Antonio Rodríguez, director de Salud Mental del Sespa: «Existe un malestar social generalizado; hay que educar en valores, resiliencia y respeto»

Antonio Rodríguez Cuenca es desde el pasado diciembre el director de Salud Mental del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa). Es el responsable de coordinar una dirección que no existía hasta la fecha y que tiene por objetivo dotar de más peso a la salud mental dentro del organigrama sanitario asturiano. Sus competencias y las de su equipo, formado por ocho profesionales contándole a él, van desde el nivel asistencial hasta el servicio de continuidad. Un psiquiatra, un psicólogo clínico, un trabajador social, un enfermero especialista en campo, un matemático analista de datos y dos administrativos forman esta nueva estructura dependiente del Sespa. 

—Lleva apenas seis meses en el cargo. ¿Cuáles han sido sus primeras sensaciones?

—Todo el equipo estamos muy ilusionados y responsabilizados. Existe una gran preocupación por parte del Gobierno en materia de salud mental. En la Consejería de Salud ya existe una dirección general de Salud Pública y Atención a la Salud Mental y ahora a nivel del Sespa se ha creado esta nueva dirección, que tiene dos servicios: uno de asistencia sanitaria, que es el que lleva el psiquiatra; y un servicio de continuidad de la atención. Además, también se ha adscrito la unidad docente multidisciplinar. Nos sentimos perfectamente integrados con el resto de direcciones.

—¿Cómo valora el sistema de salud mental asturiano en comparación con el de otras comunidades autonónomas?

—Asturias tiene un sistema de salud mental potente, tanto en recursos como en profesionales. Hace muchos años fue pionera en la reforma psiquiátrica. Ahora lo que corresponde es revisar y darle un nuevo empuje. No obstante, creo que estamos muy bien dotados.

—¿Cuáles son las fortalezas del sistema actual?

—Tenemos muy buenos profesionales con una dilatada experiencia, aunque sí es verdad que existe alguna carencia de algunas especialidades. Estamos convencidos de que a final de legislatura esto se podrá revertir. De hecho, los presupuestos de este año contemplan la creación de 36 plazas nuevas para salud mental. El panorama es esperanzador. Además, la nueva revisión del mapa sanitario va a suponer una fortaleza, ya que todos los recursos en las diferentes áreas van a continuar e incluso se van a reforzar.

—¿Y las debilidades?

—La falta de personal, que es un problema generalizado en todo el país. Lo que sí estamos haciendo es revisar los programas para ver el papel que tiene que desempeñar cada categoría. También trabajamos en potenciar otras nuevas figuras y estamos estudiando la posibilidad de incorporar nuevos perfiles como educadores o integradores sociales. No podemos quedarnos parados ante esta situación. El esfuerzo existe y hay una previsión de crecimiento. También tenemos que fidelizar a los residentes que salgan.

—La percepción social de la salud mental ha cambiado mucho en los últimos años. Podemos decir que ya no es un tabú como sí lo era hace tiempo y que poco a poco es un concepto que va calando en la sociedad. ¿De qué formas se puede seguir avanzando en esta concienciación?

—La salud mental es fruto de nuestras condiciones de vida, tanto individuales como colectivas. Tenemos que diferenciar el malestar emocional, como los trastornos leves, del de las personas que tienen un trastorno mental grave. No podemos medicalizar la vida ordinaria. Hay cuestiones como la pérdida de un ser querido o la pérdida temporal de empleo que no pueden acabar siendo problemas graves de salud mental. Eso tiene que abordarse desde la prescripción social que se denomina ahora. A problemas sociales, soluciones sociales. Hay que intentar trabajar de tal manera que a las consultas de salud mental no lleguen problemas leves que deberían solucionarse desde el punto de vista del asociacionismo o las relaciones humanas. 

—Una de las problemáticas regionales pasa por la saturación de las unidades psiquiátricas. Es decir, no hay camas en los hospitales para tanto pacientes. ¿Qué soluciones hay?

