Ríos, trenes, policía: ¿cuál es el máximo competencial que podría asumir Asturias?

El fiasco de los trenes, encargados con dimensiones erróneas por parte de Adif y Renfe para comunidades como Asturias o Cantabria, ofreció un agudo contraste con el País Vasco que tendrá sus vehículos en tiempo y forma con el mismo fabricante a pesar de encargarlos después, la diferencia es que País Vasco tiene competencias ferroviarias y no tuvo problemas para encajar medidas en sus propuestas. Los retrasos han reabierto el debate sobre la posibilidad de que el Principado las asumiera también pero el presidente Adrián Barbón ha advertido por activa y por pasiva que sin un contraprestación de gran calibre en la financiación autonómica (con una muy relevante inyección de recursos desde el Estado) supondría la ruina para las arcas asturianas. Pero más allá de la cuestión de la sostenibilidad ¿cuál es el máximo competencial que podría tener Asturias en teoría?

La respuesta está en la Constitución y concretamente en el artículo 149 que describe en un desglose de 32 puntos qué materias son competencia exclusiva del Estado sobre las que las autonomías no actuar; a grandes rasgos se trata de cuestiones que atañen a derechos fundamentales, a las fuerzas militares o las relaciones internacionales. Fuera de esos 32 puntos, en teoría, las comunidades podrían solicitar la competencia de lo que quisieran.

«Dentro de esas opciones forma parte de la ambición particular querer aspirar a más o menos», explica el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo Miguel Presno Linera. Obviando la cuestión (en realidad decisiva) de la financiación, Asturias podría tener una Policía propia, competencias sobre los trenes que recorren la comunidad o los ríos que discurren por su territorio. Esta última sí tiene bastantes visos de salir adelante. De hecho el pasado mes de octubre fue señalada expresamente por parte del Gobierno Asturias en una reunión con la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez.

Fue de hecho un aspecto que se abordó por primera vez en 2008, bajo la presidencia de Vicente Álvarez Areces, pero nunca se llegó a concretar. Además de polémicas sobre la integridad asturiana del río Nalón, en aquel entonces el Estado se había comprometido a transferir 6,85 millones de euros anuales en inversión y otros 630.000 para apoyar los gastos corrientes de la transferencia en la gestión de los ríos que nacen y mueren en la comunidad, ya que el Estado se reserva la gestión de las cuencas intracomunitarias.

El Principado asumiría así la gestión del 69 por ciento de las aguas que discurren por el Principado, todas salvo las de las cuencas del Eo y de Navia (compartidos con Galicia), Sella (compartida con Castilla y León) y Deva (compartida con Cantabria y Castilla y León), que seguirían en manos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

Sobre los trenes, la semana pasada Barbón dijo que él no era contrario a que Asturias asumiera las competencias en ferrocarriles, pero siempre que el Estado realice una inversión previa y que su gestión venga acompañada de «financiación suficiente» del Gobierno central: dado el estado de la red asturiana actual ese monto podría superar ampliamente los mil millones de euros.

En todo caso, Presno Linera resalta que «hay asuntos en los que lo que tiene el Estado es legislación básica pero se permite que las comunidades tengan sus propias leyes que desarrollen lo que el Estado ha declarado básico, y ese desarrollo hace que no tenga que ser igual en una u otra comunidad; un ejemplo es la normativa electoral, hay una básica que todos los territorios deben respetar pero Asturias puede decidir en el uso de su autonomía tener tres circunscripciones, como hay ahora, o tener una o tener ocho».

Asturias llegó a contar con una «policía adscrita» que velaba por los edificios institucionales del Principado y fue barrida por la Gran Recesión en 2013. Pero incluso en la comunidad contemporánea en el debate pesa incluso la devolución de competencias. A nivel municipal, el concejo de Siero ha planteado que fuerzas estatales asuman el trabajo de la Policía Local.

«Muchas comunidades han establecido una declaración de derechos autonómica; y eso no los convierte en derechos fundamentales pero los blinda respecto al legislador. Si por ejemplo Asturias incluyera en su estatuto algún derecho de carácter social, digamos, cualquier mayoría parlamentaria tendría que respetarlo», señala Presno Linera quien destacó que Cataluña fue la «más ambiciosa» al plantear atribuciones en su estatutos pero fue frenada en los tribunales por el Constitucional «que entendió que una comunidad autónoma no las podría asumir; sin embargo, casi en ese tiempo Andalucía hizo una reforma incluyendo cuestiones que lo que hizo básicamente fue darle a copiar y pegar del catalán; pero como nadie lo recurrió siguen ahí. Asturias las podría pedir si quisiera».

Asturias fue la primera de las comunidades en formar su autonomía por la denominada vía lenta. Pero el catedrático destaca que en este tiempo, 40 años, otros territorios y Asturias sigue sin actualizar su texto primordial, «es una anomalía» y añadió que «las comunidades pueden hacer más de lo que ellas mismas son conscientes que pueden hacer». A nivel europeo hay pocos territorios que tengan el grado de autonomía que tienen algunas comunidades de España, equiparables a un estado alemán federado, pero sin homogeneidad dentro incluso del propio sistema autonómico. El País Vasco, señala Presno Linera, tiene pocos iguales en gestionar cuestiones como una policía propia y un sistema tributario particular (el foral que también tiene Navarra).

El último intento, fallido de reforma, tuvo lugar esta legislatura que termina, al respecto de la oficialidad de la lengua asturiana. Un asunto en el que el catedrático indica en el que «Asturias además encontraría bajo mi punto de vista fundamento histórico filológico» y también que «40 años después de la aprobación del Estatuto nuestro darle una vuelta no estaría de más».