El Gobierno central defiende el peaje del Huerna «contra el bolsillo de los asturianos»

Sobre la bocina, a punto de que se cerrara el plazo marcado por la Comisión Europea para que el Gobierno español alegara sobre su dictamen de que la prórroga del peaje del Huerna --la única conexión por autopista entre Asturias y la meseta-- fue ilegal, el Ejecutivo central respondió a Bruselas a finales de la semana pasada pero para defender que la extensión del pago y la concesión a Aucalsa se hizo de forma regular. Esta respuesta supondrá una demora de la solución en contra de los intereses de los asturianos que siguen pagando ese peaje.

El exdiputado y antiguo secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, que fue quien inició la denuncia que llevó a Europa a declarar ilegal la prórroga lamentó que el gobierno socialista «actúe como abogado defensor del Gobierno de Aznar y de la decisión de Francisco Álvarez-Cascos», toda vez que fue bajo el mandato del exministro de Fomento gijonés cuando se extendió la prórroga hasta el año 2050 (hubiera debido terminar y pasar a ser gratuita en el año 2021). «Europa está empujando para suprimir el peaje y el gobierno se posiciona contra el bolsillo de los asturianos», insistió el exdirigente morado.

El fallo de la la Comisión Europea señala que España prorrogó la duración de dos concesiones de autopistas (la gallega AP-9 y la AP-66 que une Asturias y León), sin aplicar adecuadamente los procedimientos de licitación, infringiendo las normas de la UE, es decir que se hicieron a dedo.

El Ejecutivo central podría haber asumido la decisión europea y liberar de forma inmediata el peaje, lo que habría supuesto que tuviera que afrontar una demanda por parte de la concesionaria que reclamaría una indemnización millonaria. Es en realidad el mismo motivo por el que, a pesar de que José Luis Rodríguez Zapatero prometiera en su primera legislatura como presidente rescatar el peaje pero no lo hizo en ninguno de sus dos mandatos; y tampoco lo han hecho los dos últimos gobiernos de coalición pese a que sus partidos han votado en el parlamento autonómico iniciativas instando al Estado a suprimir ese peaje. La indemnización para Aucalsa puede ser muy elevada, según algunas estimaciones, alrededor de los 3.500 millones de euros.

«Para mí era lo esperable, viendo los precedentes de otros gobiernos socialistas, porque es una estrategia de mero discurso, para quedar bien delante de la gente porque es obvio que es una vergüenza cobrar algo que no se cobra en otros lugares; y también que habrá técnicos todavía en el Ministerio que participaron en esa prórroga y querrán defenderla», señaló Ripa quien, en todo caso apuntó que se sentía optimista sobre el resultado final y que la respuesta del Gobierno sólo servirá para dilatar en el tiempo la supresión del peaje.

«Es lo que pasó en Italia [en 2019 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenó al país alpino por la extensión por 18 años del peaje en la autopista entre Livorno y Civitavecchia] y aquí seguramente será igual, el gobierno querrá llegar hasta el tribunal europeo para ver si la sentencia le cae a otro gobierno, pero seguramente se declarará ilegal y lo tendrán que suprimir». La cuestión es cuánto puede extenderse esa nueva demora.

La primera resolución de la Comisión Europea se conoció en junio de este 2024, y se dio un plazo de dos meses al Ejecutivo para alegar, lo que ha hecho ahora asegurando que todo se hizo conforme a la legalidad. De hecho apenas unos días antes de conocerse la declaración de la Comisión el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, aseguraba que el ministerio no barajaba que el organismo europeo dictara una resolución adversa (aunque así ocurrió en poco más de una semana) porque desde el punto de vista legal «las cosas se hicieron correctamente» aunque «no compartimos la decisión política que se tomó».

En este sentido, Ripa recalcó que se entra en una nueva fase «la próxima respuesta de la Comisión Europea no creo que tarde más de un año, otra cuestión es que el Gobierno decida ir al tribunal europeo, y eso pueden ser diez años».