Marta Renedo siguió cobrando su salario de funcionaria durante nueve años

La funcionaria Marta Renedo, condenada a nueve años de prisión por el Caso Marea, siguió cobrando sin trabajar su salario nueve años, tras ser apartada de su puesto de funcionaria. Así lo ha reconocido la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, que ha afirmado este miércoles que el Principado ha realizado «todos los trámites necesarios para reclamar las cuantías del quebranto económico» provocado por el Caso Marea, por lo que es la Justicia la que «tiene que actuar» para ejecutar las dos sentencias dictadas por el Tribunal de Cuentas y el Juzgado de lo Penal número 4.

El diputado de Podemos, Daniel Ripa, ha llamado la atención sobre el hecho de que la funcionaria Marta Renedo, condenada a nueve años de prisión, siguiera cobrando de la administración durante ocho o nueve años desde que se destapó el caso, ha reclamado al Principado que tome «una posición activa» para la recuperación de los recursos sustraídos porque está en juego «la dignidad y la credibilidad de la administración asturiana».

Cárcaba ha recordado que en estos momentos están en fase de ejecución tanto la sentencia del Tribunal de Cuentas, que condenó a Renedo al pago de 1,5 millones de euros y ordenó la subasta de dos bienes inmuebles de su propiedad, como la del Tribunal Supremo.

La consejera, quien ha advertido de que el Principado estaba obligado a abonar los salarios de Renedo hasta el momento en el que perdió definitivamente la condición de funcionaria, ha recordado que en el proceso de ejecución de esta última sentencia el Principado ya presentó en 2019 un informe en el que cuantificaba las indemnizaciones a percibir en cerca de seis millones de euros.

Así ha respondido la consejera en la Junta General en respuesta a una pregunta formulada por Ripa, quien ha preguntado cómo es posible que el Principado sólo haya recuperado 478 euros doce años después del inicio del proceso judicial.

Ripa ha afeado que el Principado entregara «fuera de plazo» el informe en el que valoraba los perjuicios provocados por la trama y que por tanto no pudo ser incluido en la causa seguida en la Audiencia Provincial.

Cárcaba ha insistido en que el Principado es «el principal interesado» en la ejecución de ambas sentencias, para la recuperación de los fondos que cubran el quebranto causado por un caso en el que también fueron condenados, entre otros, el exconsejero socialista de Educación José Luis Iglesias Riopedre y su número dos en el departamento, María Jesús Otero, por la adjudicación ilegal de contratos de la administración.