«En Cáritas estamos viendo que, con un sueldo de 1.500 euros al mes, en Asturias no alquilas una vivienda»

Las dificultades para acceder a una vivienda, el elevado coste de los alquileres y las desmedidas condiciones de los contratos para garantizar el pago de la renta son realidades que no sólo ocurren en las grandes ciudades del país, sino que se están dando en Asturias convirtiendo el derecho a una vivienda que recoge la Constitución en misión imposible. Y no, no es una película de ficción, es una realidad de la que alerta Caritas Diocesana de Oviedo dado el incremento de peticiones de ayuda que están recibiendo y la complejidad que tienen las personas que temporalmente recurren a sus centros para acceder a una vivienda en la que realizar un proyecto de vida independiente.

«En Caritas estamos viendo que, con un sueldo de 1.500 euros al mes, en Asturias no alquilas una vivienda», manifiesta Ramón Méndez-Navia Gómez, secretario general de Cáritas Diocesana de Oviedo, que asegura que «es real» y que en la organización social a la que representa se están encontrado casos en los que, trabajadores con unos ingresos mensuales que, a priori, son buenos, «al final no pueden acceder a una vivienda propia».

El mismo explica que en Cáritas Diocesana de Oviedo trabajan con la máxima de que los espacios de acogida de la organización han de ser una opción temporal en los que las personas que acuden a ellos deberían estar «un tiempo mínimo» para después tener «una alternativa de normal acceso a una vivienda». Sin embargo, Ramón Méndez-Navia Gómez señala que en la actualidad está siendo «imposible» porque el elevado coste de los alquileres y las «condiciones abusivas» de los contratos no permiten, en ocasiones, ya no alquilar una vivienda completa, sino que, ni siquiera, alquilar una habitación, por lo que hay personas que tienen que ir a la opción de alquilar una habitación entre dos. «Porque la gente se agarra a lo que puede», añade el secretario general de Cáritas Diocesana de Oviedo.

Condiciones abusivas

Respecto a las condiciones que se piden hoy en día, Méndez-Navia dice con conocimiento de causa que son «abusivas» porque desde Cáritas llevan años avalando a gente para que tengan esa oportunidad de tener una vivienda propia en la que desarrollar un proyecto de vida. «Antes les pedían una garantía de pago de renta durante un año y de esa manera personas que estaban en nuestros centros alquilaban. Desde Cáritas les dábamos ese aval durante ese año y después, cuando quedaba probado que el inquilino pagaba puntualmente, pues no se renovaba ese aval», cuenta el representante de la organización social, que apostilla que «ahora ya no vale un contrato con un aval por un año, sino que piden un aval por 5 años».

El mismo entiende que los seguros y las agencias inmobiliarias quieren garantías de que no va a haber impagos, pero añade que esa se convierte en otra razón de que, al final, acceder a una vivienda sea «imposible» y, por tanto, las personas que se encuentran en centros o pisos de los que gestiona Cáritas «no logren tener una vivienda propia», y no solo quienes cobran el Salario Social o el Ingreso Mínimos Vital, sino, aunque dispongan de un trabajo y tengan un salario de 1.500 euros.

En lo que deriva esa complejidad para alquilar una vivienda es en que, aunque la organización social de la iglesia dispone de diferentes programas de vivienda, quienes están en ellos no ven posibilidad de dejarlos para realizar un proyecto de vida independiente. «No pueden alquilar nada y pasan meses sin que la gente pueda salir de los espacios que gestiona la organización», comenta Ramón Méndez-Navia, que añade que eso conlleva que no haya habitaciones libres y se genere «tapón» para ayudar a otras personas.

Pone como ejemplo que «antes la gente trabajaba y ahorraban para pagar dos meses de fianza». «Pero antes era más sencillo en comparación con lo de ahora», asevera el mismo, que también cita como ejemplo el que ahora haya hijos de una cierta edad que continúan viviendo en casa de sus padres por la imposibilidad de afrontar los gastos que conlleva independizarse.

«La propia sociedad tiene que hacer una reflexión sobre esto», plantea Méndez-Navia, que dice que «aunque es fácil que se apunte a un solo responsable de esta situación», a su entender, «la responsabilidad y el problema es de toda la sociedad». En la parte de responsabilidad que tiene la administración, el secretario general de Cáritas Diocesana de Oviedo insta a que esta realice un estudio, «dé cuenta de cuantas viviendas públicas tiene y explique por qué no están ocupadas por personas», ya que el mismo se muestra convencido de que las hay pero que falta «un estudio serio de las viviendas disponibles».