El peaje ambiental: ¿el próximo tabú europeo por caer?

Muchas cosas que parecían firmes e inamovibles han dejado de serlas. Principios que se consideraban dogmas incuestionables del modelo de mercado europeo han tenido que plegarse a la cruda realidad: los eurobonos, que eran anatema en la pasada década para Alemania, pasaron a aceptarse para financiar los fondos de reconstrucción postpandemia; la limitación del gas como marcador del precio final en el sistema marginalista de la energía -que todavía en diciembre era intocable para los germanos y varios países más de los autoconsiderados frugales-, fue cuestionada primero para la península ibérica y ahora se plantea suprimirlo para el conjunto de la unión a medida que el invierno y el corte ruso se acercan.

Los problemas de la energía ha supuesto un quebradero de cabeza muy severo para las economías occidentales, disparando la inflación no sólo en Europa sino también en EEUU. Los precios disparatados de la electricidad son un lastre terrible para las familias y también para las empresas, y aún más todavía para las que forman la espina dorsal de la industria asturiana por ser electrointensivas, esto es, la tarifa eléctrica es su principal coste de producción. Y aún así, lo que llevó a ArcelorMittal a anunciar esta semana una parada temporal de su Horno Alto A, no fue tanto la luz sino la situación «muy adversa» del mercado del acero en Europa, con altos niveles de importaciones extracomunitarias. La compañía destacó que su competencia proviene de productores no se ven afectados por los crecientes costes derivados del sistema europeo de asignación de derechos de emisión de CO2, lo que impacta en la posición competitiva de los fabricantes europeos, según detallaron en su comunicado.

No es extraño así que la primera reacción del Gobierno asturiano fuera urgir a las autoridades comunitarias a considerar con premura un arancel ambiental que proteja a los productores de Europa, una vieja reivindicación no sólo de partidos asturianos sino de agentes sociales, de los sindicatos y también de la patronal. El presidente del Principado, Adrián Barbón, pidió a la UE  que se «tome en serio» el establecimiento de un arancel medioambiental para evitar que empresas como ArcelorMittal no se vean tan afectadas por la coyuntura del mercado y de forma que que los productores extracomunitarios compitan en igualdad con quienes sí cumplen con los objetivos de calidad ambiental.

¿Es este arancel el próximo tabú en caer dentro de los artículos de fe de liberalismo europeo? Tiene muchas papeletas. Lo cierto es que la Comisión Europea ya fijó, pero para el año 2023 una serie de aranceles al CO2, los que emitieran productos como el cemento, el hierro, el acero, el aluminio o los fertilizantes. Sobre el papel funcionaría de forma similar al actual sistema de comercio de emisiones, cobrando a los contaminadores (y de hecho las industrias pagan los derechos de otras para contaminar más); la idea es endurecer aún más los límites hasta hacerlos prácticamente inviables en 2050. Consecuencia de esta normativa fue la carrera iniciada ya por la siderurgia asturiana para adaptarse a suministros menos contaminantes como el hidrógeno verde.

Patronal y sindicatos

La patronal asturiana salió el viernes al paso del comunicado de la siderúrgica, reclamando que se presione a la UE la Unión Europea para que se apruebe cuanto antes un mecanismo de ajuste en frontera «que impida que los productos europeos no compitamos en desigualdad con otros producidos con menores exigencias medioambientales y sociales». La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) instó además al Gobierno a hacer todo lo posible por atenuar esta situación, recuperando el sistema de ininterrumpibilidad o pago por capacidad, que permita a estas empresas hiperelectrointensivas compensar sus altos costes energéticos, además de topar el precio de los derechos de emisión; y defendió prolongar lo máximo posible los derechos gratuitos de emisión, al menos hasta que estén el marcha los proyectos alternativos. «Estos proyectos alternativos deben agilizarse al máximo, para asegurar la viabilidad futura de las plantas».

Algo más críticos fueron los sindicatos, desde la federación de industria de UGT se recordó que  «la realidad es que el sector siderúrgico está obteniendo beneficios récord que contradicen los argumentos esgrimidos por la dirección para paralizar la producción del Alto Horno A, como son una supuesta caída del mercado del acero en una coyuntura marcada por altos costes energéticos, unida a malas previsiones para los próximos meses».

UGT resaltó además que España cuenta en la actualidad con la tarifa eléctrica y de gas más competitiva de todos los países de su entorno y del conjunto de la Unión Europea, y que el Gobierno español ha anunciado nuevas medidas que reducirán aún más el precio actual, como una mayor compensación emisiones CO2, reduciendo todavía más los costes energéticos de los que se queja la dirección de ArcelorMittal. Y de este modo calificó la parada temporal del horno como algo que «no es más que una maniobra especulativa dirigida a eliminar oferta en el mercado para mantener los altos precios del acero».