El avance social con el que Asturias adelanta 15 años a Estados Unidos

A finales del pasado mes de octubre, la ciudad de Chicago en EEUU anunciaba que se disponía a iniciar uno de los más ambiciosos proyectos de renta básica del país norteamericano: 500 dólares al mes durante un año a 5.000 hogares con ingresos bajos que se distribuirían por sorteo entre la población con una renta inferior a 35.000 dólares anuales. En Minnesota, la ciudad de Saint Paul ha lanzado un programa piloto para 150 familias con escasos ingresos que reciben 500 euros al mes durante un año y medio. En California y en Virginia distintos programas experimentan con montos que rondan los 500 dólares al mes. Las iniciativas sobre una renta mínima garantizada empiezan a ser cada vez experimentos menos excentricos en diversas latitudes, a lo largo de esta semana la Universidad de Oviedo ha acogido unas jornadas de debate sobre estas prestaciones. Pero lo cierto es que Asturias ha sido pionera, si no en una ayuda básica universal, sí en un modelo de prestación, el Salario Social, que antes del nacimiento del Ingreso Mínimo Vital, servía de apoyo a alrededor de 20.000 unidades familiares en el Principado. 

Con 15 años de existencia, un desembolso global para las arcas asturianas en estos tres lustros de más de mil millones de euros, el balance del Salario Social ha tenido que superar varios envites: la puesta en cuestión sistemática del espectro político conservador que lo considera una sopa boba que disuade de buscar empleo; también una sobrecarga de receptores por dos crisis gigantescas sucesivas, la Gran Recesión de 2008 y la pandemia del coronavirus; y también los problemas que ha ocasionado la compaginación de la prestación asturiana con el despliegue del IMV estatal que no han sido pocas incluyendo choques con la Seguridad Social.

«Cuando se crea el Salario Social en 2005 se hace en un contexto económico favorable, pensado para personas en riesgo o situación ya de exclusión social y hasta se llega a cuantificar que supondría un gasto de unos 19 millones», explica el profesor de Sociología de la Universidad de Oviedo, Juan Manuel Parrilla, «pero se quedó completamente desbordado porque llegó la crisis de 2008 y no es que tuviera un problema de estar mal diseñado sino que todos los agujeros que deja el sistema de protección social que tenemos en España acaban aquí, porque aquí tenemos al última red. Hemos tenido que usar el Salario Social para muchas situaciones que no eran de exclusión social o de pobreza clásica, sino de personas que primero perdieron el empleo, y luego perdieron el subsidio de desempleo, la crisis se prolongaba y así acabaron en el Salario Social muchísimas personas que no tenían ese perfil de exclusión».

Antes de la llegada de la pandemia el Salario Social suponía un monto de unos 100 millones de euros anuales en los presupuestos asturianos, también justo en los dos ejercicios anteriores a la llegada del covid empezaba a bajar el número de usuarios de la prestación tras años de subidas en la crisis de la pasada década. El impacto de los confinamientos todavía está por calcular en toda su medida, el último indicador Pobreza y Exclusión Social, AROPE, ofrecía malas noticias para la comunidad: por primera vez en la historia superaba la media estatal en índice de pobreza, con un 27% de la población frente al 26,4% de media en España.

En plena sucesión de confinamientos y prórrogas de estados de alarma se lanzó desde el Estado el Ingreso Mínimo Vital pero con un encaje no exento de dificultades respecto a las prestaciones autonómicas. En un inicio desde el Principado se intentó tramitar directamente el trasvase de usuarios de una a otra y la Seguridad Social terminó por vetarlo para perjucio de las personas dependientes de esta ayuda. Asturias mantuvo el Salario Social para quien lo necesitara mientras terminaba de desplegarse el IMV, pero más de 3.000 personas que llegaron a cobrar ambas o parte de ambas deberá devolver una parte. Lo que ha generado más disgustos.

Los últimos datos disponibles por parte de la Consejería de Derechos Sociales son que en Asturias hay 12.720 titulares del Salario Social; 2.826 del Ingreso Mínimo Vital y 6.334 titulares que cobran ambas prestaciones ya que en determinados casos es posible. La prestación asturiana tiene una cobertura más amplia (no tanto en cuantía como que permite acogerse a ella a más personas sin excluir, por ejemplo, a quien cobre pensiones no contributivas). Asturias, que nunca se planteó (a diferencia de otras comunidades pedir las competencias sobre la gestión del IMV) pensaba desahogar buena parte de sus cuentas para destinar esos fondos a la Ley de Dependencia, pero a día de hoy todavía se hace cargo del doble de personas que la prestación estatal.

