Melania Álvarez plantea «un gran pacto» para blindar la atención a personas mayores

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha planteado en la sede parlamentaria «un gran pacto» para blindar la atención a personas mayores en la comunidad, apelando al consenso político, social e institucional para garantizar la adecuada respuesta a las nuevas expectativas de envejecimiento de la población.

Durante la presentación de su programa de gobierno en la Junta General, Álvarez ha incidido en que dicho acuerdo debería reflejarse en el proceso de concertación y trascender la legislatura.Para la consejera, es necesario anticipar y garantizar la adecuada respuesta a las nuevas expectativas que supone el envejecimiento de la población, «teniendo en cuenta que el 80% quiere hacerse mayor en sus casas».

Álvarez, además, ha vinculado la necesidad del pacto al desafío demográfico. Así, ha apuntado que las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) estiman que Asturias tendrá 305.000 personas mayores de 65 años en 2030, un 10% más que ahora. Estas previsiones se traducirán en un incremento relevante de la presión sobre el sistema de dependencia, de modo que la consejería estima que unas 44.500 personas tengan reconocido el derecho a percibir ayudas a finales de esta década, el 15% de los mayores.

«Teniendo en cuenta que la inversión media actual por persona atendida ronda los 9.000 euros al año, nos habremos situado para entonces en un presupuesto asociado al sistema para la autonomía de más de 400 millones, un 40% más que en la actualidad», ha remarcado. Además, la consejera ha avanzado que «ya está sobre la mesa» la transformación del modelo de gestión del organismo autónomo Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA), que se producirá a lo largo de 2024.

«El nuevo modelo implicará un cambio organizativo, principalmente en los servicios centrales, y conllevará una tramitación contable más ágil, lo que se traduce en poner la gestión al servicio de las personas», ha explicado.

En cuanto a la atención a las familias y a la infancia que, según la consejera también tiene una función clave para afrontar el reto demográfico, se prevé diseñar políticas de apoyo para reforzar un modelo de atención integral con prestaciones económicas, servicios de apoyo y acompañamiento en la crianza, y tiempo para la vida familiar.«Ha llegado el momento de que las políticas de atención a la infancia y a la adolescencia trasciendan más allá de la gestión del sistema de protección de menores», ha aseverado.

La consejera, asimismo, ha comentado que la hoja ruta de su departamento en materia de discapacidad tiene cuatro ejes fundamentales que darán forma a la agenda asturiana para la atención integral a estas personas en el período 2024-2030: atención infantil temprana, accesibilidad universal, empleabilidad, y vida autónoma y atención al envejecimiento.

Políticas de inclusión social y cooperación

Sobre las políticas de inclusión social, Álvarez se ha comprometido a trabajar en la nueva legislatura en consolidar el desarrollo normativo, la mejora cualitativa en la gestión del Sistema Asturiano de Garantía y las medidas puestas en marcha desde 2020 con la firma del convenio entre Derechos Sociales y el Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa). En este sentido, ha indicado que los diferentes programas pilotos desarrollados han tenido resultados «más que satisfactorios», puesto que han permitido a 2.635 unidades de convivencia, un 12% del total, dejar de percibir rentas mínimas al haber encontrado empleo.

Igualmente, la Consejería impulsará en esta legislatura el VI Plan Director de la Cooperación al Desarrollo y las cuatro estrategias sectoriales aprobadas este año con el consenso del sector. «Estos instrumentos nos permitirán reforzar las singularidades de la cooperación asturiana en materia de género, derechos humanos, pueblos indígenas y educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global», ha dicho.

Reducción de la burocracia y la legislación

Derechos Sociales pretende, asimismo, fortalecer la coordinación con otros sistemas, incorporar la transformación digital y la innovación social al diseño de políticas públicas e implantar nuevos sistemas de gestión con el objetivo de reducir la burocracia.La consejera, finalmente, ha señalado los cuatro proyectos normativos previstos para esta legislatura en su área de gestión: Ley de Servicios Sociales, Ley de Infancia y Adolescencia, Ley de Cooperación al Desarrollo y Ley del Tercer Sector, informa Europa Press.