Un paciente de artritis reumatoide se queda sin su tratamiento por trasladarse a Asturias

«¿Por qué tengo menos derechos a la hora de elegir lugar de residencia, de permanecer al lado de mi familia (de mis padres que son mayores y no gozan de buena salud) y amigos, de poder promocionar laboralmente? ¿Por qué un ciudadano de Cantabria o Galicia tiene unos derechos y yo tengo que arriesgar mi estado de salud porque en Asturias prima el interés económico (desoyendo a los profesionales sanitarios) frente a la salud del paciente?». Juan Manuel García lanza estas preguntas al aire en uno de sus últimos escritos dirigidos al Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), del pasado mes de mayo.

García tiene 55 años, procede de la cuenca del Nalón y debido a su puesto como funcionario en la Administración General del Estado, tuvo que marcharse de Asturias en 2010. Durante sus trece años de residencia en la ciudad de Gernika (Bizkaia) ha podido tratar la artritis reumatoide que padece desde hace tiempo, una enfermedad degenerativa que «además de lo doloroso e incapacitante, también puede afectar a órganos como el corazón y los pulmones porque es sistémica». Sin embargo, desde que decidiese volver a casa y obtener una plaza en Oviedo hace un año, se ha topado con que la sanidad asturiana no le proporciona su medicación.

En su caso, se trata de una combinación de dos fármacos, Enbrel y Metotrexato, cuya dosis ha ido reduciendo progresivamente hasta la actualidad: ahora tan sólo necesita suministrar una dosis de 25 miligramos cada 28 días. Uno de sus médicos en el País Vasco ya se lo advirtió: «Te vas al peor sitio posible porque en Asturias no dan esta medicina». En su lugar, la alternativa la sanidad asturiana ha ofrecido a los pacientes de artritis desde que dejase de suministrar la anterior combinación pasa por un medicamento biosimilar, de nombre Erelzy, que resulta más económico pero no igual de eficaz con todos los afectados. 

De hecho, se trata de un fármaco que el SESPA ha adquirido «desoyendo» las advertencias hechas por la Sociedad Asturiana de Reumatología (SARE), con quien García se ha visto obligado a contactar en busca de opiniones. Entre algunas de sus puntualizaciones, estos especialistas atestiguan cómo muchos pacientes «pierden el objetivo terapéutico conseguido con el fármaco cuando éste se sustituye por su biosimilar» y que, en los casos en los que se retoma su uso después de haber probado su sustituto, «la  consecución de los objetivos de tratamiento puede ser más difícil de lograr, o simplemente  no lograrse». Es decir, que el primero pierda su eficacia. 

No obstante, la SARE también ha querido manifestar no tener nada en contra de esta nueva prescripción. «Entendemos que es una medida necesaria, dentro de otras muchas, para garantizar la viabilidad a medio y largo plazo de nuestra sanidad pública y la apoyamos». 

García también ha estado en contacto con la Liga Asturiana de Reumatología (LAR), una asociación a la que pertenecen muchas personas con su misma enfermedad, y sabe de primera mano que hay varios casos similares al suyo, al igual que explican los médicos de la SARE. Calculan que en torno a un 20-30% de pacientes. «Dos personas me contaron hace poco que le sentó fatal este nuevo tratamiento en muy poco tiempo», ejemplifica. 

Ha buscado la opinión de expertos, además de agotar todas las quejas posibles hacia el SESPA: reumatólogos de la pública, catedráticos, médicos privados… Y todos coinciden en darle la razón y admiten que su situación no es sostenible, ya que él ha optado por mantenerse empadronado en el País Vasco para poder seguir teniendo acceso a su tratamiento, a donde viaja una vez al mes.

Eso hace que no tenga acceso al servicio sanitario básico de su comunidad y que su médico de cabecera no se encuentre en Asturias. «El reumatólogo me está haciendo un favor porque no está de acuerdo con la política de aquí, pero no puedo estar yendo y viniendo indefinidamente porque allí ya saben que no vivo en la comunidad».

Tras conversaciones un tanto baldías con Responsables del Servicio de Reumatología en Asturias y con la dirección de Atención Sanitaria y Salud pública, otro recurso de García ha pasado por solicitar la ayuda del Defensor del Pueblo. Ante este servicio se llevó la sorpresa de que no le diesen la razón, argumentando que la sanidad es una competencia reservada a las comunidades y por lo tanto, toda decisión que cada sanidad autonómica tome es legal.  

Ahora solo le ha quedado entrar en consultas con abogados para ver si existe alguna posibilidad de denunciar su «desesperada» situación a nivel judicial. «Si hay posibilidades, lo intentaré», anuncia. ¿Y si tampoco funcionase? Ante esta posibilidad, García se resigna: «Supongo que volvería a pedir el traslado a País Vasco de forma completamente excepcional, porque en la Administración no se permite cambiar de destino en menos de 2 años. Es lo que me queda».