El PP de Asturias defiende que Aznar prorrogó el peaje del Huerna creyendo que era legal

El diputado autonómico del PP Andrés Ruiz ha asegurado este miércoles que cuando el Gobierno que presidía José María Aznar decidió en el año 2000 prorrogar durante 29 años el peaje de la autopista del Huerna (AP-66) y envió la documentación requerida por parte de la Comisión Europea, consideró que dicha medida «estaba dentro la legalidad».

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa después de que la Comisión Europea haya abierto un procedimiento de infracción a España al considerar que la decisión de prorrogarlo hasta 2050 vulneró la normativa comunitaria, Ruiz ha incidido en que, con esta decisión, el Gobierno central tiene ahora una «oportunidad de oro» que le ha emplazado a aprovechar para eliminar dicho peaje.

En relación a este asunto, la diputada de IU-CA Delia Campomanes es una buena noticia que da la razón a quienes criticaron en su momento la decisión del Gobierno del PP y ha considerado que ya no hay excusas para suprimir «un peaje injusto, no justificado y que, ahora, además, se demuestra que es ilegal».

Por su parte, la parlamentaria del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha recordado que la respuesta de la Comisión Europea obedece a la denuncia presentada por el ex secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, y ha emplazado al Gobierno a no iniciar una pugna «con la presentación de recursos sin justificación» contra el planteamiento de la Comisión y a suprimir ya el peaje del Huerna.

A este asunto se ha referido también el secretario general de UGT-Asturias, Javier Fernández Lanero, que ha advertido de que no cabe duda de que el peaje lastra la competitividad y que hay que conseguir quitarlo cuanto antes, y de forma transitoria, reducirlo al máximo posible.

Su homólogo de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha mostrado su satisfacción por esta decisión ante lo que es «un agravio comparativo de Asturias respecto a otras comunidades autónomas» que espera se acabe «lo antes posible y se pueda circular libremente».

A juicio de la Comisión Europea, las prórrogas a los peajes de las autopistas AP-66 y AP-9 como la privatización de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) no fueron precedidas de la publicación de un anuncio de licitación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y de un procedimiento de contratación público de modo que vulneraron «los principios generales de igualdad de trato y transparencia que rigen las normas de contratación pública»; informó EFE.