—No todo pasa por ampliar las camas. Hay que intentar evitar que las situaciones lleguen hasta ese punto. Como decía antes, las cuestiones sociales hay que solventarlas a otro tipo de nivel. No obstante, de aquí a septiembre está previsto que la unidad de hospitalización de adultos del HUCA pase de 24 a 30 camas. En infantojuvenil el año pasado crecieron de 5 a 8 camas y para septiembre de este año, a más tardar, se pasará de 8 a 10. Sin embargo, la solución no pasa por ahí. Estamos hablando de situaciones más extremas. Hay que tener en cuenta que una vida saludable a todos los niveles supone una mejor salud mental de las personas.

—El presupuesto de este año para Salud Mental es de 88,8 millones de euros, un 6,23% más que en los pasados. Parte de ese dinero irá destinado a la contratación de personal especializado, tal y como recoge el Plan de Salud Mental 2023/2030. Además, esta semana la ministra de Sanidad, Mónica García, anunció que al Principado le corresponden 935.000 euros de los 38,5 millones destinados a nivel nacional para actuaciones de salud mental. ¿Todo esto es suficiente para cubrir las necesidades actuales?

—Para este año ya hay previsión de incorporar 36 plazas entre psiquiatras, psicólogos clínicos, personal de enfermería y terapeutas ocupacioneales. No obstante, todos los recursos siempre son bienvenidos en salud mental. La cuestión es saber orientarlos y coordinar adecuadamente los ya existenten: desde el bienestar social hasta el empleo o la vivienda. En vivienda, por ejemplo, tenemos un programa específico de apoyo a la vida autónoma donde hay aproximadamente 30 viviendas y 80 personas en colaboración con diferentes ayuntamientos, de cara a facilitar que estas personas tengan capacidad para desarrollar su vida de forma autónoma. Ahora está prevista la ampliación de cuatro viviendas más: una en Luarca, otra en Gijón y dos en Arriondas. Queremos estar en todo el mapa sanitario.

—Los últimos datos del servicio de salud muestran que solo durante el mes de marzo hubo 19.835 consultas en Asturias relacionadas con la salud mental. Es la especialidad en la que más hubo, con una media de 640 consultas diarias. ¿Son datos alarmantes?

—Hay un crecimiento importante del número de consultas. A cierre de ejercicios, de 2022 a 2023 hubo un aumento del 7% en el número de consultas anuales y lo mismo ocurre en lo que va de 2024. El número de pacientes también aumentó un 5%. Ahora bien, lo que esto demuestra es que somos capaces de dar mayor resolución a la demanda por parte de los profesionales. Ahora mismo estamos en un proceso de revisión de programas porque queremos centrar la importancia en aquellos procesos de mayor preocupación, como son las personas con sufrimiento psicosocial extremo.

—¿Cuáles son los motivos de esta tendencia al alza de los últimos años?

—Creo que existe un malestar emocional generalizado. Hay menos miedo a exteriorizar ese malestar y, en esa búsqueda de soluciones, se va más hacia los profesionales. Ese malestar tenemos que aprender a canalizarlo desde pequeños. Tenemos que educar en valores, resiliencia y respeto hacia los demás. Son cuestiones que debemos manejar desde pequeños. Es un problema de estar ante la vida, tanto de forma individual como colectiva. Habría que hacer una reflexión.

—Uno de los mayores incrementos se está dando a nivel infantojuvenil. Cada vez hay más jóvenes con trastornos de salud mental. Hablamos de edades en las que no se cuenta con las mismas herramientas que en la edad adulta para afrontar los problemas. ¿Qué soluciones hay para ellos?

