La Ley de Les Escuelines sale adelante con el apoyo de todos los grupos menos Vox

El pleno del parlamento asturiano ha aprobado este miércoles, con el respaldo de todos los grupos políticos, salvo Vox, la ley por la que se regula la nueva red autonómica, pública y gratuita de escuelas infantiles, Les Escuelines.

La normativa aborda el establecimiento de esta red de equipamientos de 0 a 3 años fijando su composición, su carácter progresivo en la implantación y desarrollo y el compromiso colaborativo con las administraciones locales dadas sus competencias directas sobre la materia.

La ley contempla que la apertura de nuevas escuelas infantiles deberán de regirse atendiendo a criterios demográficos y de territorio, con especial atención al medio rural y priorizando el acceso del alumnado en situación de riesgo de pobreza o desventaja con el objetivo de facilitar la conciliación familiar.

La extensión podrá llevarse a cabo mediante la puesta en funcionamiento de escuelas infantiles propias de la Administración autonómica o mediante la integración voluntaria de las escuelas infantiles municipales a través de la suscripción de convenios de colaboración.

Integración del personal

A efectos de la ley, se entiende por personal susceptible de ser integrado en la plantilla del Principado a las personas que perteneciendo a un ayuntamiento ostenten la categoría profesional de técnico o técnica de Educación Infantil, o categoría equivalente del convenio colectivo de aplicación, y a las personas que ejerzan la dirección de la escuela.

En este sentido, «excepcionalmente y a través del instrumento jurídico en el que se concrete la integración», ambas administraciones podrán acordar la integración de aquel personal que, no perteneciendo a las categorías anteriormente citadas, esté prestando servicio de manera directa en las escuelas, como empleados públicos municipales.

Por otro lado, el personal perteneciente a ayuntamientos que no hayan convocado ni desarrollado el proceso de estabilización de empleo temporal se integrará, en su caso, en la plantilla del Principado en las mismas condiciones en las que se encuentre en su administración de origen.

La normativa destaca que en el «plazo máximo de seis meses» desde la entrada en vigor de la ley, el Gobierno asturiano pondrá en marcha una «mesa de diálogo» de la que formarán parte las organizaciones sindicales más representativas a fin de abordar el proceso de integración del personal y sus condiciones laborales.

También contempla la «incorporación diferenciada» en la oferta de empleo público del Principado de las plazas que no hayan sido objeto de procesos de estabilización de empleo temporal.

Amplio consenso

En el debate de la iniciativa, la diputada del PSOE Mónica Ronderos ha agradecido a los grupos que han apoyado la iniciativa su «trabajo propositivo» por «ser capaces de acordar en el desacuerdo» en torno a una cuestión que supone un «momento histórico» para la comunidad.

La diputada del PP Gloria García ha explicado que no es la ley que habría diseñado su partido, pero la ha intentado «completar» en el trámite de enmiendas, al tiempo que ha puesto el foco en la necesidad de desarrollarla normativamente, porque su gestión «está un tanto en el aire».

Convocatoria por Asturies-IU, socio de gobierno de coalición, ha insistido en que este miércoles es un «día histórico» para la educación en el Principado al aprobarse una normativa que garantizará las condiciones laborales de todas las trabajadoras que sean integradas en la red.

Del mismo modo, la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé ha subrayado que la red «aporta calidad» y facilita la conciliación familiar, lo que adquiere especial «relevancia» en el medio rural.

Por su parte, su compañero de grupo, Adrián Pumares (Foro), ha destacado que la nueva ley es «necesaria» para la comunidad y permitirá que los ayuntamientos «por fin se desprenderán» de unas competencias «impropias».

«Ley de las asturcholas»

Vox ha sido la única formación que ha optado por el rechazo de una norma que ha denominado «ley de las asturcholas», al considerar que ha contado con una «tramitación bastante lamentable» en la que «no se ha escuchado ni dialogado ni atendido a las serias objeciones» que, a su juicio, presenta.

«Vamos a crear un nuevo mastodonte público que todavía nadie nos ha dicho lo que va a costar», ha apuntado el diputado Javier Jové, quien ha asegurado que este proyecto someterá a los niños a un «adoctrinamiento», no acabará con las listas de espera ni ayudará a la conciliación de los padres «salvo que sean funcionarios»; informó EFE.