El eurodiputado Jonás Fernández denuncia en Bruselas a Canga por «filtrar» las ayudas a Arcelor

El eurodiputado socialista Jonás Fernández ha mostrado hoy su enfado con que el candidato del PP a la presidencia de Asturias, Diego Canga, haya anunciado antes que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que la Comisión Europea haya aprobado 460 millones de euros para la descarbonización de ArcelorMittal en Asturias. La ministra acusó esta mañana a Canga, que hasta el año pasado trabajaba como alto funcionario de la Comisión Europea, de «falta de ética» y de poner en riesgo las ayudas por adelantar una decisión que entonces no se había sido hecho pública desde Bruselas, que efectivamente anunció esta tarde que se había dado el visto bueno a las ayudas solicitadas por España, que seleccionó el proyecto de ArcelorMittal en el contexto de una convocatoria pública en 2021 sobre tecnologías y sistemas de hidrógeno.

El político asturiano comienza su hilo en Twitter valorando de los 460 millones de euros de ayudas que recibirá ArcelorMittal para la descarbonización en la producción de acero. «Dos gobiernos trabajando juntos para que la Comisión Europea diera su visto bueno», destaca de los Ejecutivos autonómico y estatal, para acto seguido explicar por qué un funcionario de la Unión Europea como Canga no puede filtrar información a la que tiene acceso por su condición laboral antes de que sea pública, aunque sea positiva para Asturias y quiera ser el primero en dar buenas noticias como candidato del PP a presidir la autonomía.

«Lamento la conversión de un funcionario de la Comisión en un político populista, que no sabe diferenciar el trabajo de un empleado público del de un político», recrimina Fernández, que ha presentado una pregunta escrita a la vicepresidenta de la Comisión Europea y secretaria de Competencia, Margrethe Vestager, por las filtraciones de Carga, «especialmente las del pasado 10 de diciembre cuando aún era funcionario en funciones incumpliendo los artículos 17.1 y 17.2 del reglamento de empleados públicos».

Dichos artículos dicen en concreto que «el funcionario se abstendrá de divulgar sin autorización cualquier información que haya recibido con ocasión de sus funciones, salvo que dicha información se haya hecho publica o sea de acceso públicos» y que «seguirá estándo sujeto a esta obligación tras el cese de sus funciones».