El PP tratará de suprimir el impuesto de sucesiones en Asturias desde el Senado

En una estrategia cuanto menos inusual en el uso de las cámaras; y también de, al menos, poco ortodoxa constitucionalidad, el Partido Popular quiere suprimir desde el Senado el impuesto de Sucesiones de Asturias (y las otras comunidades donde no se aplican bonificaciones del 99%). Sin embargo, aunque este proceso tiene asegurado muchas semanas de titulares en los periódicos y de minutos en la televisión, la meta final tiene un encaje muy complejo. Aunque es posible iniciar el trámite de una ley desde el Senado, si la norma afecta a los ingresos del Estado el Gobierno puede vetarla y esa es precisamente la interpretación del Ejecutivo socialista, en el Estado y en el Principado. Para Asturias supondría la pérdida de unos 100 millones de euros.

Lo habitual es que una ley inicie sus trámites en el Congreso de los Diputados, pero es posible hacerlo desde el Senado (también puede hacerse desde una iniciativa popular con 500.000 firmas). Dado que el PP cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta sus planes pasan por hacer del Senado un ariete de oposición. En medios nacionales han llegado a insinuar que tras pasar la iniciativa contra el impuesto de Sucesiones al Congreso allí podrían refrendarla con el respaldo de Vox, del PNV e incluso de Junts para sumar una mayoría que superara a la de la investidura. 

Más allá de la política ficción de tan extravagante alianza, lo cierto es que el Gobierno puede poner límites e incluso paralizar una legislación si afecta a los ingresos del Estado y esta reducción de la recaudación lo haría. Aunque sucesiones es un impuesto estatal está cedido a las comunidades autónomas y por eso hay gran variedad en la tributación entre territorios. Pero sigue siendo un impuesto estatal y de hecho la Hacienda nacional lo recauda en determinados casos como si el fallecido que concede la herencia no es residente en España. Este fue de hecho el caso de un episodio muy mediático en Asturias, el de Clavelina, que encabezó manifestaciones contra el modelo asturiano del impuesto a las herencias pero que en realidad lo había abonado al Estado por recibir un legado desde América.

En declaraciones realizadas al diario La Vanguardia, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, consideró la iniciativa del PP «inconstitucionalidad absolutamente flagrante». El plan de los populares pasa por suprimir el impuesto en las comunidades y que sea el Estado el que les compense esa pérdida de recaudación. El Consejo de Ministros ha hecho un requerimiento a la Mesa del Senado para que revoque la decisión y, según recalcó Bolaños, y ha advertido de que si la mesa del Senado hace caso omiso del requerimiento, el Gobierno podría iniciar la vía del recurso ante el Tribunal Constitucional para que se paralice esta tramitación parlamentaria si no se les hace caso desde la cámara alta.

Las comunidades aplican distintos modelos de tributación para las herencias. En Madrid y en varios nuevos gobiernos de PP y Vox, formalizados en mayo, como en Baleares o la Comunidad Valenciana, se aplica a los herederos directos una bonificación del 99%. Otras comunidades aplican exenciones, en Galicia o Andalucía, por ejemplo, sólo pagan las herencias a partir de un millón de euros. Este es el sistema de Asturias pero siempre se encuentra el punto de mira de los conservadores porque su exención llega hasta los 300.000 euros. Desde ese dinero es cuando se paga.

Sucesiones supone para las arcas asturianas alrededor de 100 millones de euros al año, y en realidad lo abona una cantidad muy pequeña de la población, apenas 200 personas al año en el Principado. La herencia media en Asturias ronda los 50.000 euros de forma que la amplísima mayoría no tiene que pagar el impuesto. De hecho, las herencias que superan el millón de euros apenas llegan a una decena, no se sabe el número concreto porque es tan pequeño que Hacienda lo considera secreto estadístico porque es muy sencillo revelar la identidad de quien pague esos legados.

Hay muchísimos mitos y desinformación que rodean a sucesiones, es un impuesto con muy mala fama porque, para empezar, se paga en un momento muy complejo normalmente marcado por el dolor, por la pérdida de un familiar, además en el caso de tener que abonarlo se paga por recibir bienes con los que usualmente se está familiarizado. Pero esa es la cuestión, se paga por recibir unos bienes, por un incremento del patrimonio, y paga el impuesto quien aumenta su patrimonio. Obviamente no pagan el impuesto los muertos y no tampoco los bienes «ya han pagado» o «ya han tributado», los bienes son objetos inanimados, los impuestos los pagan las personas.

Hay un confusión interesada además, por parte de los colectivos opuestos al impuesto, entre sucesiones y el impuesto de plusvalías, que es de ámbito municipal y que cobra el ayuntamiento por la venta de un inmueble (que a veces se hereda). Lo polémico es el cálculo que hacen los ayuntamientos del valor de ese inmueble, tomando como referencia el Catastro y que ha llevado a que la tasa haya sido llevada a los tribunales y obligado a ser reformada. 

En realidad, la OCDE considera a sucesiones un impuesto progresivo y una herramienta valiosa para luchar contra la desigualdad y sus recomendaciones se acercan más al modelo asturiano que al de ninguna otra comunidad. Si ahora lo pagan unas 200 personas al año, personas con patrimonios elevados, y al suprimirlo tiene que ser compensado desde el Estado, en la práctica lo que se hará es que entre todas las rentas, también las más bajas, se tenga que cubrir esa diferencia para que los patrimonios más elevados lo sigan siendo.