La Eurocámara pone la vista en el arancel ambiental ante la crisis del acero con China

Sesión con el acero como protagonista en el parlamento europeo, la cámara señaló, con intervenciones de grupos de todos color, las políticas de China para subvencionar su acero reventando los mercados del continente, con lo que se sucedieron las llamadas a tomar medidas y también con el foco en lo que pueda influir el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, el arancel ambiental, que tiene un despliegue paulatino y que en los próximos años incrementará sus restricciones a productos de fuera de la unión.

Los eurodiputados asturianos, el socialista Jonás Fernández y la popular Susana Solís señalaron ante la cámara además de forma específica la relevancia de estas iniciativas para el Principado y el futuro de sus factorías. Jonás Fernández, exigió a la Comisión Europea que tome medidas inmediatas que le pongan freno: «La situación del sector del acero en Europa es crítica. Desde la Unión Europea hemos aprobado programas de ayudas muy ambiciosos para la reconversión del sector, tanto por el lado de las ayudas directas como de la protección de la industria, pero debemos hacer más. La Comisión Europea debe imponer medidas inmediatas que protejan a nuestro sector frente a la competencia desleal de terceros países».

Había una referencia a las plantas de ArcelorMitall en Asturias y parón su algunas de sus líneas por la entrada de acero Chino, pero también turco, a costes inasumibles para los productores europeos. Pero también con las dudas de la multinacional para concretar la puesta en marcha de la planta de DRI en Gijón, que contó con un impulso de 450 millones de fondos europeos. «Sigo solicitando que Arcelor Mittal cumpla su compromiso e inicie ya las inversiones acordadas», señaló exigiendo que se cumpla el memorando de entendimiento acordado entre el Gobierno de España, el Gobierno de Asturias y la compañía.

Respecto al arancel ambiental, Fernández indicó que su aplicación a partir de 2026 «paliará otra de las desventajas competitivas de la industria europea, al obligar a pagar derechos de emisión de CO2 también a compañías que produzcan fuera de la UE».

El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono tiene distintas fases, en la vigente hay una margen de maniobra amplio para las compañías a la hora de calcular las emisiones implícitas en las importaciones durante la fase transitoria, pero a partir del 1 de enero de 2025 solo se aceptará el método de la UE «y las estimaciones (incluidos los valores por defecto) solo podrán utilizarse para mercancías complejas si estas estimaciones representan menos del 20 % del total de las emisiones implícitas».

Al respecto, en su intervención, Solís indicó que «necesitamos asegurar que el Mecanismo de Ajuste en Frontera funciona correctamente antes de retirar las asignaciones gratuitas a la industria y asegurar que no haya fuga de carbono en nuestras importaciones» y aseguró que algunos países pueden eludir eludir esta norma, utilizando tecnologías más contaminantes para el consumo interno y reservando el acero producido con arcos eléctricos para la exportación a Europa, evitando los costes ambientales que enfrentan los productores europeos.

La diputada del PP cargó contra el Gobierno español ya que, según afirmó, no concede el mismo nivel de ayudas que el resto de Estados realizan a sus industrias, como una electricidad asequible, menos cargas o conceder la máxima compensación posible por las emisiones de CO2 «que sí hacen Francia o Alemania. La Comisión Europea permite incluir en el presupuesto hasta un máximo de 850 millones de euros, pero en España hemos preferido conceder 300 millones. Esta diferencia no es baladí, en la cuenta resultados». 

La extrema derecha contra el pacto verde

«Tenemos el objetivo común de que la UE siga siendo el hogar de la industria del acero sostenible que asegure puestos de trabajo de calidad», ha reconocido en la debate la comisaria Helena Dalli, quien ha advertido de que «la solución no es acabar con el Pacto Verde», como han reclamado algunos eurodiputados de extrema derecha, sino «fijar un pacto industrial que ayude a la descarbonización y favorezca una transición justa en la que ningún territorio se quede a la zaga».

«Esto está presente en las directrices estratégicas para el próximo mandato de la Comisión», en que la descarbonización de sectores como el siderúrgico «tendrá un carácter prioritario», ha defendido.

Dalli ha admitido la preocupación común sobre el estado de la industria siderúrgica ya que «China genera más de la mitad de la producción mundial del acero», mientras que «en Europa se redujo un 20% en la última década», lo que ha llevado al sector a pasar «del superávit a un déficit comercial de unos 10 millones de toneladas».

Ahora, «Europa es sólo un 7% de la producción mundial del acero», ha explicado Dalli, que ha invitado a «revertir la tendencia», lo que requiere de «más inversiones en nuevos proyectos de acero limpio para que Europa vuelva a ser competitiva en el paisaje del acero en los próximos años»; informó Europa Press.