¿Podría ser Asturias la Bretaña española, libre de peajes?

El Gobierno asturiano reclamó este viernes que se considerara al Principado por su «excepcionalidad» como un territorio en el que los planes del Ejecutivo central para extender el cobro de peajes a la totalidad de las autopistas supondría un castigo excesivo. Aunque las tasas en autovías son comunes en varios países europeos, y entre ellos Francia, lo cierto es que el país vecino también tiene su propia excepción periférica, la región de Bretaña donde no se aplican.

Las causas de este excepcionalidad histórica está rodeadas de leyenda. Algunas versiones la quieren remontar al siglo XVI con la llegada al trono como consorte de la duquesa Ana de Bretaña que terminó por unir el ducado al reino de Francia no sin antes haber exigido que en los tratados se reconociera la gratuidad libre de impuestos de los caminos bretones en sus antiguas rutas comerciales. Este privilegio se habría mantenido hasta el fin del Antiguo Régimen con la Revolución Francesa. Pero no es cierto, sólo es un mito. Otra versión de la leyenda retrocede a un tiempo más cercano, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial con la épica del Desembarco de Normandía de tal manera que el general De Gaulle habría dejado a la región libre de este tipo de tasas para compensar las enormes pérdidas humanas y materiales del territorio en el conflicto. Pero tampoco es cierto aunque en esta variante la explicación sí que hay algo verdadero: el protagonista.

Efectivamente, si Bretaña está libre de peajes es por una decisión del general, ya presidente de la república, Charles De Gaulle, pero no por la guerra contra los nazis sino por las protestas que se sucedieron en mayo de 1968. En París, los jóvenes de la Sorbona buscaron la playa bajo los adoquines y pidieron prohibir prohibir, pero al norte en Bretaña, los movimientos civiles de la comunidad, agrupados como Comité d’étude et de Liaison des Intérêts Bretons (CELIB) presionaron para promover medidas que rompiera el aislamiento de la región con un plan de carreteras que la comunicara con el resto del país y que finalmente fue aceptado y aprobado por el Ejecutivo galo.

En la reclamación asturiana pesan argumentos parecidos, también el Principado es una comunidad periférica que arrastra desde hace décadas retrasos prolongados en algunas infraestructuras relevantes. En su valoración de este viernes, la portavoz del Gobierno asturiano, Melania Álvarez, destacó que «el peaje no puede ir directamente contra los usuarios en un territorio como Asturias» y añadió que  la red de autovías estatales es «muy limitada» en el Principado y que dos de las autopistas de la comunidad (la AS-I y la AS-II) son de titularidad autonómica. A todo ello se suma, según recalcó Álvarez, que Asturias ya tiene que pagar una elevado y prolongado peaje por su única conexión por autopista con la meseta a través del Huerna.

Y no es poco. El plan del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, remitido a Bruselas dentro del plan de reconstrucción y resiliencia frente a la crisis generada por el coronavirus, contempla el cobro de un céntimo por kilómetro en las autopistas estatales dejando a las comunidades la posibilidad de imponer la misma tasa en las vías de titularidad autonómica (dos en el caso de Asturias, teniendo en cuenta además que la AS-II ya tiene un peaje en la sombra al pagar el Principado a la empresa que gestiona su explotación). Así, los precios que tendrían que pagar los asturianos por circular entre los principales núcleos urbanos de la comunidad rondarían los 0,3 euros y hasta 4 para trasladarse a Madrid. Pero en ese tránsito habría que añadir el peaje que ya se paga en el Huerna (13 euros para turismos y entre 17 y 21 para los vehículos pesados) y que además tiene una concesión prorrogada hasta el año 2050.

La directiva europea del año 2011 que propone la extensión de los peajes a la totalidad de las vías señala también la importancia de tener en cuenta las peculiaridades de los territorios periféricos. Así, el texto de 2011 recoge que «al determinar la red sobre la cual se aplica un gravamen por costes externos, los Estados miembros deben poder optar por no percibir gravámenes por costes externos sobre determinadas carreteras a fin de mejorar el acceso a las regiones periféricas, sin litoral e insulares así como la competitividad de estas». 

El pasado jueves, el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Gobierno de Asturias, Alejandro Calvo, reclamó que, al menos se tuviera en cuenta una exención para el transporte profesional. El términos similares se pronunció el viernes el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, según citó la agencia, Efe, indicando que el Gobierno está dispuesto a debatir las compensaciones por el pago de los peajes en las carreteras que ha planteado en el plan de recuperación, sobre todo para los transportistas profesionales.

Saura ha recordado que la introducción de los peajes está prevista para 2024 y no antes, para evitar que coincida con la crisis económica derivada de la covid.

A su juicio, el pago por uso en las carreteras es un medida «coherente» cuando España está pidiendo fondos a la Unión Europea para infraestructuras y en un momento en que ya muchos países de la Unión aplican este tipo de peajes.

La medida solo se pondrá en marcha si hay un amplio consenso político, económico y social, especialmente con el sector del transporte profesional, con el que el Gobierno ya está trabajando en un plan de modernización y en ese marco debatirá los peajes.

El secretario de Estado defiendió que se trata de una medida «justa» porque pagarán por las carreteras aquellos que la usan, y por tanto contaminan, y entiende además que incentiva el trasvase hacia otros modos de transporte menos contaminantes, como el tren.