Envejecimiento y alianzas: las claves para Asturias en la financiación autonómica

El debate sobre la financiación autonómica siempre parte de un punto de salida envenenado, primero porque se trata de decidir el reparto de los recursos entre territorios, y eso enfrenta los intereses de las comunidades, y a la vez porque buena parte de sus recursos procede de la recaudación fiscal de cada una de ellas pero los impuestos los pagan las personas, no los territorios. Si hay comunidades que «aportan» más de lo que «reciben» es ante todo, y por encima de todo, porque sus residentes tienen más o menos renta. El arranque de la nueva legislatura y las probables demandas que se vayan a poner sobre la mesa para la formación del gobierno central han puesto en alerta a los actores regionales que tienen distintas visiones del reparto de la tarta y también distintos instrumentos para poder fijar esos criterios. Asturias aparece como una receptora neta y desde hace ya al menos dos legislaturas trabaja en tejer una red de alianzas para defender que una futura reforma del modelo se tenga en cuenta el envejecimiento de la población.

Todavía no se ha constituido siquiera el Congreso de los Diputados pero las que se espera que sean duras negociaciones para la investidura han llevado de nuevo a la actualidad hipotéticas reformas del modelo de financiación o, incluso, de condonación de deuda para Cataluña. Al respecto ya el pasado jueves, el presidente asturiano, Adrián Barbón, insistió en que el Principado «defenderá por encima de banderías y de acuerdos» un sistema que sea justo con Asturias y que sea negociado de forma multilateral por todas las comunidades.

Este mismo lunes, el asturiano Ángel de la Fuente publicaba en FEDEA un informe titulado La liquidación de 2021 del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común con un balance de la situación de los distintos territorios (salvo las comunidades forales, País Vasco y Navarra, que tienen un régimen distinto). En ese estudio, según recogió Efe, Asturias aparece entre las comunidades que recibe más de lo que aporta, en concreto 673 millones de euros, siendo Madrid, Cataluña y Baleares las comunidades que más dinero aportan al sistema de financiación autonómica, y además con la capital en un puesto destacado, el triple que que Cataluña. 

Siempre según el informe de FEDEA, Madrid aporta 6.313 millones de euros al sistema; Cataluña, 2.168, y Baleares, 334, de manera que son las únicas aportadoras netas, algo que se explica por que presentan las mayores rentas per cápita de España.

Según el estudio de la fundación, que analiza la liquidación de 2021 del SFA, la financiación autonómica aporta a las comunidades de menor renta recursos extra, por encima de sus ingresos tributarios, por un importe de casi 20.000 millones de euros. Estos recursos provienen en parte del Estado, que contribuye con casi 11.000 millones de euros, y en parte de las comunidades Madrid, Cataluña y Baleares, que aportan en total casi 9.000 millones.

«Las aportaciones suponen en torno a un 8 % de los ingresos tributarios autonómicos en Baleares, un 9 % en Cataluña y un 24 % en Madrid», afirma el análisis. Por el contrario, las regiones que más se benefician del sistema de financiación son Canarias, donde los ingresos de este fondo suponen más de la mitad de sus ingresos totales, y Extremadura, donde superan el 40 % de los mismos.

De la Casa también incluye en este informe una comparativa en cuanto a la financiación por habitante ajustado en cada comunidad entre los años 2021 y 2022; y Asturias se cuenta entre las perdedoras, su variación es de -0,4%, pero lejos de otras comunidades más perjudicadas como Murcia (-1,5), Valencia (-1,0) y Castilla la Mancha (-1,0) mientras que Baleares se ha beneficiado, con un saldo positivo de 5,5, seguida de Extremadura (1,2) y Madrid (0,7). De forma paralela pero sin relación con el modelo de financiación, Madrid es por encima de otros territorios la gran beneficiada de la ejecución real de los presupuestos estatales. Las sedes de la práctica totalidad de los organismos de la administración central están en la capital y el Estado ejecuta casi en su totalidad (incluso a veces más) lo recogido en los presupuestos allí, pero no es el caso de la periferia, y en Asturias ha habido ejercicios en los que apenas se ha cumplido un tercio de lo comprometido.

La alianza del Noroeste

A grandes rasgos y aunque hay matices en cada territorio, España se divide en eje este-oeste en lo que atañe a las demandas para una reforma del modelo de financiación. Las comunidades más pobladas y juveniles defienden reparto de recursos por el peso puro del número de habitantes, las más envejecidas (como Asturias que además quiere hacer valer peculiaridades como la difícil orografía o la dispersión) defienden que se tengan en cuenta esas vicisitudes, no tiene el mismo coste atender las necesidades sanitarias de veinteañeros que de octogenarios.

La última reforma del sistema se hizo en 2009 y, sobre el papel debería actualizarse cada lustro, pero los avatares políticos (el encadenamiento de elecciones y el hecho de que las diferencias entre modelos dividan a los propios partidos según qué territorio gobiernen) la han dejado sin renovar. Todavía en 2021 el Ejecutivo de Pedro Sánchez lanzó una propuesta abierta para el debate (con la que Asturias aumentaba un 2,72% su ganancia) pero no llegó a discutirse ni aprobarse. La semana pasada, Barbón insistió en que hay que ponderar variables como el envejecimiento, la dispersión de la población o la orografía porque inciden en el coste de los servicios que las comunidades prestan a sus ciudadanos. «Mi compromiso es con Asturias y voy a defender que esa negociación sea multilateral, con todas las comunidades», al margen de que haya encuentros bilaterales entre comunidades.

Y no entre dos sino hasta con ocho se celebró la última cumbre del noroeste (extendida a más territorios) en la que se abordó esta estrategia de alianzas. En el año 2021 en Santiago de Compostela, Galicia (todavía con Alberto Núñez Feijoo como presidente) , Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León unificaron criterios para reclamar un nuevo modelo de financiación autonómica que tenga en cuenta en mayor medida criterios demográficos para responder con eficacia y equidad a las necesidades del conjunto de ciudadanos vivan donde vivan y que, además, que el nuevo sistema solo pueda ser fruto de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el cual se tengan en cuenta las posiciones de todas las administraciones afectadas.