Qué pide Asturias en la financiación autonómica

Con la inminente investidura de Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat catalana, el debate sobre la financiación autonómica copa los titulares de la actualidad. La reforma del actual modelo es una necesidad reivindicada por muchos actores políticos, de todo signo, y desde hace varios años, aunque lo que ha puesto sobre la mesa el pacto entre ERC y PSC no es tanto una reforma del sistema en general sino su ruptura, con la apertura a estudiar un modelo similar a los conciertos forales de País Vasco y Navarra también para Cataluña.

«Estamos en contra de la salida de cualquier comunidad del régimen común; sí consideramos que lo que hay que hacer es reformar el sistema de financiación pensando en esa construcción de Estado Federal», señaló el presidente asturiano Adrián Barbón la semana pasada. Desde el Principado se ha enfatizado el rechazo a dos puntos claves del pacto catalán: por un lado, Asturias defiende que cualquier cambio debe negociarse de forma multilateral, con la participación de todas las comunidades y no con acuerdos bilaterales. Por otra parte se rechaza de plano el principio de ordinalidad, esto es, que ninguna comunidad autónoma reciba menos por habitante que otras comunidades que hayan aportado menos. De este modo la financiación de los territorios con más riqueza y mayor número de habitantes con mayor renta tendrían siempre muchos más recursos que el resto, independientemente del coste de los servicios.

Y este último punto es clave también. Un ejemplo que expone de forma constante el Ejecutivo asturiano es el coste de la atención sanitaria, que es mucho más elevado para una población envejecida, como es el caso de Asturias, que para territorios con población mucho más joven. 

Los documentos

En todo caso hay dos documentos fundamentales sobre los que se sustenta el posicionamiento de Asturias, uno de ellos es un acuerdo parlamentario (firmado por todos los grupos con representación parlamentaria la pasada legislatura, excepto Vox) y otro rubricado con otras siete comunidades (Galicia, Cantabria, Aragón, La Rioja, Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha) que se conoce como la Declaración de Santiago. Es decir, la postura de Asturias no sólo cuenta con un amplio consenso en el seno de la comunidad sino que forma parte de una alianza amplia con otros territorios.

El documento pactado con los grupos parlamentarios tuvo que dejar fuera (por el rechazo de los conservadores) la apelación a una armonización fiscal entre las comunidades, pero incluyó que en el diseño del nuevo modelo se apliquen criterios basados en el coste real de la prestación de los servicios públicos, teniendo en cuenta cuestiones como la orografía, el envejecimiento de la población, la dispersión o el gasto sanitario. Todo ellos junto a la búsqueda de una fórmula de coordinación entre agencias tributarias para luchar contra el fraude fiscal.

La mayoría de estos postulados coinciden con los incluidos en la Declaración de Santiago que suscribieron en la capital gallega ocho comunidades en el año 2021. En ese documento se apela a que se busque un nuevo modelo de financiación en el que pesen más los criterios demográficos para responder con «eficacia y equidad» a las demandas de los ciudadanos, «vivan donde vivan». No es baladí que muchas de las comunidades firmantes se encuentren entre las que tienen una población más envejecida y que padecen una importante fuga de población joven en busca de trabajo. En ese sentido, el documento habla de elevar la cuestión demográfica al nivel de prioridad institucional y recuerdan la necesidad de activar un fondo estatal para paliar las desventajas de los territorios más afectados.

La declaración también recoge explícitamente que todas las comunidades deben de poder prestar «servicios similares» con independencia de su capacidad para generar ingresos tributarios; y por eso incluye la creación de un catálogo de servicios con mecanismos de financiación asegurada y nivelación. ¿Cómo se establecerían esos criterios?

Ese es uno de los grandes debates de la reforma de la financiación y que divide a las comunidades no por su color político sino, a grandes rasgos, por el número de habitantes y edad media de la población. Así. la alianza en la que participa Asturias demanda que las necesidades de financiación deben fijarse atendiendo a los siguientes factores: los costes fijos, la superficie, la dispersión, la baja densidad, la orografía, la baja natalidad y el envejecimiento, condicionantes «innegables» de un mayor coste en la prestación de servicios, por lo que deben tener mayor peso en la ponderación del nuevo sistema.