Asturias destinará 15,6 millones a las ayudas de emergencia de gestión municipal

El Gobierno de Asturias ha acordado este viernes destinar 15,6 millones a las entidades locales para financiar las ayudas de emergencia social, la ejecución de proyectos de inclusión y, como novedad, la mejora de los medios personales encargados de gestionar estas prestaciones o de realizar labores de intervención con familias en riesgo de exclusión.

El Principado, con esta medida adoptada en la reunión celebrada por el Consejo de Gobierno, presidido por Gimena Llamedo, ha decidido elevar esta partida un 12 por ciento respecto a 2023, una medida orientada a fortalecer el escudo social.

Las ayudas de emergencia, previstas en la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, financian gastos de vivienda y energía, así como otros ordinarios y extraordinarios, de familias con menores, y también cubren acciones de apoyo a la intervención y proyectos locales de inclusión.

Los fondos aprobados se distribuyen entre los apartados: Ayudas de emergencia social para vivienda, energía y otros gastos: 8.480.486 euros, y de emergencia social para familias con menores: 2.323.814 euros, y apoyo a la intervención y proyectos locales de inclusión social: 4.800.000 euros. De la cuantía destinada a este último apartado, 2,3 millones se dedicarán al refuerzo de las plantillas municipales encargadas de la intervención social y de la gestión de las ayudas de emergencia.

Este nuevo fondo mejorará las ratios de personal y, por tanto, aliviará la carga de trabajo de los servicios locales dedicados a estas labores y los tiempos de atención a la población vulnerable. El crédito destinado a este fin también permitirá intensificar las medidas de incorporación social y laboral con familias beneficiarias del salario social básico. Actualmente, perciben la renta mínima autonómica 9.010 núcleos familiares que se concentran en su mayoría en los cuatro grandes concejos (Oviedo, Gijón, Avilés y Siero) y en las cuencas mineras.

Los 2,3 millones se distribuirán entre los ayuntamientos que cuenten al menos con 40 familias perceptoras del salario social, y la cantidad concreta que recibirá cada concejo irá en proporción al número total de estos hogares.

El impulso a las medidas de incorporación social y laboral es uno de los propósitos que persigue el Gobierno de Asturias, destaca el ejecutivo autonómico, a corto plazo, con el objetivo prioritario de la aprobación de los programas personalizados de incorporación social pendientes, además de la revisión y seguimiento de los que ya están en vigor y el cumplimento de las medidas acordadas con el Servicio Público de Empleo (Sepepa), informa Efe.