La dirección de Podemos Asturies acusa a Ripa de convertir al partido «en un cortijo»

La dirección de Podemos Asturies ha acusado este miércoles al anterior secretario general, Daniel Ripa, de haber convertido el partido «en un cortijo» con la convocatoria de ayudas a organizaciones sociales realizada en 2021, anulada ahora por la dirección nacional, y cuya paralización evitó «un riesgo penal» para la formación morada.

En su primera reunión en la nueva sede del partido, el Consejo de Coordinación de Podemos Asturies ha tomado conocimiento de la decisión adoptada por la Unidad de Cumplimiento Normativo del partido, que investigó la convocatoria de dichas ayudas, realizada en la precampaña de las primarias en las que Sofía Castañón se impuso a Ripa, y que se resolvió concediendo ayudas por 25.390 euros a organizaciones vinculadas a dirigentes que respaldaban al anterior secretario general.

Según la secretaria de organización, Alba González, en ese proceso plagado de irregularidades estuvo acompañado de una campaña basada en «violencia verbal, mentiras, acoso y descalificación» por parte del sector que apoya a Ripa desde que se anunció la voluntad de Castañón de concurrir a las primarias en las que se impuso por un escaso margen, y que impugnó la candidatura derrotada.

González ha subrayado que la UCN actúa donde aprecia que la organización puede estar en peligro «y sirve para que en Podemos no pueda haber una Gürtel o una Púnica» y, en este caso, evitó que el anterior Consejo Ciudadano incurriera «en un riesgo penal», pero sí constató que Ripa y su entorno actuaron «desde una concepción patrimonial» de un partido que entendían «como un cortijo».

Además, ha justificado los expedientes abiertos a tres dirigentes de ese sector, que han sido suspendidos cautelarmente de militancia, por acusar a la actual dirección de vulnerar los derechos laborales al despedir a varios trabajadores dado que se trataba «de cargos políticos, de liberados» como se ha reconocido ya en varias sentencias, así como al propio Ripa por una queja laboral de un empleado de Podemos que resolvió «contratando a la denunciada como superior del denunciante».

«Los hechos demuestran que hemos actuado con total corrección y hemos sido prudentes y respetuosas con los procedimientos jurídicos, internos y externos. Hemos aguantado en silencio meses de ataques en los medios de comunicación, acoso en redes sociales e incluso mensajes privados con contenido muy agresivo y situaciones de intimidación física», ha advertido González.

Desde el sector crítico, el exdiputado Andrés Fernández, uno de los inhabilitados temporalmente, ha rechazado estas acusaciones y ha cuestionado la investigación de la Unidad de Cumplimiento Normativo, «que no es un órgano» del partido sino una persona que trabaja para el grupo parlamentario de Podemos en el Congreso «y cuyo puesto de trabajo depende de la firma de Sofía Castañón».

Fernández ha emplazado a la dirección del partido a trasladar a un juzgado esas supuestas irregularidades en la convocatoria de ayudas a organizaciones sociales y ha asegurado que no había ninguna que optara a esas aportaciones en la que no hubiera militantes de Podemos y que, en el caso de las que se conceden a nivel estatal, beneficiaron también a algunas de las que forman parte dirigentes próximos a Castañón «y no pasa nada» dado que ninguno de los afiliados cobra de ellas.

El exparlamentario ha emplazado además al nuevo Consejo de Coordinación a reunirse por primera vez en la nueva sede no para hablar «de despidos de trabajadores o de purgas de dirigentes» sino para responder a la solicitud de que se abriese un proceso de mediación que realizaron los tres sancionados, una figura contemplada en los estatutos y para la que aún no han obtenido respuesta, informa Efe.