Estos son los ayuntamientos a los que poder dirigirse en asturiano

Hace unas dos semanas, un ciudadano de Illas denunció públicamente en redes sociales que había visto cómo en el ayuntamiento del concejo le denegaban un trámite por haber presentado la documentación en lengua asturiana.  La denuncia recogió varias muestras de solidaridad entre colectivos de defensa del asturiano y varios apelaron al artículo 4.2 de la Ley de Uso recogida en el Estatuto de Autonomía que recoge que «Se tendrá por válido a todos los efectos el uso del bable/asturiano en las comunicaciones orales o escritas de los ciudadanos con el Principado de Asturias». Pero ahí está la clave, el artículo lo cita explícitamente: con el Principado. Con la administración autonómica. En el caso de los ayuntamientos en necesario que se haya desarrollado una ordenanza específica. 

¿Cuántos lo tienen? Xixón, Villaviciosa, Lena, Cangas del Narcea, Llanera, Vegadeo, Bimenes y Grau. También Noreña y Mieres, aunque en una primera versión fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia tras denuncias del Partido Popular. Un caso aparte de el Ayuntamiento de Oviedo / Uviéu, que no tiene una ordenanza para el asturiano sino que específicamente tiene recogida dentro de su reglamento la posibilidad de que los ciudadanos se dirijan a la administración local en el lengua asturiana y además se trata de algo aprobado por gobiernos del Partido Popular.

«Para el caso de los ayuntamientos, lo relevante es leer los artículos 7 y 8, que hablan de los ayuntamientos, desde el 4.1, que recoge que todos los ciudadanos pueden usar el asturiano, y el 4.2, el uso administrativo. El 8 es el que permite que los ayuntamientos, vía ordenanza extiendan eso derechos. Eso tienen que hacerlo a través de una ordenanza o de de modificar su reglamento interno que es lo que hizo Oviedo»; destacó el profesor de la Universidad de Oviedo José Manuel Pérez, 

La cuestión es que la lengua asturiana vive en un limbo jurídico. No es oficial, de manera que aunque el Estatuto recoja el derecho a usarlo (en el habla cotidiana) o para dirigirse a la administración autonómica, no existe ninguna obligación para las administraciones para responder en asturiano. Los ayuntamientos, insiste Pérez, deben desarrollar una ordenanza o incluirlo en su reglamento (que es un caso único, el de Oviedo); algo que también sirve para otras instituciones: «en la Universidad tenemos un reglamento que lo permite, un reglamento dictado al amparo de la Ley de Uso».

Pero a ese limbo se una una cierta 'esquizofrenia' política. Del mismo modo que el consistorio que más blindado tiene el uso del asturiano es la capital y además algo aprobado con gobierno del PP, los conservadores -que suelen presumir de ser unos de los padres de la Ley de Uso- han sido también los que con más denuedo han llevado ordenanzas aprobadas a los tribunales. Y en muchas ocasiones consiguiendo que sean anuladas.

«Suele pasar porque hoy en día cualquier norma tiene que ir acompañada de una memoria económica, la falta de ese requisito formal está permitiendo su anulación»; argumentó Pérez que, en todo caso, señaló en otras ocasiones el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha confundido 'lengua propia' con 'lengua oficial'; como si las ordenanzas municipales fueran una manera de aprobar la oficialidad «por la puerta de atrás» (este fue un argumento citado por el PP en el Principado).

«¿Puede haber lenguas propias que no sean oficiales? Sí, y el Tribunal Constitucional lo ha declarado claramente, no en relación con nuestro caso en Asturias, sino con Aragón. Y también indirectamente en nuestro caso por el famoso recurso de amparo del reglamento de la Junta General», señaló el profesor de la Universidad de Oviedo.

Esto ocurrió la pasada legislatura cuando PP y Vox se negaron a aceptar que la consejera de Cultura hiciera su exposición en asturiano, reclamando incluso el uso de traductores. Y lo consiguieron gracias a que la literalidad del reglamento de la cámara autonómica recogía el derecho a expresarse en ella en asturiano a cualquier ciudadano y los diputados pero no específicamente a los miembros del Gobierno, Vox llevó el asunto al Constitucional y perdió. El reglamento fue modificado para añadir también a los consejeros.

Mientras no haya oficialidad «sólo el castellano surte efectos jurídicos. Y por eso los ayuntamientos que tienen ordenanza la pueden usar para regular el uso en plenos, para cartelería, o documentos que publique, pero siempre bilingües, porque el castellano surte efectos jurídicos» señaló Pérez quien añadió que incluso con ordenanza puede darse el caso de «trámites con documentos estándar que sólo están en castellano y puede haber ordenanzas que no se apliquen».

La demanda de la oficialidad vive un momento difícil. El reparto de fuerzas en el nuevo parlamento tras las elecciones ha ampliado la representación de fuerzas que específicamente se oponen al asturiano. Fue de hecho lo primero que dijo el candidato del PP, Diego Canga, la noche electoral en su valoración de los comicios. Su primera mención fue para destacar que no había números para la reforma del Estatuto.

Pero además en los acuerdos municipales en los que participa Vox se han firmado puntos específicos contra el asturiano. En Tineo / Tinéu, ambos grupos acordaron que reclamarían cada trimestre que se anulara la toponimia asturiana para dejar sólo Tineo. En Gijón / Xixón, el pacto que le ha concedido la alcaldía a Carmen Moriyón recoge específicamente la congelación de las políticas de promoción lingüística en su situación actual, «sin que puedan existir incrementos de las partidas presupuestarias destinadas a las mismas, directa o indirectamente». Este asunto, entre otros, ha provocado la dimisión de miembros destacados de Foro favorables al asturiano como José Suárez Arias-Cachero e Inaciu Iglesias.

No fueron pocas las voces, dentro y fuera del partido, que recordaron a Moriyón que precisamente había señalado que no pactaría con Vox por la campaña de acoso desarrollada por el partido de extrema derecha contra Adrián Pumares (secretario general y diputado en la Junta) por la posibilidad de que respaldara la oficialidad el pasado mandato.