Los «dilatados» plazos para regular los parques de baterías en Asturias

La instalación de parques de baterías de litio sigue siendo un tema que preocupa a quienes residen en las inmediaciones de las diversas localizaciones en las que se proyectan en Asturias. Esta misma semana el director general de Ordenación del Territorio, Ignacio Ruiz Latierro, mantenía un encuentro con la plataforma ciudadana Stop Baterías Asturias en el que avanzaba que el Gobierno asturiano ya tiene lista —a la espera tan solo de su aprobación por el Consejo de Gobierno— la modificación burocrática que permitiría suspender las autorizaciones de parques de baterías de forma inmediata en suelo no urbanizable. Esta medida, que podría tardar unos meses para cumplir con el trámite de información pública, afectaría a medio centenar de las más de 170 autorizaciones solicitadas en Asturias para instalar una de estas infraestructuras de almacenamiento energético.

En concreto, se trata de la modificación del artículo 51 del decreto de 2022 que aprobó el reglamento de ordenación del territorio y urbanismo de Asturias, de manera que quede redactado para que permita realizar una suspensión inmediata como trámite previo a cualquier aprobación inicial. Con este cambio y teniendo en cuenta el elevado interés empresarial en implantar parques de baterías en Asturias, el Principado quiere «asegurar la preservación del paisaje, el patrimonio natural y el modelo poblacional de los núcleos diseminados» por la comunidad.

El director general de Ordenación del Territorio tranquilizó a los representantes de la plataforma vecinal Stop Baterías asegurando que en la actualidad no hay ninguna autorización definitiva y que, con el cambio planteado, al menos medio centenar de las más de 170 autorizaciones solicitadas estarán afectadas por ubicarse en suelo no urbanizable. También explicó que, una vez aprobada esta modificación, «daremos paso a un periodo de exposición pública y después se procederá a lo que es la suspensión propiamente y a la orden de redacción de las directrices para la regulación de este tipo de instalaciones».

No obstante, entre una cosa y otra, teniendo en cuenta que la redacción de las directrices que adoptará Asturias ante el creciente interés empresarial por la implantación de parques de baterías tendrá un plazo «mucho más dilatado», calculó que «fácilmente» se tarde entre 18 y 24 meses en que entren en vigor. 

«El decreto con la suspensión de las autorizaciones en suelos no urbanizables va con retraso. La Consejería de Ordenación del Territorio nos dijo que estaría listo antes de que acabara 2024. Ahora nos dice que este mes sólo saldrá la resolución para sacar el decreto a la fase de información pública, un trámite obligado por ley. Esto significa que el decreto no estará en vigor hasta dentro de unos meses», consideraban este jueves desde la plataforma Stop Baterías, en la que no pasan por alto la reciente entreada en vigor de la ley de Proyectos de Interés Estratégico (PIER).

Esta ley se publicó en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) el pasado 27 de diciembre, «adelantándose» al decreto para suspender las autorizaciones de parques de baterías en suelo no urbanizable. Un hecho que, según consideran en Stop Baterías, «nos señala quién está ganando la mano en la pugna entre la Consejería de Industria y la de Ordenación del Territorio a la hora de regular los contenedores de baterías». Hay que recordar que la Consejería de Ordenación del Territorio, que también abarca otros departamentos como Urbanismo, Vivienda y Derechos Sociales, está en manos de IU, socio de gobierno del PSOE en esta legislatura.

Con la ley PIER, según sostienen desde la plataforma ciudadana, la decisión de catalogar como «estratégico» un proyecto empresarial queda en manos del Consejo de Gobierno de Asturias, «pasando por encima de los planes generales de ordenación urbana de los ayuntamientos» y con criterios «tan vagos» como el carácter innovador, la capacidad de dinamización social o la sostenibilidad medioambiental.

Esta conveniente «ambigüedad» se suma al hecho de que la Consejería de Industria «sigue tramitando» proyectos para la implantación de parques de baterías, abriendo las fases de información pública. «La suspensión de las autorizaciones sólo afectará a los núcleos rurales y a los suelos no urbanizables. ¿Qué ocurrirá con los proyectos que se propongan en suelos industriales? ¿Qué va a ocurrir si dichas ubicaciones se encuentran cerca de las viviendas o de explotaciones agroganaderas?», se preguntan en la plataforma ciudadana.

«¿Aprovechará la Consejería de Industria la ley PIER para presionar en el Consejo de Gobierno y que éste otorgue carácter estratégico a los proyectos de baterías? ¿Va a permitir que se construyan instalaciones ruidosas e incendiarias junto a las casas, junto a las personas, junto a las granjas y los animales?», cuestionan también, recordando además que la Consejería de Ordenación del Territorio no tiene competencias en suelo industrial. Preguntas para las que, por lo que parece, no tienen respuestas que les tranquilicen, razón por la que siguen considerando que la movilización ciudadana es «más importante que nunca». En Gijón, por ejemplo, varias asociaciones vecinales han convocado para el próximo jueves, 16 de enero, una concentración con corte de tráfico a las seis de la tarde en la avenida de los Campones, a la altura del número 246, contra el proyecto que plantea instalar un parque de baterías «a menos de 30 metros de las viviendas».