Asturias tendrá que devolver tres cuadros del Museo de Bellas Artes robados por el franquismo

Ochenta y tres años después del fin de la Guerra Civil, una familia tiene esperanza de recuperar el patrimonio que le fue arrebatado y que acabó en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Se trata de los nietos de quien fuera alcalde de Madrid entre 1931 y 1936, Pedro Rico López, que murió exiliado en Francia sin poder reclamar lo que era suyo. Rico poseía una colección de 25 cuadros que le fueron incautados y que nunca volvieron a su poder. De ellos, al menos tres terminaron en la pinacoteca asturiana.

Ahora, más de ocho décadas después, la reciente aprobación de la Ley de Memoria Democrática permitirá -al menos sobre el papel- a sus nietos recuperar lo que debería ser suyo. En el caso de Asturias, la abogada de la familia, Laura Sánchez Gaona (Caliope Art Law) ya se ha reunido con el director, Alfonso Palacio, y la investigadora del museo que identificó las obras, Paula Lafuente. Se trata de tres óleos: Vendedor de periódicos (que figura en el acta de incautación como Un majo vendedor de periódicos), de José Jiménez de Aranda, Majos y Majas de Eugenio Lucas y Buñolería de Ángel Lizcano, como publicó este periódico hace un año y medio.

La letrada subraya la excelente acogida y disposición que ha encontrado en el Principado: los responsables de la institución asturiana «son los que más información nos han facilitado, los más proactivos y colaboradores» para que se produzca una restitución directa, que es lo que pide la familia. De hecho, incluso están restaurando uno de los lienzos de cara a la posible devolución en condiciones óptimas.

«El enfoque (del museo) es el más moderno e internacional, en el sentido de que va en la línea de lo que se ha hecho en otras partes del mundo», dice Sánchez Gaona. «Agradecemos mucho el trato humano porque, al fin y al cabo, esto no solo tiene que ver con el Código Civil, sino con heridas muy profundas», explica.

Proceso legal

No obstante, pese a la colaboración de las autoridades locales, el proceso no es tan sencillo. Las obras, incautadas durante la guerra, procedían de una entrega en depósito que el Gobierno franquista hizo a través del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (SDPAN) a la Diputación asturiana, donde estuvieron hasta la creación del museo en 1980. Y la clave es, precisamente, que no fueron donadas, sino dejadas en depósito, lo que significa que, en teoría, siguen figurando nominalmente como propiedad del Estado. De modo que el Gobierno asturiano no tendría la potestad para devolverlas.

No basta con la buena voluntad del museo para que los Rico recuperen sus cuadros, explica la abogada. Alguien tiene que dar el visto bueno desde el punto de vista legal, y lo lógico es que sea la Abogacía del Estado, como en el caso de la reclamación extrajudicial de la familia de Ramón de la Sota, o el Ministerio de Cultura. Los plazos dependen, por tanto, de ese trámite que, en todo caso, debería cumplirse en aplicación de la nueva ley.

Este punto es claro y conciso. La norma dice expresamente, en su artículo 31 (Capítulo III De la reparación), que «Se reconoce el derecho al resarcimiento de los bienes incautados» durante la guerra y la dictadura y, además, que el Estado «promoverá las iniciativas necesarias para la investigación de las incautaciones». Establece, de hecho, que se debería hacer una auditoría de los bienes en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley.

El valor y la norma

Dejando un lado el valor histórico y artístico, el valor económico de los lienzos no es cosa menor, a la hora de bajar al detalle. Si bien este aspecto «no debería importar de cara a la ley, como es lógico, resulta mucho más difícil para un museo deshacerse de una obra cuando tiene mucho valor (como ocurre con la disputa por el Pissarro del Thyssen)» que cuando ese valor es menor. «Pero el hecho legal es el mismo», insiste: «lo importante es determinar quién es el propietario legítimo a la luz de la regulación del derecho de propiedad como derecho fundamental en nuestra Constitución, y de la derogación tácita de cualquier disposición normativa anterior que se oponga a su contenido».

El bufete de Sánchez Gaona, especializado en obras de arte, estima que el precio de mercado de los cuadros reclamados oscilaría entre los 10.000 y 50.000 euros cada uno, entre los que el más valioso es el Vendedor de Periódicos de Jiménez de Aranda, que además está expuesto en una sala del museo. Los otros dos permanecen en depósito.

¿Otras devoluciones?

El caso de la colección de Pedro Rico no es, ni mucho menos, único. Paula Lafuente, investigadora del Museo de Bellas Artes de Asturias, realizó la ingente tarea de identificar las más de un centenar de obras llegadas por la vía del depósito después de la Guerra Civil. Algunas se perdieron, otras permanecen en la Universidad de Oviedo o en el palacio de la Junta General del Principado.

Y entre ellas figuran cuadros de gran valor como La Virgen de la Anunciación (1555) de Juan Correa de Vivar; La Adoración de Reyes Magos (1520-25) de Felipe Pablo de San Leocadio y El Bodegón con pescados (h. 1650) de Elías Vonck. Lafuente confirmó a este periódico en su día que esos cuadros y algunas esculturas siguen siendo propiedad del Estado. Algunas obras, muy pocas, fueron devueltas a sus legítimos propietarios hace años, pero el resto nunca fue restituido. Ahora, la ley ha abierto una puerta que ya no se puede cerrar.