El parlamento asturiano da el primer paso para reformar las normas de los pisos turísticos

El pleno de la Junta General del Principado ha dado luz verde este miércoles a la modificación de la Ley de Turismo que reforzará los mecanismos de control para combatir la actividad clandestina, la oferta ilegal y el intrusismo profesional en las viviendas de uso turístico.

El dictamen ha salido adelante con el apoyo del PSOE, Convocatoria por Asturies-IU y los diputados del grupo mixto Adrián Pumares y Covadonga Tomé, mientras que los parlamentarios del PP -que había reservado el debate de varias enmiendas en la sesión- y Vox han optado por su rechazo.

La normativa incorpora con rango de ley las viviendas de uso turístico como una modalidad de alojamiento reconocida y regulada y estipula que estas se contratarán íntegramente, esto es, no arrendarán por habitaciones.

El Gobierno asturiano podrá solicitar a los dueños de pisos una declaración responsable para el inicio de actividad que incorpore una «certificación» de la Junta de Comunidad de Propietarios sobre la posibilidad de comercialización turística, de conformidad con los requisitos que establece al respecto la legislación de propiedad horizontal.

Asimismo, no podrá comercializarse como vivienda de uso turístico ningún tipo de vivienda sometida a un régimen de protección pública o protección oficial.

Estas viviendas deberán exhibir en un lugar destacado y visible una placa identificativa de su condición de vivienda de uso turístico y número de inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas.

Endurecimiento de sanciones

La nueva ley también conlleva una actualización de las sanciones económicas por incumplimientos de la normativa, que aumentan más del doble en todos los tramos, con multas desde 150 euros 100.000, y prevé la suspensión de las actividades empresariales o profesionales, que será de hasta seis meses en el caso de infracciones graves y hasta dos años en las muy graves.

Asimismo, contempla la clausura del establecimiento y revocación de la autorización o habilitación preceptiva para el ejercicio de la actividad, en el caso de infracciones muy graves.

Además, incluye el concepto de zona turística protegida para aquellos ámbitos territoriales en el que se superen los niveles máximos de oferta y demanda de actividades turísticas.

Defensa de la ley

La parlamentaria del PSOE Lidia Fernández ha asegurado que la modificación aprobada garantizará los «intereses de los residentes» de los inmuebles donde se fijen las viviendas turísticas y tiene como objetivo «consolidar» y «ordenar» este sector.

«Se trata de una reforma importante y urgente, porque estamos asistiendo a una auténtica emergencia habitacional», ha apuntado el portavoz de Convocatoria por Asturies-IU, Xabel Vegas.

La diputada del grupo mixto Covadonga Tomé ha apoyado la modificación de la normativa que, aunque se queda «corta en cuanto a ambición», fija un «paraguas legislativo» ante el auge de las viviendas de uso turístico.

En la misma línea se ha pronunciado su compañero de grupo Adrián Pumares, quien ha insistido en que «no es la ley que estaba previsto que surgiese», pero la ha respaldado, porque sí cumple «parcialmente los objetivos» y es necesaria para este sector económico.

PP y Vox ven poco rigurosa la modificación

El PP ha pedido al Gobierno que retirase la ley y elaborase una nueva, puesto que la aprobada será una «fuente generadora de conflictos», por ser «poco rigurosa» y no está a la «altura que le corresponde».

Según ha alertado la diputada popular Sandra Camino, en la defensa de las enmiendas presentadas al dictamen, la normativa «carece de un nivel técnico» y «no aporta seguridad jurídica».

La portavoz de Vox, Carolina López, ha dicho que la ley es una «chapuza» y está «vacía de contenido» y, durante su tramitación, ha contado con «críticas de expertos» a cuestiones técnicas y jurídicas, que no han sido escuchadas por parte del Gobierno asturiano; informó EFE.