Financiación autonómica y vivienda: las claves del nuevo curso político asturiano

Con el final de agosto y a la espera de que la primera semana de septiembre dé espacio para la celebración del Día de Asturias, el curso político se apremia a recuperar su actividad tras el parón de verano. Lo hace después de que a finales de junio Vox vetara que su pudiera habilitar julio como período de sesiones en el parlamento, y además, con el importante peso que tendrá el debate de todas las comunidades, incluyendo a Asturias, las consecuencias del acuerdo que dio la presidencia de la Generalitat catalana a Salvador Illa y que incluyen una reforma singular de la financiación de ese territorio a la manera de los conciertos forales de País Vasco y Navarra.

La negativa de Vox a habilitar un mes veraniego para el trabajo parlamentario dejó en el tintero, no congelados pero sí retrasados, dos iniciativas muy relevantes para el Gobierno asturiano, la Ley de les escuelines, para el despliegue de la red de escuelas de 0 a 3 años, y también el proyecto para legislar sobre las viviendas turísticas. En julio el Ejecutivo la creación administrativa de las 31 escuelas de primer ciclo de Educación Infantil, el próximo jueves se inagurarán cinco de ellas -- Los Indianinos, de Colombres (Ribadedeva); La Brañona, de Panes (Peñamellera Baja); Los Esguinos, de Trevías (Valdés); As Paxarías, de Boal y Los Pequeníos, de Villayón-- y la red se desplegará paulatinamente desde este curso hasta 2027.

Hasta ahora las escuelas infantiles eran gestionadas por los ayuntamientos y la ley que debe aprobarse precisamente cambia esta situación para que pasen a depender de la administración autonómica, lo que supondrá un relevante alivio para muchos consistorios. Hasta ahora, 69 ayuntamientos implicados en la creación de la red han dado ya su visto bueno al proyecto. Aparte de esos centros que ya existen, la Consejería de Educación construirá directamente 15 escuelas infantiles en colegios públicos con espacios disponibles y abrirá otros 16 que los ayuntamientos están edificando con cargo a las subvenciones de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de 2023.

En un año en el que turismo ha vuelto a marcar récords en Asturias, con el pleno funcionamiento de la alta velocidad en la Variante del Pajares, la mod vigente del veraneo en el norte, y tras registrar varios meses encadenados de compraventa de vivienda y precios de alquiler, la ley que regule los pisos turísticos está de plena actualidad. El proyecto asturiano incluye medidas como que sea necesario el permiso de la comunidad de vecinos para dedicar un inmueble a esta actividad (algo que las asociaciones del sector ya estudian recurrir a los tribunales), reforzar las inspecciones y multas por incumplimientos y vetar expresamente que se puedan alquilar habitaciones en vez de el piso entero.

Financiación y presupuesto

En el caso de las cuentas autonómicas, el Ejecutivo de Barbón afronta el reto de volver a reunir una mayoría necesaria para aprobar los presupuestos regionales, algo que el presidente ha conseguido año a año en dos dos mandatos recurriendo a la aritmética variable en el parlamento. Con acuerdos para garantizarse un respaldo o, al menos, una abstención, de todas las fuerzas en algún momento con la excepción del PP y Vox.

Pero las dificultades que siempre trae una negociación se une que este año, las cuentan serán necesariamente a la baja. Tras dos ejercicios de subidas (el presupuesto aprobado el año pasado fue el más elevado de la democracia, superando por primera vez los 6.000 millones de euros, gracias a los fondos europeos) en esta ocasión la inversión se reduce. Así lo señaló el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, en declaraciones recogidas por la televisión autonómica, indicando que habría unos 400 millones menos.

Precisamente será financiación autonómica y su reforma un asunto clave que marcará los debates del nuevo curso y seguramente de toda la legislatura. La necesidad de adaptar el modelo actual se arrastra desde hace años, postergada eternamente por el difícil encaje de las demandas de los diferentes territorios y que se hayan encadenado muchas convocatorias electorales. Pero el acuerdo en Cataluña entre ERC y PSC para la investidura de Illa, que recoge la apuesta por un sistema singular para esa comunidad, negociado bilateralmente y que le dé la capacidad de recaudar todos los tributos (como un concierto económico) ha despertado las alarmas en la oposición pero también en el propio PSOE.

El gobierno asturiano se ha distanciado de esta propuesta.«Estamos en contra de la salida de cualquier comunidad del régimen común; sí consideramos que lo que hay que hacer es reformar el sistema de financiación pensando en esa construcción de Estado Federal», dijo a Barbón a comienzos de agosto rechazando además de forma expresa el  principio de ordinalidad (que establece que una comunidad autónoma no debe perder puestos en el nivel de renta per cápita como consecuencia de la aplicación de los mecanismos de nivelación entre comunidad) y que recoge el acuerdo catalán.

Desde el Principado se han remitido de forma reiterada al Acuerdo de Santiago, suscrito con otras siete comunidades, y que reclama un nuevo modelo de financiación en el que pesen más los criterios demográficos para responder con «eficacia y equidad» a las demandas de los ciudadanos, «vivan donde vivan». La declaración también recoge explícitamente que todas las comunidades deben de poder prestar «servicios similares» con independencia de su capacidad para generar ingresos tributarios así como que se tenga en cuenta el coste real de los servicios, ya que es mucho más caro, por ejemplo, prestar atención sanitaria a una población envejecida como la asturiana que una más joven como las que hay en el Mediterráneo.