ANPE pide la «retirada inmediata» de la instrucción que regula la administración de medicamentos por parte de docentes

El sindicato docente ANPE ha pedido este jueves «la inmediata retirada de la instrucción que regula la administración de medicamentos por parte de los docentes» y anuncia el inicio de acción judiciales.

En nota de prensa, desde ANPE inciden en que la reciente asignación de funciones sanitarias al personal educativo «excede lo previsto en la Resolución de 2015, concebida con un carácter meramente indicativo, y contraviene la normativa vigente en materia de competencias profesionales del personal docente y sanitario».

«Pretender hacer creer a la sociedad, para acallar la lógica preocupación de padres y madres, que, con un cursillo, los docentes supliremos los años de formación exigidos a los profesionales de la medicina y la enfermería es un insulto a la inteligencia. Se trata de una medida populista: los padres deben de saber que sus hijos no van a estar bien atendidos», apuntan.

Además, remarcan que «la guía para la atención al alumnado con diabetes introduce un cambio significativo al formalizar procedimientos que delegan en el personal educativo responsabilidades propias del ámbito sanitario».

En ese sentido, el sindicato advierte de «diversos problemas», como el intrusismo profesional, ya que entiende que «la administración de medicamentos es una función inherente a los profesionales sanitarios, especialmente enfermeros, que cuentan con la formación y acreditación necesarias para realizar estas tareas de manera segura y efectiva»; o la «falta de formación adecuada y seguridad del paciente», ya que «el personal docente carece de la formación sanitaria específica necesaria para administrar medicamentos como glucagón, adrenalina o insulina, lo cual podría poner en riesgo la seguridad y el bienestar del alumnado».

Del mismo modo, inciden en la «responsabilidad legal» que implica la delegación de estas tareas al personal educativo, indicando que «podría generar responsabilidades legales, en caso de errores o complicaciones derivadas de la administración incorrecta de medicamentos»; al tiempo que señalan una «sobrecarga de funciones» al asignar «tareas propias del ámbito sanitario al personal docente», lo que entienden que «desvirtúa su función principal de naturaleza educativa, afectando negativamente tanto su desempeño como el desarrollo de sus competencias profesionales».

Con todo, ANPE pone a disposición de los docentes sus servicios jurídicos, cuando algún docente reciba la instrucción directa para administrar medicamentos. «Si algún docente lo hace de manera voluntaria, también debería asesorarse sobre la responsabilidad civil y penal que asume, por la razones anteriormente expuestas y porque el documento de exoneración de responsabilidades que los padres firman es papel mojado», sostiene el sindicato. Finalmente, ANPE apela «al sentido común para que el responsable de este disparate dimita o sea cesado fulminantemente». «Y anunciamos también la presentación de cuantas acciones legales sean necesarias», concluye.