Los empresarios reclaman una financiación justa y se posicionan contra un trato privilegiado a Cataluña

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, ha cuestionado que el Gobierno central esté planteando por intereses políticos favorecer desde el punto de vista fiscal y financiero a Cataluña, «enterrando el principio de igualdad», algo que, en su opinión, los asturianos no pueden ni deben permitir.

Al dirigirse a la Asamblea General de la FADE, en presencia del jefe del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón, y del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado que Asturias necesita «un sistema de financiación justo, que atienda a las peculiaridades» de la comunidad y que no permita aparentes ganancias porque si Asturias obtiene dos mientras otros consiguen siete o diez, «no es ganar, es perder». Sobre este asunto, el presidente de la CEOE se ha limitado a recordar que la Constitución «dice que todos los españoles somos iguales ante la ley, vivamos donde vivamos. Ahí lo dejo», y que hay que transitar por el espacio que marca la Constitución con una Monarquía y separación de poderes.

Menos burocracia, más lealtad institucional

En cualquier caso, y tras felicitar a Felipe VI por sus diez años de reinado, ha asegurado que «merece la pena trabajar por el país y con los gobiernos que legítimamente elige el pueblo español» y ha incidido en que siempre podrán contar con la organización que preside, pero teniendo en cuenta que ésta actúa siempre «con independencia, sentido de Estado y lealtad institucional». «Somos agentes sociales y tenemos la responsabilidad de decir lo que pensamos, sin asumir los planteamientos de nadie (...) Puede gustar lo que decimos o no, pero lo hacemos de buena fe y con lealtad institucional», ha precisado antes de asegurar que, frente a la radicalidad, la patronal tiene en la moderación una de sus armas de trabajo.

Al igual que Calvo, ha destacado la necesidad de reducir la burocracia, de adecuar la oferta a la demanda de trabajo de implementar de verdad la formación dual y de seguir invirtiendo en innovación para pasar del 1,3 al 3 por ciento del PIB o para que el peso de la industrial alcance el 20 por ciento.

Tras su intervención, el presidente del Principado ha reivindicado también la Constitución de 1978, aunque ha advertido de que «no son las tablas de la ley y que ella misma estable su propia posibilidad de reforma» y ha puesto en valor la necesidad de actuar con lealtad institucional, aunque dejando claro que «eso no significa que el gobierno vaya a renunciar a un programa reformista y progresista» porque, en su opinión, lo que garantiza la estabilidad es un estado de bienestar fuerte.

Más productividad sin menos salarios y más industria

Con Calvo y Garamendi ha coincidido también en la necesidad de avanzar en la productividad y la innovación, pero ha aclarado que una mayor competitividad «no se puede conseguir con salarios bajos, sino con tecnología y una política industrial valiente» como la que está adoptando Estados Unidos y que, para el presidente asturiano, debe adoptar la Unión Europea, dejando a un lado sus prejuicios.

Barbón ha defendido también su política fiscal, los cambios que se están introduciendo para reducir la burocracia y para atraer inversiones, y la buena marcha de la economía asturiana, con menos paro, récord de exportaciones y de inversión exterior, aumento de empresas y de empleo tecnológico o cifras históricas de turismo, entre otros indicadores. Previamente la presidenta de la patronal asturiana había defendido una «Asturias industrial» y la necesidad de luchar en todos los ámbitos para que haya una «transición verdaderamente justa» y que llegue también a las pymes, el 98% del tejido productivo asturiano.

Calvo, que ha asegurado que la FADE está trabajando desde hace años para conseguirlo, pero que es necesaria también «la máxima implicación del Gobierno regional», ha plantado también seguir desarrollando el sector turístico «que debe ser de valor y no masivo» y apoyando al comercio, la logística, la construcción y el transporte. Calvo ha incidido en que es necesario que nazcan empresas, que vengan de fuera y que las que ya están crezcan en competitividad, algo en lo que también influye el marco regulatorio, las infraestructuras, la calidad de la educación o la eficacia del mercado laboral.

Quejas y colaboración

La principal queja de los empresarios sigue siendo la falta de personal formado, según Calvo, que ha mostrado también su preocupación por el clima institucional, el marco regulatorio y la burocracia, «una de las principales barreras para mejorar la competitividad de las empresas». «Y hemos subido los salarios, pero no podemos soportar cada vez más cargas sin que perdamos competitividad», ha alertado la presidenta de FADE, que ante Barbón ha reclamado una mayor digitalización de la administración y su «profunda reforma» para ganar en eficacia y reducir el gasto corriente.

Calvo ha planteado además que Asturias pueda competir en igualdad de condiciones fiscales que otros territorios y ha augurado un aumento de la actividad y de la recaudación con una merma de la presión impositiva actual. En cualquier caso, ha tendido la mano al Gobierno para seguir colaborando, desde su independencia, para conseguir un entorno mejor que permita a Asturias progresar y ser una comunidad cada vez más atractiva para invertir y trabajar, informa Efe.

Garamendi lamenta el «monólogo» social en torno a la reducción de la jornada laboral

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha lamentado el «monólogo» social emprendido por el Gobierno para abordar la reducción de la jornada laboral.

«Que no lo llamen diálogo social, es monólogo», ha expresado Garamendi en respuesta a las preguntas de los periodistas en Gijón, donde ha asistido a la asamblea de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). Para el dirigente empresarial, «es como si te invitan a jugar un partido, dicen que lo vas a pasar muy bien, que vas a perder 5-0 y, por si acaso, el árbitro es del equipo contrario».

Garamendi ha insistido en que en ningún caso discute la legitimidad del Gobierno o la del parlamento a la hora de legislar, pero ha subrayado que sí tiene la libertad de pronunciarse en nombre de las empresas españolas y «decir que no». A este respecto, ha insistido en que considera que la medida no va «en la dirección adecuada», como también ha dicho el Fondo Monetario Internacional.