Apertura del año judicial en Asturias: «Son demasiados años exponiendo las necesidades de medios materiales y personales»

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús María Chamorro, ha confiado este jueves en que el trabajo que se está desarrollando con el Gobierno regional en materia de infraestructuras «se traduzca en realidades lo más rápido posible».

Chamorro ha presidido este jueves el acto de conmemoración de la apertura del año judicial en la comunidad autónoma, en el que ha estado presente el jefe del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón, el presidente de la Junta General, Juan Cofiño, la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, el alcalde de Oviedo, la fiscal superior del Principado, María Eugenia Prendes, entre otras numerosas autoridades civiles y militares.

El presidente del alto tribunal ha señalado que son «ya muchos los años» que los órganos de gobierno del poder judicial «llevan poniendo de manifiesto las necesidades de medios materiales y personales y urgiendo soluciones».

«Me atrevería a decir que demasiados. El diagnóstico creo que está hecho. No parece necesario volver a ahondar en las necesidades de la justicia asturiana, muchas antiguas, muy antiguas y, por supuesto, también otras nuevas. Tampoco voy a escatimar mi reconocimiento al camino andado», ha expresado.

En este punto, ha destacado la labor desarrollada en los grupos de trabajo puestos en marcha con el Gobierno asturiano para la elaboración de un plan de infraestructuras y otro para abordar el «específico y acuciante problema de las infraestructuras del partido judicial de Oviedo», así como el de la comisión de seguimiento del proceso de digitalización.

«Hemos de aplaudir el trabajo que se está llevando a cabo por ambas partes, que espero se traduzca en realidades tangibles lo más rápido posible», ha apuntado antes de recalcar, no obstante, la necesidad de que «el esfuerzo también debe ser mayor cuando la precariedad de la que se parte es mayor».

Independencia del poder judicial

En su discurso, Chamorro ha asegurado que la independencia del poder judicial es uno de los pilares de esta organización y «se convierte así en un elemento clave para la consagración del Estado de Derecho y del imperio de la ley».

«La independencia, que se predica de todos y cada uno de los jueces y magistrados en cuanto ejercen la función jurisdiccional, implica que están sujetos única y exclusivamente al imperio de la ley, lo que significa que no están ligados a órdenes, instrucciones o indicaciones de ningún otro poder público, singularmente del legislativo y del ejecutivo», ha resaltado.

El objetivo es garantizar que los ciudadanos «en todo el territorio, tengan los mismos derechos y vean satisfecho su derecho a la tutela judicial efectiva con igualdad».

Chamorro también ha celebrado que se haya llevado a efecto la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del que ha esperado «siga profundizando en la defensa de la independencia judicial».

Así, ha mostrado sus mejores deseos a los dos nuevos vocales asturianos Bernardo Fernández y Alejandro Abascal, presentes en el acto, a los que ha expresado su «disponibilidad, lealtad y colaboración».

Tiempos de resolución

Chamorro ha destacado que los órganos judiciales asturianos han dictado en el año 2023 más de 124.000 resoluciones: 37.000 sentencias, 57.000 autos y 30.000 decretos.

A lo largo del pasado ejercicio, ingresaron 143.381 asuntos, un 3 por ciento menos que en 2022, en el que el número ascendió a 147.628.

«El poder judicial en Asturias ha recuperado su pulso después de varios años de vicisitudes diversas», ha señalado antes de poner en valor sus tiempos de resolución.

En este punto, ha comentado que en 2023 los Juzgados de Primera Instancia en el ámbito civil tuvieron un promedio de resolución de asuntos de 5,6 meses y la Audiencia Provincial en el orden civil de 6,9 meses.

En el orden penal, los Juzgados de Instrucción contaron con una media temporal de resolución de 3 meses, los de lo Penal, de 9 y la Audiencia Provincial, de 3,5.

Por otro lado, los Juzgados de Violencia de Género despacharon en 2023 sus asuntos penales en una media de 2,2 meses y los civiles en 6,8.

«Por supuesto que nuestra labor no está exenta de fallos y disfunciones, las propias de quien tiene encomendada una tarea de tanta trascendencia. Por ello, pedimos compresión, y sin duda alguna, disculpas por los fallos cometidos», ha apuntado, informa Efe.