Cómo recuperar el dinero pagado en el Huerna si la UE declara ilegal la prórroga del peaje

La Comisión Europea se ha pronunciado sobre la ilegalidad de la prórroga del peaje de la AP-9 en Galicia y su resolución puede tener consecuencias en Asturias, concretamente en el Huerna (AP-66). La similitud de los procesos -la ampliación de la concesión fue otorgada por un Gobierno del PP, con Francisco Álvarez-Cascos de Ministro de Fomento, sin concurso público- ha provocado una cascada de reacciones en el Principado. El Ejecutivo autonómico ha explicado que está estudiando el caso por si se puede tomar algún tipo de medida, mientras que Podemos ya ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea y otra ante el Supremo para que se declare ilegal la prórroga. Además, la formación morada pide a los usuarios que guarden los tiques para reclamar en el supuesto de que la justicia europea se pronuncie. ¿Podré recuperar el dinero pagado en ese peaje? ¿Será con carácter retroactivo? Así analizan la situación desde Podemos.

Desde la formación morada explican que la asociación gallega que denunció la concesión en la AP-9 plantea la posibilidad de que se devuelva el dinero pagado «amparándose en el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público». Según la asociación denunciante del peaje, En colectivo, esperan la anulación de las prórrogas de concesión de la AP-9 y reclamarán los peajes cobrados desde 2013 -fecha en la que debería haber finalizado la concesión si no se hubiera ampliado-.

El colectivo gallego, recuerdan desde Podemos, asegura que «el objetivo de esta asociación es que, además de anularse la ampliación de concesión y dejar de pagar peajes, los usuarios puedan reclamar lo que se les ha cobrado desde 2013». Es decir, en el caso de Asturias, las reclamaciones serían por el periodo posterior a la prórroga, no con carácter retroactivo. En la práctica, esto supondría que se devolviese el dinero a partir del 17 de octubre deeste año, que es cuando finalizaría el peaje si Cascos no hubiera prorrogado la concesión.

En Colectivo explica que Audasa, según datos de la propia compañía, factura unos 140 millones de euros al año por la concesión de la AP-9. Si se multiplica por los 8 años transcurridos desde 2013, la cifra supera los 1.100 millones; y si se tiene en cuenta el período 2013-2023 (de la prórroga otorgada en 1994), se elevaría a 1.400 millones de euros. En Colectivo considera que «en caso de que la justicia europea dicte sentencia y obligue al Gobierno español a invalidar las prórrogas de las concesiones, se realizarán los trámites necesarios para iniciar una demanda colectiva contra Audasa o contra la Administración competente, reclamando la devolución de los peajes pagados de forma indebida por todos los usuarios de esta autopista desde el año 2013».

Podemos sostiene que en el caso actual se trata de la anulación de un acto administrativo. «La responsabilidad patrimonial por anulación de un acto administrativo tiene una profunda jurisprudencia que apoya pensar que es viable jurídicamente la devolución de las cantidades cobradas ilegalmente en el Huerna a partir del 17 de Octubre de 2021», defiende la formación morada.

Podemos basa su planteamiento, al igual que la plataforma En Colectivo, en el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.