Colapso del autoconsumo solar en Asturias: esperas de hasta 9 meses para conectar paneles ya instalados

Decenas de comunidades vecinales en Asturias están a la espera de que se resuelva la tramitación burocrática que les permita ponen a funcionar sus instalaciones de paneles solares. En algunos casos, las placas llevan hasta nueve meses instaladas y, por consiguiente, paradas. Esta situación afecta en concreto a los bloques de viviendas que se quieren beneficiar del autoconsumo colectivo, con potencias instaladas que van más allá de cubrir el suministro para las zonas comunes de manera que la comunidad produzca también energía solar para consumir en cada uno de los hogares.

Pretender aspirar al autoconsumo colectivo, aunque el reparto por vivienda no sea para tirar cohetes, se está pagando con una burocracia exasperante. Sobre todo si se tiene en cuenta que la hoja de ruta del autoconsumo hasta 2030 en España, elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica para asegurar su «despliegue masivo» en los próximos años, dice literalmente que el autoconsumo colectivo -con la energía solar como punta de lanza de esta obligada transición energética- es «imprescindible» en las viviendas plurifamiliares y que se deben dar a conocer sus beneficios entre la población.

«Estamos desesperados, ya no sabemos qué tenemos que hacer para que esto se resuelva», asegura Jerónimo Simó, que pertenece a una de las comunidad vecinales de Oviedo en la que la obra física de las placas solares está terminada desde noviembre del año pasado: «Las tasas de la licencia se pagaron en septiembre, la obra empezó en octubre y quedó terminada en noviembre y, a partir de ahí, ya fueron todo trámites».

De los documentos requeridos para la puesta en marcha de los paneles solares se encargan las empresas instaladoras, que también tramitan las bonificaciones fiscales que ofrecen los ayuntamientos, que en el caso del Oviedo por ejemplo permitió a la comunidad de Simó costear con el descuento del 50% -durante 5 años- en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) el coste íntegro de la instalación. Las comunidades vecinales, lógicamente, con anterioridad a todo esto se ponen de acuerdo para llevarlo a cabo. «Nosotros, que somos medio centenar de propietarios, lo aprobamos en junta de comunidad y ya entonces habíamos acordado que la energía la íbamos a repartir en las zonas comunes y por vivienda según un coeficiente proporcional al tamaño», explica.

Un centenar de expedientes por resolver

Al tratarse de una instalación de autoconsumo colectivo, en la que cada propietario será beneficiario de la energía que se genere, desde noviembre los vecinos de esta comunidad que ya había acordado en junta vecinal todo lo que había que acordar, han tenido que aportar documentación individual hasta en tres ocasiones separadas en el tiempo. «Ahora dame esto, a los tres meses dame lo otro y al poco mándame la factura… y ojo que no te equivoques en alguna cosa porque te devuelven la documentación entera, la de todos los vecinos. Es demencial. Están dando palos de ciego. No tienen un protocolo establecido», considera Simó, en referencia a la Consejería de Industria. El departamento que resuelve estas tramitaciones, formado por una única persona, tenía al principio del verano al menos un centenar de expedientes similares por resolver.

Expedientes abultados, porque todos los propietarios de cada comunidad tienen que aportar la diferente documentación individual que se les ha ido requiriendo desde noviembre, al tener que establecerse un contrato entre la propia comunidad como productora y cada uno de los propietarios como beneficiarios. Lo que viene a ser rizar el rizo después de haber pasado por diversas inspecciones y tramitaciones también ante las compañías distribuidoras y comercializadoras.

En la comunidad de Simó, por ejemplo, tras completar todos los trámites que fueron surgiendo en estos nueve meses, el último documento -ese contrato entre la comunidad y sus propios integrantes- se entregó en junio en la distribuidora y en la comercializadora. «Ahora estamos a la espera de que nos coloquen el contador para poder poner por fin a funcionar los paneles», dice Simó, que explica que en el caso de las comunidades vecinales en las que los propietarios no son beneficiarios de la energía -solo las zonas comunes- los trámites se resuelven con mayor rapidez, al tener que aportar la documentación tan solo por cada portal, al igual que en las viviendas unifamiliares, en las que el beneficiario es solo uno. «Ese beneficiarse de la energía, que es de lo que se trata para el autoconsumo colectivo, es el problema. Es de perogrullo», considera.

«No hemos podido conectar las placas a la red y beneficiarnos del consumo gratuito ni de los excesos que debería pagarnos la distribuidora. La conclusión que saco es que a nadie le interesa este tema. Hay una dejadez total en todas las instituciones y solo interesan discursos grandilocuentes sobre el cambio climático cuando lo que en realidad necesitamos es un cambio de actitud de las instituciones intervinientes», dice uno de los vecinos de esta comunidad que lleva nueve meses de espera en una de las cartas que envió al presidente del Principado, Adrián Barbón, y a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para hacerles partícipes de la situación. En ambos casos, obtuvo respuesta. En el gabinete de Barbón, le contestaban que pedirían información de forma urgente sobre el caso. Y, en el ministerio, en la que se quejaba de la «lamentable» gestión de la Consejería de Industria, que el asunto se trasladaría a la Subdirección General de Energía Eléctrica.