La reparación de la planta incendiada de Cogersa durará un año y costará 14,7 millones

El Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) ha dado este lunes el visto bueno a los trámites de contratación que permitirán reparar y volver a poner en marcha la planta de tratamiento de la fracción resto que se incendió en abril. El proyecto cuenta con un presupuesto de 14,7 millones y un plazo de ejecución de doce meses.

La fórmula administrativa para llevar a cabo estos trabajos es la del modificado del contrato que se firmó en julio de 2019 con la unión temporal de empresas (UTE) formada por Viviendas y Obras Civiles S.A. y Setec Building S.L.U. Esta UTE resultó adjudicataria del concurso público iniciado en agosto de 2018 para la redacción del proyecto, la construcción y puesta en marcha de la instalación, con un precio de 48 millones. Sobre el contrato original, en abril de 2022 se aprobó un primer modificado, para dotar a la instalación de una central de producción eléctrica fotovoltaica que permitiera cubrir una parte del consumo energético y mejorar su sostenibilidad. Aquel primer modificado supuso un incremento en el precio de licitación de 2,5 millones.

El contrato de Cogersa con la UTE estaba en vigor cuando se produjo el siniestro. Las obras habían finalizado en diciembre de 2023, pero la planta todavía se encontraba en el periodo de pruebas. Lo que ha aprobado ahora la comisión delegada es un modificado de ese contrato por razones de interés público para garantizar la agilidad y la eficiencia en la ejecución de los trabajos de reparación. Esta necesidad surge de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles en el momento de la licitación inicial y figura entre los supuestos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público. Dada la cuantía del modificado, Cogersa debe solicitar ahora un informe al Consejo Consultivo del Principado.

Reconstrucción de las instalaciones

El proyecto de reconstrucción incluye la rehabilitación integral de las estructuras arquitectónicas y de los equipos industriales dañados por el fuego, así como el refuerzo de las medidas de protección contra incendios ya existentes, con base en las recomendaciones realizadas por el Servicio de Política Industrial del Principado.

Así, de los 14,7 millones de presupuesto global, cerca de 1,5 se destinarán a labores de ingeniería y trabajos previos (principalmente, demolición), mientras que otros 6,8 se corresponden con la obra civil y edificación (reposición de estructura, cubiertas y cerramientos). Además,  767.839 euros se dedicarán a la recuperación de la instalación fotovoltaica y otros 5,5 millones a equipos e instalaciones.

Entre los principales equipos sobre los que hay que actuar figuran 21 cintas (algunas se repararán y otras se sustituirán), trómeles y balísticos de las dos líneas paralelas con las que cuenta la planta (se repararán in situ), dos trituradores abrebolsas (se sustituirán ambos equipos) y los puentes grúa (serán reparados en obra por el fabricante).

En cuanto a la instalación contra incendios, además de la reposición de los equipos dañados se incluyen varias mejoras: un nuevo muro de hormigón para sectorización de la playa de descarga de residuos voluminosos y elevación de muros, el aumento de la sectorización y la instalación de compuertas, la colocación de cámaras termográficas, la  instalación de nuevos rociadores en playa de descarga y fosos, el cambio de material de las tuberías de desodorización, un nuevo sistema de extinción sobre trituradoras de CSR y el incremento de la capacidad de almacenamiento de agua.

La comisión delegada del consorcio también ha aprobado otros trámites relacionados con la gestión de este contrato, por ejemplo, la revisión excepcional de precios, según las medidas para contratos de obras del sector público. Igualmente, ha dado luz verde a la certificación final de las obras -que se había emitido antes del incendio, en concreto el 28 de diciembre de 2023- y su importe correspondiente. Esta liquidación se salda por parte de la dirección de obra con un importe de 4 millones, lo que supone un incremento del 8,43% sobre el precio original de la concesión del contrato.