa prioridad. Ayer, el portavoz socialista, José María Pérez, se reunía en la Casa del Pueblo con 20 representantes de oenegés y asociaciones de la ciudad; la concejala de IU Ana Castaño salía a la palestra para afear el bajo nivel de ejecución de Foro, pero muy en particular en la Fundación Municipal de Servicios Sociales, con la propuesta de la «tarjeta ciudadana» recién lanzada al tablero, y la edil del área de Xixón Sí Puede, Estefanía Puente, reiteraba la exigencia de un «programa piloto de renta básica» como pivote de sus conversaciones con Foro y el resto de la Corporación. También José Carlos Fernández Sarasola, de Ciudadanos, presentaba hoy un primer planteamiento en materia social al reclamar a Foro la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años.

Todo ello da una idea de lo que, en distintos grados, los partidos que quedan a la izquierda de Carmen Moriyón entienden como la principal prioridad ciudadana y lo que debe definir, antes que nada, la gestión de una administración local; máxime cuando hay coincidencia entre todos ellos en las críticas a la gestión de la concejala forista Eva Illán, y al desempeño de la Fundación Municipal de Servicios Sociales. El bajo ritmo de ejecución presupuestaria (que entraba en octubre con poco más de un 54 por ciento gastado), la falta de visión de conjunto, la descoordinación y la improvisación son casi un estribillo de reproches que se repite desde hace meses. Del mismo modo, la palabra continuismo y del excesivo peso concedido a los gastos corrientes y a amortización de deuda frente a la congelación o la disminución de gastos sociales, brotaba casi de inmediato en estas formaciones al tener conocimiento de los primeros detalles del borrador presentado por la concejala de Hacienda, Ana Braña.

 Renta social: proyecto piloto

Pero ello tampoco significa que los grupos de la oposición tengan una postura unificada, más allá de esa sensibilidad genérica y esas críticas comunes. La propuesta más rotunda, por innovadora y por ambiciosa, es la de la «renta social» cuya implantación aspira a ir tanteando ya mismo XsP a partir de las experiencias de otros municipios españoles y extranjeros embarcados en esta radical propuesta que defiende unos ingresos garantizados por el Estado como «derecho de ciudadanía» para cualquier ciudadano, con independencia de su situación social.

Antes que nada, Puente precisa que se trata de un «proyecto piloto» para ir aproximándose a la posibilidad de una renta que no sería tan universal como la que le sirve de referente. Su universalidad estaría circunscrita en realidad «a todas las personas con dificultades, en vez de acotarlo a determinados colectivos, ya que cada vez hay más sectores que pasan por situaciones muy difíciles y que quizás no entren en los colectivos 'tradicionales' de receptores de ayudas, como es el caso de los nuevos trabajadores pobres'». 

La concejala salía a la vez al paso de la crítica más común: la del carácter inviable, casi utópico en última instancia, para una medida de este tipo: «Es totalmente posible. Donde ellos ven imposibilidades, nosotros vemos derechos». Ni siquiera el hecho de que el último Pleno rechazase el principal canal de financiación que XsP preveía para el despegue de esta medida parece echar atrás su propuesta. La formación morada propuso una modificación de las Ordenanzas Fiscales para 2017 que reforzaba la «progresividad» fiscal gravando el uso de los espacios locales a bancos y compañías telefónicas, pero se quedó en la cuneta. Otro inconveniente previsible, de carácter más técnico, sería la incompatibilidad con el salario social básico que gestiona la administración autonómica.

Puente considera, no obstante, que «no es un tema económico sino de reorganización adecuada de los recursos existentes», y reitera una invitación a «todos los grupos municipales» para que se sumen a la iniciativa. En especial a IU, a quienes los morados piden «que den un paso más, que no se queden a medio gas» en un escenario general de acercamiento de ambas formaciones tras la abstención socialista en la investidura de Rajoy y la subsiguente retirada de puentes entre la coalición y el PSOE local.

Ese «paso más» y ese «gas» que se queda a medio aluden a la propuesta lanzada por el portavoz de la coalición, Aurelio Martín: una «tarjeta social» similar a la promovida por el ayuntamiento barcelonés, y concebida como  «un complemento para las familias más necesitadas»: las dependientes del salario social, la pensión no contributiva o el subsidio por desempleo, en especial con menores a su cargo.

La tarjeta, que garantizaría un mínimo para cubrir «necesidades básicas» -energía, material escolar, requerimientos domésticos y un etcétera abierto a debate- está concebida como un «complemento» que requeriría de una dotación presupuestaria de 6 millones de euros. Martín -repitiendo el papel de mediación al que incluso en este contexto de cambio de proximidades parece abonado en este mandato- considera su propuesta como una plataforma para posibles entendimientos entre las propuestas de XsP y las de otros grupos, especialmente los socialistas.

Integral y global

El PSOE, por su parte, no se pronunciará plenamente sobre sus posturas hasta finales de esta semana, después de mantener una ronda de contactos con diversos colectivos y agentes ciudadanos. Pero es significativo que -después de las primeras advertencias a Foro sobre la prioridad de las políticas sociales, educación y cultura, empleo y desarrollo económico-  la primera de ellas haya sido con una veintena de organizaciones no gubernamentales, asociaciones y entidades directamente implicadas en el activismo social en Gijón, a las que el portavoz del PSOE, José María López, transmitió su inquietud por las consecuencias de la baja ejecución presupuestaria sobre las cuentas de 2017 o lo que considera como falta de voluntad de Foro de apurar todo el gasto en el ejercicio venidero. A su vez, según el portavoz, «muchas» de las asociaciones le transmitieron su preocupación porque, «a estas alturas de año, tienen los convenios con el Ayuntamiento pendientes de firma».

Al término de la reunión, el también secretario general de la gestora gijonesa reiteraba que el proyecto de cuentas de Foro está «desconectado de la realidad social de Gijón» y señalaba como prioritarias en la negociación medidas «en materia de empleo y en la atención a los desempleados de más de 55 años».  

López, como es habitual en él, pone el énfasis en el carácter «integral» y «global» de sus proposiciones, vinculadas a «un proyecto de ciudad». Desde ahí, subraya la «imprescindible vinculación» entre políticas «sociales, de empleo, de formación y de atención a personas en riesgo de exclusión social», incluso educativas y culturales, en necesidades como vivienda, hábitos saludables, prevención de drogas o atención a la infancia. Recuerda lo que queda sin aplicar en acuerdos básicos, como la concertación y el llamado Plan de Choque. Y distingue entre «paliar los problemas y eliminar las causas de los problemas». Quizá por eso, los socialistas parecen haber acogido de entrada la «tarjeta social» propuesta por IU como una medida más bien puntual o paliativa, en el terreno de los efectos pero no de las causas.

Estas son las piezas que desde este momento tiene ante sí Carmen Moriyón para intentar concretar en algo más que buenas intenciones el espíritu negociador que desde el primer momento ofrecía el portavoz forista, Fernando Couto, desde la frágil posición del equipo de gobierno. De su encaje depende conjurar la amenaza de una nueva prórroga presupuestaria.