—Hemos creado un grupo de trabajo de profesionales internos de diferentes categorías para analizar y abordar esta situación. Estamos trabajando de la mano con la Consejería de Bienestar Social a través de un grupo de trabajo, tanto en el plan de coordinación sociosanitaria como en un nuevo programa para ayudar a aquellas familias que tienen dificultades en su entorno. También estamos trabajando con la Consejería de Educación para detectar de forma temprana estos casos. No obstante, insisto en que hay mucho que trabajar en cuanto al respeto, valores y resiliencia. Es fundamental. Todos hemos sido jóvenes y hemos tenido esas dificultades de la edad. También es verdad que el escenario ahora es diferente por los medios tecnológicos que hay. Hay que buscar una vida más participativa, más en comunidad, a través del deporte y los hábitos saludables. Todo ello hay que promocionarlo.

—Habla de un trabajo en conjunto con la Consejería de Educación. ¿De qué forma están abordando la revisión del protocolo de acoso escolar?

—Hay una comisión escolar donde se busca dar solución a todos estos casos desde el momento en el que se conocen. Efectivamente hay un protocolo que se pone en marcha en los colegios cuando se producen situaciones de acoso. A partir de ahí todos los pasos a seguir están instrumentalizados y protocolizados.

—¿Y en qué puntos se pueden mejorar esos protocolos?

—Estamos analizándolo. Es una herramienta que existe, pero parece que no es suficiente. Sabemos cómo actuar, pero no nos satisface. Estamos todavía en una fase de análisis y queremos ir de la mano con las asociaciones. Remamos todos en la misma dirección.

—Le pregunto ahora por el caso del parricidio de Ribera de Arriba. Pablo Muñiz sufrió un primer brote a sus 46 años y hasta entonces no figuraba en ningún registro de salud mental. Esa semana, el jefe de Psiquiatría del HUCA, Julio Bobes, llegó a poner en duda el funcionamiento del sistema. ¿Qué opina usted?

—De casos concretos hacemos un análisis interno y no manifestaciones públicas. Lo que sí puedo decir es que este tipo de casos hay que abordarlos con mucho cuidado. El discurso del miedo genera rechazo; y el rechazo genera odio, estigmas y sufrimiento para todos. Creo que es un sufrimiento injusto tanto para el entorno familiar como para el resto de la comunidad. En ese sentido valoro muy positivamente la petición de comprensión que hizo la familia. Sobre el sistema, creo que este tipo de situaciones son casos muy puntuales, tanto en Asturias como en el resto de España. La inmensa mayoría de las personas con una discapacidad psicosocial viven con absoluta normalidad, como el resto de la población. Esto no debe generar ningún tipo de alarma, miedo o rechazo. Uno de los pilares del Plan de Salud Mental es el enfoque de los derechos. Estamos revisando todos los programas porque queremos darles un enfoque de respeto a los derechos de las personas usuarias de nuestros recursos.

—Entre sus competencias se encuentra el servicio de continuidad de salud mental. ¿En qué consiste y de qué forma está funcionando?

—Es un instrumento básico. La concienciación de la salud mental no pasa solamente por lo estrictamente asistencial sanitario, sino que va más allá. El programa va dirigido hacia qué ocurre por ejemplo con la vivienda o el trabajo de estas personas. Hay que procurar facilitarles los recursos para la normalización de su vida. Estamos trabajando con la Dirección General de Empleo y el Sepepa porque queremos hacer actividades de capacitación profesional. En muchas ocasiones serviría con una pequeña adaptación en el puesto de trabajo, por ejemplo.

—Por último, le pregunto por los ingresos involuntarios. ¿De qué forma pueden afectar al paciente? ¿Cabe la posibilidad de abrir camino hacia la voluntariedad?

—Nuestro objetivo es reducir al máximo los internamientos involuntarios. Tiene que ser algo extremo, cuando la propia persona no sea consciente de que tiene que ser atendido y apoyado. Si vemos que tiene algún tipo de riesgo para él o terceras personas es cuando se determina el internamiento involuntario, que debe tener todas las garantías. No podemos olvidar que estamos privando a una persona de sus derechos. Antes de llegar a ese punto habría que llegar al convencimiento a través de la relación entre el médico y el paciente. Intentar convencer a la persona de que necesita ser atendida.