«Nadie diseñó el proceso de transición entre un modelo y otro por prisas políticas del Gobierno y es lo que estamos viendo es que esta medida estrella del IMV se está manfestando como muy limitada», indicó Juan Manuel Parrilla quien apuntó además que lo que ha tenido que abarcar el Salario Social ha terminado por generar «una insatisfacción muy grande, en los usuarios, en los gestores, en los trabajadores sociales que iban a tener una tarea de acompañamiento. Se le ha creado peor prensa de la que merece porque ha tenido que pagar las consecuencias de un mal sistema de protección social en España y cada vez que recortamos el subsidio de desempleo estamos generando luego la necesidad de recurrir a otros dispositivos como estos cuando la gente se queda sin nada».

Y es que el Salario Social sin llegar a ser una renta básica garantizada sí fue pionero en considerarse un derecho subjetivo, un doble derecho por un lado a la prestación y también para contar con «los apoyos necesarios en el proceso de inclusión social». Y aún así todavía a buena parte de la población y algunos partidos, insisten en ligarlo a la búsqueda de empleo de manera que la pierda quien no lo consiga. Con estos mimbres ¿podría darse el salto a una renta básica universal, para todos?

«El dinero que se da a los pobres siempre parece sospechoso, yo no digo que no haya que descuidar la inserción laboral,  pero es una forma de estigmatizar al perceptor que puede ser cualquier ciudadano que ha tenido un mal paso, que se ha quedado sin empleo», señala el sociólogo. «Debemos pensar que el camino de acceso a medios económicos por el empleo esta cerrado para una parte de la población, por la exclusión social o la precariedad. La renta básica incondicional garantiza una igualdad real de oportunidades porque no te pone en situaciones límite. Es verdad que las dificultades técnicas para implantarla son importantes pero más aún son las de mentalidad. Hay que abrir ese debate sin fundamentalismos. No podemos pensar que vaya a ser el gran remedio y panacea; pero hay que estar atentos a las experiencias de otros sitios y abrirlo junto al debate del reparto del empleo, que en Francia en los 90 se llegó a legislar».

La red social asturiana

Según la descripción de la Consejería de Derechos Social, la red social asturiana se reparte en varias vertientes: 

• 1. Salario social básico. La renta mínima autonómica tiene una de las mayores coberturas de España ?solo superada por País Vasco y Navarra- y beneficia a 19.162 familias. Para este año, está prevista una dotación que supera los 82 millones y desde su puesta en marcha se han invertido más de mil. Derechos Sociales afirmó que «este año se han dado pasos fundamentales hacia un objetivo básico: facilitar la incorporación al mercado laboral de las personas que reciben el salario social. Para ello, se han firmado convenios de colaboración con el Servicio de Empleo, con el Grupo Tragsa y con la Fundación Laboral de la Construcción y en breve se hará lo mismo con asociaciones empresariales del ámbito de los cuidados domiciliarios a mayores».
• 2. La Ley 3/2021, de 30 de junio, de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales entrará en vigor el próximo año y permitirá eliminar cargas burocráticas y garantizar un mínimo de igualdad en todo el territorio. «En definitiva, ayudará a atender a quien lo necesite y cuando lo necesite y permitirá compatibilizar diferentes prestaciones. Esta norma, que defiende la igualdad, la eficacia y la agilidad, será un paraguas para dar cobertura a la población más vulnerable».
• 3. Ingreso mínimo vital. «Hemos colaborado con el Gobierno de España para la puesta en marcha de esta prestación, otro hito para ampliar el estado de bienestar en todo el territorio nacional. En estos momentos, 9.170 personas perciben ya en Asturias esta renta estatal».
• 4. Vivienda. El acceso a la vivienda es uno de los retos esenciales para reducir la pobreza y combatir la exclusión social, «por eso hemos sido pioneros en el desarrollo del programa Housing First para personas sin hogar. Actualmente contamos con 36 viviendas para este fin, a las que se sumarán 5 más en Gijón el próximo año. Disponemos del segundo mayor parque público de viviendas por habitante después de Extremadura: 9.582 inmuebles en los que los inquilinos pagan una media de 77 euros».
• 5. Inversión. «En total, destinamos más de 101 millones a la lucha contra la pobreza y la exclusión, una partida que engloba, entre otras actuaciones, el salario social básico, las ayudas de emergencia, los alojamientos alternativos, las ayudas contra la pobreza energética e infantil o las subvenciones a oenegés con cargo a la casilla solidaria el IRPF, cuya próxima convocatoria alcanzará los 6,6 millones para financiar programas que gestionan más de 130 oenegés».
• 6. Colaboración. «El Principado no combate la pobreza en solitario, sino en constante colaboración con otras entidades para ganar en eficacia. Por ejemplo, con el Gobierno de España, que en 2020 aportó ayudas por valor de 2,6 millones a 32.874 hogares con el bono social térmico; con las administraciones locales, que gestionan las ayudas de emergencia; y con las entidades del tercer sector».