Asturias recurrirá la prohibición de caza del lobo porque hace «inviable» el control de población

El Gobierno del Principado recurrirá «con toda la contundencia» la inclusión del lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) al considerar que genera «inseguridad jurídica» para la aplicación del plan de gestión autonómico.

El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado, Alejandro Calvo, ha advertido de que esta catalogación «introduce una incertidumbre que hace prácticamente inviable la realización de controles» de la especie.

Por ello, de forma paralela a la presentación del recurso, el Principado pedirá al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) que concrete «el impacto directo» que tendrá esta medida sobre el plan de gestión autonómico para el periodo 2021-2022

Calvo ha defendido dicho plan de gestión, se basa en «análisis rigurosos de los censos de la especie» e incluye medidas preventivas de los daños causados por la especie en la ganadería, pero también cuenta con la posibilidad de realizar controles poblacionales «cuando los daños son recurrentes y no hay otra alternativa».

«El lobo no se caza en Asturias, lo que hacemos es gestionar la especie para favorecer la convivencia con la ganadería extensiva», ha defendido el consejero asturiano, para quien la catalogación previa a la renovación de la estrategia nacional «es un error porque genera inseguridad sobre la posibilidad de seguir gestionando».

Calvo, quien ha afirmado que en otras especies se ha hecho una moratoria durante años para poder adaptar las herramientas de gestión, ha insistido en que Asturias seguirá defendiendo su marco de gestión porque, aunque mejorable, ha sido «útil para este fino equilibrio entre la conservación de la especie y el daño a la ganadería».

El Plan de Actuaciones de Control del Lobo para el periodo 2021-2022, aprobado el pasado mes de julio, establecía la posibilidad de abatir hasta 32 ejemplares en 18 meses, uno más de los extraídos durante el anterior programa bianual de actuaciones, que finalmente se prolongó hasta la primera mitad del presente ejercicio y que autorizaba un máximo de 42 extracciones; según recogió EFE.

Capricho de Ribera

Por su parte, la portavoz de la Plataforma en Defensa de la Gestión del Lobo «Convivencia Lobo. Ganader@ Viv@», Mercedes Fernández, cree que la protección del lobo ibérico y su consecuente prohibición de cazarlo responde a un «capricho caciquil» de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La plataforma representa los intereses de cerca de 40 entidades del mundo rural español y su portavoz ha lamentado, en declaraciones a Efe, que finalmente se haya publicado en el BOE este martes la Orden por la que se incluye al cánido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y que «hayan dado igual las consecuencias».

«Nadie, salvo la plataforma, ha hecho nada» por evitarlo y «sabían que iba a pasar», ha señalado en referencia a las comunidades autónomas más afectadas (Castilla y León, Galicia, Principado de Asturias y Cantabria).

Ahora se pregunta «quién protege» a los ganaderos afectados y ha asegurado que se «harán oír», como ya lo hicieron en junio cuando se concentraron frente a la sede del Miteco.

Además, ve una «traición la forma en que se ha publicado» la Orden «aprovechando» que el foco mediático está «en otra desgracia -en referencia a la erupción del volcán de Cumbre Vieja- para colarlo» en el BOE.

Es una práctica que «llevan haciendo desde el principio» con este asunto, ha apostillado.