El Constitucional da un severo toque a las comisiones del parlamento asturiano por vulnerar la presunción de inocencia

El presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño, ha señalado que el parlamento asturiano y el conjunto de sus diputados deben «tomar nota» de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que advierte de que las comisiones de investigación parlamentarias no pueden imputar delitos al compareciente porque vulneran su presunción de inocencia.

El TC atendió así la demanda de amparo presentada por una empleada de la empresa pública Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones (GITPA) al considerar que, tanto el proceso indagatorio como las conclusiones de la comisión de investigación constituida en la Cámara asturiana, vulneraron su derecho a la presunción de inocencia.

La mujer fue llamada a comparecer en dos ocasiones ante la comisión, constituida a iniciativa del PP para investigar unos hechos archivados más tarde por los tribunales, que centró buena parte de su investigación en hechos que podían ser constitutivos de delito, sin obtener, a pesar de haberlo solicitado en varias ocasiones, el amparo de la mesa de dicho órgano.

Las conclusiones imputaron a la mujer hechos que, descritos con detalle, revestían carácter delictivo, haciendo uso de una forma de actuar que constituye toda una declaración de culpabilidad, que el tribunal considera lesiva del derecho a la presunción de inocencia.

Según Cofiño, «el modo de cumplir» por parte del parlamento asturiano será la publicación de la sentencia íntegra en el Boletín Oficial del Estado «y tomar nota los parlamentarios y la Junta en su conjunto de que los debates no pueden desbordar algunos ámbitos» dado que el TC deja claro que en ese caso se invadieron desde la Cámara competencias reservadas al poder judicial y se lesionaron los derechos de algunas de las personas que comparecieron ante la comisión.

Para el portavoz adjunto del PP, Álvaro Queipo, el trabajo de esa comisión se llevó a cabo «con la mayor de las responsabilidades y buscando respuestas a preguntas que las necesitaban» y, a su juicio, la labor parlamentaria estuvo siempre «dentro de los límites que la propia Cámara estableció».

«No vemos que haya habido ningún acto de mala fe y, si los tribunales han dictaminado de esa manera, lo estudiaremos en conjunto en la Cámara porque es una reflexión que corresponde a la Junta general en su conjunto», ha añadido Queipo.

Gitpa fue objeto de investigaciones judiciales por presuntas irregularidades en la facturación al Principado de sobrecostes en las obras ejecutadas en la extensión de la red troncal de cable de occidente tras encargarse desde 2006 de la puesta en marcha de la red Asturcón de servicios de internet, televisión por cable y telefonía en toda Asturias.

La comisión se creó para depurar posibles responsabilidades políticas y en sus trabajos analizó 53 expedientes sobre la gestión de Gitpa desde su constitución, en agosto de 2006, y entre los que destacaban unos correos electrónicos anónimos sobre los que interrogaron a la funcionaria sin que le fueran exhibidos y, al terminar su interrogatorio, se le informó de que se trasladarían a la Fiscalía.

Entre las irregularidades que le atribuyo el parlamento figuraban la falta de diligencia y dejación de funciones además del supuesto consentimiento a las irregularidades en la gestión del personal, en materia de contratación y en la gestión de la documentación y expedientes de las obras de la empresa.

Los diputados consideraron «incomprensible» en sus conclusiones que el Principado no le abriera investigación alguna ni expediente sancionador, y «lo que es más inconcebible» añadían, se la mantuviera en el mismo puesto de trabajo.

El dictamen, que atribuía además responsabilidades políticas al ex presidente del Principado Vicente Álvarez Areces y a los ex consejeros Ana Rosa Migoya, Graciano Torre y Francisco Blanco, fue aprobado con los votos de PP, Podemos y Ciudadanos; informó EFE.