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El Montepío no recurrirá el sobreseimiento del caso Hulla para Fernández Villa

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El ex secretario general del sindicato minero SOMA-FITAG-UGT, José Ángel Fernández Villa, a su llegada a dependencias forense de los Juzgados de Oviedo

Aseguran que respetan el desarrolo del proceso y la decisión de la magistrada, de modo que no cuestionará la valoración sobre el estado de salud del exlíder sindical

05 Apr 2024. Actualizado a las 13:10 h.

El Montepío de la Minería, que ejerce la acusación particular en el Caso Hulla, ha expresado este viernes su respeto a la decisión de la magistrada de sobreseer provisionalmente la causa para el exlíder sindical José Ángel Fernández Villa por el deterioro de su salud mental, y por tanto no presentará recurso contra la resolución judicial.

En un comunicado, el Montepío ha incidido en que «respeta el desarrollo del proceso y la decisión» de la magistrada, de modo que «no cuestionará la valoración» sobre el estado de salud de Fernández Villa, «acatando» el auto conocido ayer.

El auto de sobreseimiento provisional de la causa para Fernández Villa fue dictado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo el pasado martes, 2 de abril, y establecía un plazo de cinco días para la presentación de un recurso, algo que aún podría hacer la Fiscalía.

El Montepío, «en su calidad de perjudicado», ha expresado su deseo de que se aclaren cuanto antes las responsabilidades en el Caso Hulla, en el que se investigan las presuntas irregularidades cometidas en las obras de la residencia del Montepío de la Minería en Felechosa, en el concejo de Aller.

La investigación afecta a una veintena de personas entre las que se encuentra, además de Fernández Villa, el expresidente del Montepío, José Antonio Postigo.

El Montepío ha remarcado que «continuará ejercitando las acciones oportunas» para defender sus intereses y «resarcirse de los daños y perjuicios que se le han causado».

La Fiscalía Anticorrupción abrió la investigación en 2017 a raíz de que Fernández Villa y Postigo se acogieran a la amnistía fiscal del año 2012 para regularizar 1,2 millones y 436.000 euros, respectivamente, dinero que se sospecha que pudieron derivar de la obra del geriátrico, financiado con cargo a los fondos mineros después de que modificase el decreto que regulaba su concesión, informa Efe.


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