«Ahora dicen que no estamos cualificados, pero llevamos 30 años sacando adelante esa profesión»

Educadores y auxiliares de centros de menores comenzaban el jueves 9 de enero una serie de protestas contra el plan del Gobierno autonómico para transformar plazas de empleados públicos de naturaleza laboral en plazas de funcionario en el cuerpo de educadores sociales en la oferta pública de empleo de 2024.

En esta oferta, aprobada el 31 de diciembre de 2024, el Principado convocaba 99 plazas de Educador Social y 74 de Trabajadora Social. El problema que denuncian los sindicatos es que se exige la titulación de Educador Social para ambas especialidades, por lo que un buen número de personas que llevan un año preparando dicho concurso (el cual fue convocado en diciembre de 2023) no pueden presentarse al no contar con una titulación que no se exigía en la primera convocatoria.

Además, este plan autonómico equivale a que, en la práctica, el 80 por ciento de la plantilla que está trabajando ahora mismo en los centros de la región carece de la titulación de Educación Social, pero sí cuenta con otras afines como «Psicología, Trabajo Social, Pedagogía y Magisterio, entre otras», explica Paula Álvarez, delegada de CCOO en Derechos Sociales.

Élida Vázquez, presidenta del comité de empresa de Derechos Sociales, explica que «toda esta problemática surge hace un año con la aprobación de la nueva Ley de Empleo Público, que establece la exigencia de titulación específica de Educador Social para funcionarizar, para trabajar el centros de menores y en todo lo que tenga que ver con atención a menores».

«Hasta ahora, la titulación que se exigía era genérica, bastaba con tener una titulación universitaria de grado medio y admitía todo el abanico de profesiones», comenta. Añade que, «de hecho, el 80% de la plantilla ha accedido al empleo por titulaciones genéricas» como Psicología, Pedagogía, Magisterio o Trabajo Social.

La presidenta del comité de empresa de Derechos Sociales apunta que, «ya en aquel momento, todos los sindicatos se mostraron en contra, se presentaron alegaciones y no se tuvo en cuenta ninguna». En este sentido, en lo que respecta al personal fijo «que, por ejemplo, lleva trabajando 20 ó 30 años con Psicología, Pedagogía o las carreras con las que accedieron habiendo aprobado una oposición, que no es nada fácil, quedan a extinguir sin apenas movilidad».

En lo que respecta al personal temporal, «si no tiene la titulación, va a la calle, son despidos directos y calculamos que serán alrededor de unas 80 personas». En este sentido, en el caso de «los educadores, solamente un 20% tiene la titulación de Educador Social, el resto accedimos con otras».

Esta medida «afecta a las 700 personas que figuran en la bolsa de oposición, que en el 80% de los casos no tendrá la titulación específica». Élida Vázquez apunta, asimismo, que «los auxiliares de educadores que trabajan codo con codo con los educadores esos quedan sin posibilidad de promoción, porque ellos son laborales y permanecen como estaban».

También lamentan que el Principado «ha modificado la Oferta de Empleo Público que ya estaba publicada y aprobada hace un año». Esta oferta salió publicada en diciembre del 2023 «y la gente lleva un año pagando academias, preparadores, invirtiendo tiempo y dinero y ahora el 80% de los 700 que estaban en la anterior bolsa, más los que se hayan sumado y más los auxiliares educadores que quieran ir por promoción interna a educador, no puede acceder al empleo público si no tienen la titulación».

No tienen inconveniente en que se haga un «cambio de titulación a partir de ahora, pero con equiparación de la antigüedad, la experiencia y los méritos». «Ahora dicen que no estamos cualificados y resulta que llevamos 30 años sacando adelante esa profesión, porque la profesión fue antes de la titulación», lamenta esta profesional. Los representantes de los trabajadores piden «que se modifique esa ley para acoger al abanico de profesionales que entendemos estamos cualificados» y que, además, «se vuelva a modificar la OPE de 2023 y se deje como estaba»

Por su parte, Paula Álvarez, delegada de CCOO en Derechos Sociales, ha destacado que los sindicatos, en su momento, votaron «en contra de este proceso de funcionarización tal y como estaba planteado». Desde su punto de vista supone «una decisión que afecta de forma perjudicial a la inmensa mayoría de la plantilla», así como «al futuro de los profesionales».

Lo que los sindicatos buscan es establecer una «negociación sosegada» para lograr «una solución integradora» en un cuerpo para el que «la inmensa mayoría tiene titulaciones universitarias afines». En este sentido, hay trabajadores con una «carrera profesional avalada» que se juegan su empleo y «entraron con lo que se pedía en ese momento». Paula Álvarez explica que, entre los «derechos que se vulneran» con el plan del Gobierno autonómico está «derecho de movilidad del propio personal educador fijo, al distinguir entre personal laboral en discapacidad y funcionario en infancia con una sola titulación».

Del mismo modo, «al personal auxiliar educador se le coarta el derecho de promoción interna en caso de que no tenga la titulación específica y de superior categoría independientemente de la titulación». También «el personal temporal interino que no cumpla el requisito de la titulación de Educación Social no va a poder seguir en sus puestos» Paula Álvarez insiste en que «decenas de personas ocupan puestos que se van a funcionarizar y no van a poder seguir desarrollando su trabajo».

La próxima concentración de protesta tendrá lugar el viernes 17 de enero, a las 17.30, en el Niemeyer de Avilés, coincidiendo con la celebración del congreso del PSOE asturiano.