La polémica Ley de Nietos: descendientes de asturianos ambicionan un pasaporte español

Miles de descendientes de emigrantes asturianos y españoles quieren nacionalizarse y conseguir el pasaporte de España, una posibilidad recogida en la Ley de Memoria Democrática. Una vez publicada en el BOE se ha dado la señal de salida a un proceso que se prolongará durante los dos próximos años y se podrá prorrogar por un tercero y que las plataformas que impulsaron la ampliación de los casos de nacionalización estiman que podrá beneficiar a entre 300.000 y 350.000 hijos y nietos de emigrantes españoles. Solo en la oficina consular de Buenos Aires, la de mayor dimensión y representación de España en todo el mundo, sus responsables esperan unas 60.000 peticiones a cuenta de la que en Argentina se conoce ya como la Ley de Nietos. En Argentina viven unos 35.000 asturianos.

Pero los supuestos que la ley de Memoria Democrática ha abierto para la nacionalización de descendientes de emigrantes no han contentado a buena parte de la colonia española en el exterior. La indignación y enfado crecen al advertir que el acceso al pasaporte será tasado y más restringido de lo esperado.

El texto de la nueva Ley se extiende a lo largo de 55 páginas del boletín, pero solo un párrafo define los criterios que deberán cumplirse para poder lograr la nacionalidad española de los ancestros, y lo hace sin una definición expresa de los trámites a seguir y los documentos necesarios que deben de ser presentados, por lo que se abre un tiempo de un gran caudal de trabajo para las oficinas consulares y los registros civiles en España. Miles de nietos y bisnietos de emigrados se lanzaron desde el verano a tramitar peticiones a los registros civiles a la búsqueda de pistas con la que poder certificar sus raíces en España, aunque en muchas ocasiones aportando nada más que un apellido y la creencia de la procedencia de un municipio de alguno de sus familiares.

Las situaciones que son tenidas en cuenta y que permitirán acceder a la nacionalidad durante los próximos dos años y se pueda prorrogar por un tercero, se circunscriben a los siguientes tres casos: a los hijos y nietos de españoles que hayan perdido o renunciado a la nacionalidad por haber sufrido el exilio a causa de razones políticas, ideológicas, de creencia u orientación sexual. También para los hijos de las mujeres que perdieron la nacionalidad al casarse en el extranjero antes de 1978. Y finalmente, para los hijos mayores de edad de quienes ya obtuvieron la nacionalidad a cuenta de la Ley de Memoria Histórica entre el 2007 y el 2011.

En sentido contrario y hasta que el Gobierno no regule lo contrario, no están incluidos en la nueva ventana a la obtención del pasaporte, los hijos de los exiliados que sí hubieran mantenido su condición administrativa de españoles. Tampoco, siguiendo la interpretación literal de la nueva ley, los hijos de mujeres que no hubieran renunciado a la nacionalidad, y también se excluiría a los hijos de emigrados que no ratificasen su deseo de ser españoles antes de los 21 años.

En todos los supuestos, las declaraciones deberán de formalizarse ante los respectivos consulados del país de residencia en el plazo de dos años. El Consejo de Ministros podrá acordar su prórroga por un año más. Todos los descendientes de emigrantes que consigan la nacionalidad española podrán votar en las elecciones generales, autonómicas y europeas, como los más de 2,5 millones de residentes que ya cuentan con ese derecho. En Asturias hay 140.000 asturianos residiendo en el extranjero. 

Las discusiones e interpretaciones sobre la Ley de Memoria Democrática han precipitado ya una reunión virtual de altos cargos del Ministerio de Justicia con representantes de colectivos de la diáspora. Tras dicho encuentro, el Gobierno se ha comprometido a emitir en los próximos días una instrucción donde se aclare qué casos pueden someterse a nacionalización y qué trámites deberán de llevarse a cabo.

Colectivos como el del Centro de Descendientes de Españoles Unidos confía en que el Ejecutivo empuje a hacer una lectura amplia y generosa de la Ley, para que, entre otros extremos, tampoco se vayan a quedar fuera de la ventana de nacionalización exprés los nietos de los emigrados que salieron de España no por razones políticas e ideológicas, y sí se incluyan a los que lo hicieron por cuestiones económicas, laborales y otros supuestos no contemplados en la norma. «Hay mucho malestar», señala desde Buenos Aires Juan Manuel de Hoz, uno de los impulsores del CeDEU, que confía en que se pare la comunicación de la instrucción ministerial hasta que se le dé una interpretación política amplia que dé pie a una nacionalización con los mayores supuestos posibles. Para presionar en ese sentido, su asociación ha pedido a todos sus integrantes que envíen correos electrónicos a todos los diputados del PSOE y miembros del Gobierno para hacerles ver que dejar fuera de la ley a los nietos de varones de emigrantes «es una discriminación. Se os está observando desde el exterior», señala, aludiendo a la participación electoral que se estima crecerá en estas elecciones generales entre la diáspora tras eliminarse el voto rogado.

 Por una ley de nacionalidad

David Casarejos, presidente de la comisión de Derechos Civiles y Participación del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior y presidente del Consejo de Residentes Españoles de Manchester, aboga por superar la polémica generada con la nueva ley y exigir a las Cortes la aprobación de una ley de la nacionalidad «que recoja de verdad el sentido de nacionalidad, que no está suficientemente reconocido», mantiene.

Entiende Casarejos que regular la nacionalidad no debe de ser una cuestión de segundo orden dentro de una norma destinada a reparar los desmanes causados por el golpe de Estado del 36 y la posterior represión. «En esta ley se repara entre otras cuestiones discriminaciones que sufrieron los que tuvieron que exiliarse, pero hace falta una ley de nacionalidad expresa», mantiene. Pone el ejemplo de Italia o Portugal, donde el linaje es un elemento suficiente para poder acceder a la condición de nacional, mientras que en España todo se vincula al nacimiento o descendencia próxima.

Advierte que la puesta en marcha de la Ley de Memoria Democrática y la vía a la nacionalización ha desatado el pánico entre colectivos de emigrados, expectantes ahora para ver qué interpretación hace el Gobierno de dicha norma en la instrucción que prepara, pero advierte que los técnicos ya adelantaron que poco margen queda a la interpretación de los supuestos definidos el jueves en el BOE.