La intrahistoria del espionaje a Podemos: «No podíamos cometer el más mínimo error en las cuentas y eso me quitaba el sueño»

«Sabíamos que no podíamos cometer el más mínimo error en las cuentas porque todo se podría malinterpretar. Eso me quitaba el sueño y llegué a estar al borde de ataques de ansiedad». De esta forma recuerda el economista asturiano Segundo González los años que estuvo como diputado y responsable de Finanzas y Transparencia de Podemos. Un tiempo, entre 2015 y 2016, en el que la Policía Nacional espió supuestamente de forma ilegal a varios diputados de la formación morada bajo el gobierno que por entonces estaba en manos del PP de Mariano Rajoy. Hechos que ya investigan desde la Audiencia Nacional.

En aquellos años, la llamada «policía patriótica» habría espiado a la cúpula de Podemos de forma tan reiterada que se alcanzaron más de 6.900 búsquedas en las bases de datos de un Ministerio del Interior que estaba a cargo del popular Jorge Fernández. Según la información publicada por el periódico El País, el objetivo de esas búsquedas era conseguir información sobre los dirigentes de la formación para filtrarla a los medios afines al gobierno y desgastar a Podemos. En cierto modo, lo más peculiar de este espionaje pasa porque el asturiano y por entonces responsable de las cuentas del partido acapara más rastreos que Pablo Iglesias, con 927 (podrían ser menos, aunque sin cuantificar) y 121 búsquedas respectivamente.  Buscaban pasados dudosos. «Igual que ellos tenían el departamento de finanzas donde hacían las maniobras corruptas pensarían que por mis manos pasaría algo parecido», se defiende González, quien actualmente, ya fuera de la política, ocupa un cargo económico más técnico en el Ministerio de Trabajo.

Recuerda González que en aquellos años, hace ya casi una década, «todo era una campaña de acoso y derribo». Es por ese motivo que ahora reconoce que «aunque sea llamativo no es algo que nos haya sorprendido demasiado». «Es infame que esto ocurra en un estado democrático. Tiene que caer hasta el último responsable, no podemos dejar de darle importancia a estos hechos», clama el exresponsable de las finanzas de Podemos, quien lamenta que «cuando llegas a la primera línea de la política sabes a lo que te expones, pero esto ya está llegando a unos límites que desincentiva a cualquier persona».

Un espionaje sin «el éxito que esperaban»

Las más de 6.900 búsquedas supuestamente ilegales a un total de 69 diputados de la formación morada «no tuvieron el éxito que esperaban». «Esto es una prueba más de que hicimos una gestión impoluta», realza González, quien en aquellos años vivía el día a día con todas la miradas encima de su trabajo: «No podía cometer ningún error técnico porque sabíamos que se relacionaría con una trama de corrupción. Las cuentas se revisaban mucho y trabajábamos con mucho cuidado porque queríamos demostrar que las coas se podían hacer de otra forma a como se venían haciendo en el pasado por otros partidos políticos».

Cabe destacar que después del asturiano, la diputada que más rastreos sufrió fue Lucía Martín, una de las impulsoras de la plataforma Afectados por la Hipoteca, con 800 búsquedas. Juan Antonio López Uralde, exdirector de Greenpeace España, fue rastreado en 693 ocasiones y la actual secretaria de Estado de Derechos Sociales, María Rosa Martínez Rodríguez, más de 700. Todos ellos tienen muchas más búsquedas incluso que Pablo Iglesias, cuyos datos fueron consultados en 121 ocasiones. Además, Yolanda Díaz, Ione Belarra e Irene Montero figuran en las búsquedas. «Estas prácticas son propias de un régimen dictatorial. El hecho de utilizar recursos públicos para investigar a adversarios políticos no puede quedar impune, por la democracia de nuestro país. Espero que por esto no pague cualquiera, sino que paguen los máximos responsables», remata el economista Segundo González.