Nueva causa contra Riopedre y Otero, procesados por defraudar 3,7 millones en mobiliario escolar

El Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo ha procesado al exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre y a su número dos en el departamento, María Jesús Otero, por adjudicar varios contratos de suministro de mobiliario para los centros educativos, por valor de 3,7 millones de euros, que nunca llegó a su destino.

En el mismo auto, la jueza procesa a los empresarios Víctor Manuel Menéndez y Alfonso Carlos Sánchez, responsables respectivamente de las empresas Igrafo y Almacenes Pumarín, a las que se les adjudicaron los distintos contratos para el suministro de material a 87 centros educativos entre los años 2009 y 2010.

La jueza cifra en 3.758.099 euros el perjuicio causado a la administración pública por la facturación emitida y cobrada por ambas empresas «sin la correlativa prestación de servicios o suministros», de los que 3,23 millones corresponderían a Almacenes Pumarín y 524.000 euros a Igrafo.

Los cuatro procesados, junto a la exfuncionaria Marta Renedo, ya fueron condenados por la Audiencia Provincial en el año 2017 por su responsabilidad en el conocido como «caso Marea», la mayor causa de corrupción investigada en Asturias, relacionada con la adjudicación irregular de contratos a empresas.

La nueva causa judicial parte de un informe elaborado por el Principado después de que la Fiscalía advirtiera, en diciembre de 2014, de que Riopedre, Otero y los dos empresarios podrían tener que indemnizar al Principado.

El Gobierno regional abrió en julio de 2015 una investigación para comprobar si lo que constaba como facturado había sido entregado a los centros, lo que permitió destapar un fraude de casi cuatro millones de euros.

Después de que el informe no llegara a tiempo para incorporarlo a la causa del caso Marea, el Principado lo remitió al Ministerio Público, que presentó una nueva denuncia.

Numerosas dávidas para Otero

Tras las nuevas diligencias de investigación practicadas, el auto de procesamiento relata el plan urdido por la entonces directora general de Planificación, con la «aquiescencia» del consejero, para adjudicar a ambas empresas «cantidades ingentes de contratos de material homologado y mobiliario» a centros educativos públicos por el procedimiento negociado sin publicidad.

La magistrada ve «sólidos indicios» de que Otero y los dos empresarios, «con la cooperación» de Riopedre, «desviaron y se apropiaron del dinero público mediante el cobro de suministros que en todo o en parte no habían sido servidos con el propósito de atender sus particulares fines lucrativos, con el consiguiente perjuicio para la administración pública».

El cobro de esta facturación emitida pero no servida, añade el auto, redundaba en beneficio de Otero, que «recibió numerosas dádivas y liberalidades de los empresarios investigados».

Fianzas millonarias

La magistrada procesa a los cuatro por los delitos de falsedad en documento oficial y mercantil y de malversación de caudales públicos. Además, a Riopedre y a Otero se les atribuye indiciariamente un delito de prevaricación, y a ésta última y a los dos empresarios otro de cohecho.

Para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse, el auto impone fianzas de 5 millones de euros al exconsejero y a su número dos; de 4,3 millones a Alfonso Carlos Sánchez, y de 700.000 euros a Víctor Manuel Muñiz y decreta el embargo de bienes si no se prestaran.

Tras una rebaja de penas por parte del Tribunal Supremo, Riopedre fue condenado por el Caso Marea a cinco años y dos meses de prisión; Otero, a cinco años y cinco meses; Víctor Manuel Muñiz, a cinco años y dos meses, y a Alfonso Carlos Sánchez, a dos años y ocho meses.

Tanto Riopedre, de 82 años, como Otero, cumplen la pena fuera de prisión por motivos de salud, mientras que los dos empresarios siguen encarcelados. Los condenados por el Caso Marea ingresaron en prisión para cumplir sus respectivas penas en octubre de 2019, poco después del pronunciamiento del Supremo, informa Efe.