La mina de Cerredo pasó ocho inspecciones desde 2022 y el Principado niega una actuación negligente
Asturias
La consejera de Industria, Belarmina Díaz, asegura que la investigación puede durar meses. El Ejecutivo autonómico se presentará como acusación particular en el caso Blue Solving
03 Apr 2025. Actualizado a las 20:27 h.
El Principado de Asturias considera que «en absoluto» ha habido una actuación negligente por parte de la autoridad minera respecto a la mina de Cerredo, en el concejo asturiano de Degaña, en la que el pasado lunes fallecieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos a causa de una explosión.
La consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio del Principado de Asturias, Belarmina Díaz, lo ha asegurado así este jueves al término de la reunión de la Comisión de Seguridad Minera que se ha reunido con carácter de urgencia para analizar la tragedia, y en la que se ha informado de que el Principado se presentará como acusación particular en el caso. Además, ha anunciado que ha pedido su comparecencia ante el parlamento autonómico para dar explicaciones. Esta petición fue registrada el jueves por la mañana.
Díaz ha hecho estas afirmaciones después de que se haya conocido que una empresa minera denunciase el pasado marzo, y un vecino de Degaña en 2023, que se estaba sacando carbón de Cerredo, y de que se hiciese público un informe interno de hace dos años que advertía de que había «indicios racionales de una actividad extractiva no autorizada». El informe se emitió a raíz del accidente que el 25 de agosto de 2022 se registró en el exterior de esta mina del suroccidente asturiano, en el que un trabajador perdió la vida y otro resultó herido de gravedad al volcar un camión cargado de mineral.
Según la consejera, desde entonces y hasta el 24 de septiembre de 2024 se realizaron en la mina de Cerredo ocho inspecciones sin que en ninguna de ellas se detectara «actividad anormal» ni que hubiese extracción de mineral en el nivel tercero de la mina, en el que tuvo lugar la explosión que, según las primeras hipótesis, se debió a una bolsa de grisú.
«Estamos trabajando de forma absolutamente proactiva (...) Hay inspecciones, hay trabajo hecho y los permisos estaban en regla», ha subrayado la consejera antes de asegurar que «lo que no está en regla son actuaciones que hay que dilucidar ahora y ver qué es lo que ha ocurrido con Blue Solving», la empresa desde el pasado año tenía permisos para retirar viejos materiales y valorizar materiales, pero no para sacar carbón.
¿Hubo extracción de carbón?
En cuanto a la denuncia remitida en octubre de 2023 por un particular, la consejera ha dicho que lo que ella puede decir es que se trataba de un correo electrónico al que desde «una cuenta genérica apoderada» accedió ayer mismo la Dirección General de Energía y Minería y que pusieron «inmediatamente en conocimiento del comandante de la Guardia Civil», al igual que algún email posterior al accidente.
Y ante el informe que tras el accidente laboral de agosto de 2022 también apunta a que se estaba sacando carbón, ha afirmado que «nunca» se detectó que en el nivel tercero de la mina, en el que tuvo lugar la explosión el pasado lunes, hubiese habido «actividad anormal ni extracción de mineral». «Se detecta alguna actividad en otro piso que estamos investigado, pero Blue Solving no tiene ninguna actividad anormal en la tercera» hasta que se produce este accidente, ha subrayado la consejera. También ha reconocido que en marzo hubo un cruce de denuncias de irregularidades por parte de dos empresas mineras que «se están analizando» y a los que dieron «traslado de forma inmediata» a ambas compañías.
Díaz, que ha anunciado que ha pedido su comparecencia ante el parlamento autonómico para dar explicaciones, ha reconocido que va a ser una investigación larga que se prolongará durante meses pero que su objetivo es «llegar hasta el final y estudiar todo lo que ha pasado». Por el momento, lo que sí han hecho ya es «iniciar los trámites previos para un (expediente) sancionador, que es lo que se puede hacer a día de hoy», al margen de las actuaciones que se lleven a cabo por parte del Juzgado de Cangas del Narcea.
La semana que viene tendrán lugar las primeras inspecciones junto con la Brigada de Salvamento Minero, que acudió al rescate de las víctimas de la explosión, la Policía Judicial de la Guardia Civil y equipos especiales.
Una comisión especial de Investigación
La Comisión de Seguridad Minera, que es un órgano de asesoramiento y apoyo a la Dirección General Minas, ha acordado en la reunión de urgencia celebrada hoy poner en marcha una comisión especial de investigación «que va a poner todos los medios, todos los esfuerzos y todo lo que sea necesario para aclarar» este accidente.
Dicha comisión iniciará sus trabajos el 28 de abril con la participación de los mismos integrantes de la de Seguridad Minera, de la que forman parte la autoridad minera, sindicatos, empresas del sector y colegios profesionales de minas.
Al margen de la actividad que se estuviera desarrollando en el interior de la mina, la principal hipótesis es que el siniestro, el mayor accidento minero en las últimas tres décadas, se produjo por la presencia de una bolsa de grisú, un gas presente en las minas de carbón que puede provocar grandes explosiones sin previo aviso que se previenen con detectores y sistemas de ventilación, informa Efe.
PP llamará a comparecer a Barbón
Por otro lado, el PP ha anunciado este jueves que llamará a comparecer en el Pleno de la Junta General al presidente del Principado, Adrián Barbón, y a la consejera de Transición Ecológica, Belarmina Díaz, para que den explicaciones tras las informaciones publicadas en los últimos días en relación a la existencia de varias denuncias sobre posibles actividades irregulares en la mina de Cerredo. Esta petición a la consejera se produce horas después de que ella ya haya registrado la solicitud de comparecencia en la Junta.
En el Comité Ejecutivo del PP de Asturias, que ha tenido lugar esta tarde, el presidente del partido, Álvaro Queipo, ha justificado la petición por la «alarma» ante el contenido de las publicaciones recogidas en medios de comunicación, y su «supuesto conocimiento» tanto por Barbón, como por otros antiguos y actuales responsables del Gobierno autonómico.
Entre ellos, Queipo ha citado al exconsejero y actual presidente de Hunosa, Enrique Fernández, a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón y exconsejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Nieves Roqueñí, y la actual titular del cargo y exdirectora general de Minería y Energía, Belarmina Díaz. El presidente del PP asturiano se ha referido a «extracciones no autorizadas, cambios de nombre de la empresa para seguir operando, accidentes previos y avisos vecinales» sobre una actividad «inusual» en la explotación minera.
Queipo ha asegurado que la prioridad del PP es «esclarecer los hechos» para que sucesos como este «no se repitan nunca más» y ha recalcado que es un «deber» con los fallecidos, sus familias y con toda la sociedad asturiana, que «merece explicaciones claras».