La federación de concejos pide que Les Escuelines «no les sigan costando dinero»

La presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Cecilia Pérez, ha pedido este viernes «buscar una fórmula» para que a las corporaciones locales las escuelas de 0 a 3, Les Escuelines, «no les sigan costando dinero».

Pérez ha hecho estas declaraciones durante una comparecencia informativa en la Comisión de Educación de la Junta General sobre el proyecto de ley regional por la que se establece la red autonómica de escuelas infantiles, se regula su extensión y la integración en la misma de los centros municipales.

La presidenta de la FACC se ha referido así a uno de los elementos que «mayores reparos» ha creado en los Ayuntamientos respecto al proyecto de ley, que es la figura de la «compensación», con la que los consistorios que pagaban al alza a las trabajadoras aportarán fondos al Principado para asumir ese incremento.

Pérez ha considerado necesario establecer mecanismos de diálogo para estudiar la manera en la que determinadas entidades locales tendrán que compensar al Gobierno regional por la diferencia entre la subvención acordada «y las obligaciones adquiridas en el ámbito local».

En este sentido, ha insistido en que no sería justo que, una vez cumplido «el meritorio esfuerzo» realizado por los municipios a lo largo de estos años de gestión de las escuelas infantiles, se sigan «viendo gravados».

No obstante, Pérez ha recordado que, hasta hoy, 62 ayuntamientos han confirmado su voluntad de sumarse a esta red, una cifra que, si bien «aún no es definitiva», sí muestra la «aceptación unánime» del proyecto.

En este sentido, ha afirmado que el hecho de que el Gobierno regional asuma la titularidad de estos centros es una «reivindicación de años» del municipalismo, ya que se trataba de «una competencia impropia» de los Ayuntamientos.

Pese a todo, ha reconocido que esa transferencia de centros para su gestión autonómica tiene «aristas» de «muy difícil encaje normativo», al tiempo que ha demandado «que la subrogación de las plantillas» sea plena y respete derechos salariales y sociales.

Por su parte, la representante del sindicato ANPE, Jessica González, ha celebrado el proyecto de ley como una «puerta abierta al derecho de educación» y a la hora de «compensar desigualdades» sociales, culturales y económicas.

No obstante, ha considerado «crucial» abrir una mesa de diálogo para garantizar que la red autonómica cuente con financiación suficiente, incluya a las profesionales «en el grupo B», asegure la integración de las profesionales, refleje claramente el carácter educativo y determine unas ratios bajas, así como la pareja educativa, informó EFE.