La Fiscalía no ve delitos en la gestión de Gitpa y pide el archivo

La Fiscalía del Principado de Asturias ha remitido al juzgado de instrucción número 4 de Oviedo un informe por el que solicita el sobreseimiento provisional de las diligencias previas incoadas por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental presuntamente cometidos en la gestión de la sociedad Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias (Gitpa), al considerar que no queda debidamente justificada la perpetración de los hechos.

El delito de prevaricación se refería a la supuesta relación a la alteración, sustancial, del contenido de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, vulnerando el contenido de la encomienda de gestión, al introducir la limitación a 15 años de los derechos de uso de la infraestructura construida. Por otro lado, los delitos de malversación y falsedad documental se referían a facturar mayor cantidad de obra de la realmente ejecutada, justificándolo mediante la alteración o elaboración de certificaciones de obra.

«No estamos ante una ilegalidad patente y grosera, tal y como exige el delito de prevaricación», concluye el informe de Fiscalía, que tampoco ve pruebas de malversación y comenta que, en todo caso, los datos deberán analizarse en la vía administrativa y, en su caso, por la vía contencioso-administrativa y de responsabilidad contable. No aprecia dolo. En cuanto a la falsedad de certificaciones de obra, la Fiscalía señala que la corrección de las partidas certificadas y sus posibles errores es también una cuestión administrativa.

«No queda acreditada la concurrencia de los presupuestos de los delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental, por lo que procede el sobreseimiento provisional solicitado, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y contables a las que pudiera haber lugar», concluye el fiscal.

La gestión de Gitpa fue objeto hace años de una comisión de investigación en la Junta General del Principado de Asturias. El pleno aprobó un dictamen en el que señalaba que hubo una ausencia total de control por parte del Gobierno asturiano. Consideraba además que existían responsabilidades políticas del expresidente del Gobierno asturiano, Vicente Álvarez Areces, y otros tres consejeros asturianos.

Eran Ana Rosa Migoya, que presidió Gitpa de octubre de 2007 a 2011, Graciano Torre, que fue consejero de Economía y Empleo y presidente la sociedad de 2012 a 2015, y de Francisco Blanco, que fue consejero de Empleo y Turismo y presidió Gitpa de 2015 a 2017. El texto fue aprobado en el pleno con los votos de PP, Podemos y Ciudadanos, mientras que PSOE, IU y Foro votaron en contra.

Las conclusiones aprobadas consideraron que probablemente Gitpa fue creada precisamente para eludir controles y que ha habido una actuación «poco diligente» con hechos que incluso podrían ser constitutivos de delito en la gestión de la empresa. Según el dictamen, no hubo controles públicos en la construcción de diferentes redes troncales.