El PP alerta del «descontrol» que existe en las contrataciones de la administración

El PP ha denunciado el «descontrol» que existe en las contrataciones de la administración autonómica y sus empresas, entes y fundaciones tras publicarse el último informe de la Sindicatura de Cuentas, que supone «todo un varapalo» para el Gobierno regional.

En rueda de prensa, el diputado popular José Agustín Cuervas-Mons ha advertido de que el «88% de la muestra analizada por la Sindicatura sobre contratos no menores, con un valor de 512 millones, contiene incidencias, alguna tan grave que incluso podría dar lugar a la nulidad del contrato».

Según ha denunciado, otros expedientes se encuentran «incompletos, tanto en la documentación como en las justificaciones de la contratación exigidas por la ley de Contratos, o contienen clausulas contrarias a derecho». También ha alertado de que «se utiliza el precio como único criterio de adjudicación, cuando legalmente no es posible o falta tanto la fiscalización previa como el informe de los servicios jurídicos».

En cuanto a los contratos menores, el parlamentario popular ha indicado que «ni uno sólo» de todos los analizados por la Sindicatura de Cuentas «está enteramente correcto». En este sentido, ha explicado que se recurre a ellos como forma de cobertura de necesidades periódicas o recurrentes y hay «falta de publicación de los contratos, a lo que obliga la ley». El parlamentario del PP recalca que «el Gobierno de Barbón pasa olímpicamente de la Sindicatura de Cuentas y sus recomendaciones, cuando la contratación de la Administración debería ejecutarse con celeridad y absoluto respeto a la ley».

Por su parte, la diputada Pilar Fernández Pardo, se ha referido al contrato de la Consejería de Salud relativo a las obras de ampliación y reforma del hospital de Cabueñes, en el que se produjo un incremento «de más del 90%» en el presupuesto base de licitación. Según ha asegurado, «los criterios de adjudicación sometidos a juicios de valor, y por tanto menos objetivos y aconsejables, suponen el 71% de la valoración» y fueron informados «desfavorablemente por los servicios jurídicos».

La diputada ha añadido que tampoco se recoge referencia alguna a la forma con la que el Principado verificará el cumplimiento, ni que haya un sistema de «control eficaz» que permita comprobar si la obra se ejecuta conforme a lo previsto. Una situación, ha afirmado, que ha provocado «la insuficiencia de medios en la obra, demoras en la ejecución y deficiencias en la construcción», sin que se ha producido «sanción ni penalización alguna», informa Efe.

Respuesta del Principado

El consejero de Hacienda y Fondos Europeos del Gobierno asturiano, el socialista Guillermo Peláez, ha negado este jueves que el último informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la contratación pública en 2022 suponga varapalo alguno para el Ejecutivo, tal y como había afirmado el PP.

A preguntas de los periodistas tras participar en una reunión en Oviedo, Peláez ha comentado que no duda de que los diputados del PP que se han pronunciado en esos términos hayan leído el informe. «A lo mejor es que no lo han entendido bien», ha comentado.

Según el dirigente asturiano el trabajo del órgano fiscalizador asturiano recoge una serie de cuestiones que serán analizadas en la Consejería, pero ha insistido en que no supone varapalo alguno. «Al contrario, nuestra conversación con la Sindicatura es absolutamente fluida», ha comentado, recordando además las alegaciones planteadas. En todo caso, Peláez ha comentado que el Principado aceptan las críticas «con vocación de mejora».