Salud niega disticiones con los mutualistas y dice que se les han administrado más de 5.000 dosis

El consejero de Salud, Pablo Fernández, ha asegurado este lunes que «no se ha hecho distinción» entre los usuarios de seguros privados y de la sanidad pública en la campaña de vacunación contra la covid-19.

Así lo ha afirmado en comisión de la Junta General en respuesta a una pregunta formulada por el portavoz de Foro, Adrián Pumares, sobre qué actuaciones se están llevando a cabo para garantizar que los beneficiarios de Muface están siendo correctamente incluidos en los planes de vacunación.

«Se vacuna en tiempo y forma, una vez que le toque al grupo (prioritario) al que pertenece, independiente de su aseguramiento», ha puesto de manifiesto Fernández antes de apuntar que hasta el 22 de abril han recibido la primera dosis de alguna de las vacunas 5.339 mutualistas.

El consejero ha asegurado que Salud ha solicitado el listado de todos los mutualistas para incluirlos en la campaña, en función del grupo etario, entre los que se incluyen los profesionales esenciales.

En su respuesta, Pumares ha afirmado que Muface cuenta con una versión distinta sobre este asunto y ha acusado al consejero de aplicar «propaganda y marketing más que otra cosa».

Por su parte, el portavoz de Podemos, Daniel Ripa, ha criticado en la formulación de una pregunta al consejero que el Gobierno del Principado no ha facturado 4,4 millones de euros a los centros sanitarios y socionitarios por materiales suministrados durante la pandemia, de los que más de 3 corresponden a PCR.

El dirigente de la formación morada ha respaldado que en un momento de «emergencia» se haya dotado a estos centros de material de protección, pero ha criticado que Salud «se haya olvidado» de cobrar por ello.

En este punto, Ripa ha afirmado que el Gobierno del Principado está aplicando la misma política que Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

El consejero le ha respondido asegurando que el objetivo era proteger a los colectivos más vulnerables, «sin discriminación alguna», independientemente de si se trataba de un centro concertado o privado.

«Es difícil de creer que diga que hacemos la misma política que Ayuso. Es evidente que no y es una planteamiento un poco ridículo», ha apuntado.

Por último, la diputada de Vox Sara Álvarez ha preguntado a Fernández qué criterios se han aplicado para que no se haya considerado personal de riesgo preferente a los lesionados medulares y personas con enfermedades neurológicas en la campaña de vacunación.

El consejero ha recordado que la estrategia se ha diseñado a nivel nacional y se ha priorizado a los colectivos «en base a criterios éticos y evidencias científicas», teniendo en cuenta como principal factor la edad; según recogió EFE.

Por otra parte, Pablo Fernández, ha afirmado que la remesa de 80.000 mascarillas reutilizables que el pasado mayo adquirió el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) para repartir entre los trabajadores públicos cumplieron con la normativa que exigía entonces la Unión Europea (UE).

En relación a una pregunta del diputado de Podemos Asturies Daniel Ripa sobre qué medidas ha llevado a cabo su Consejería para asegurar la efectividad y grado adecuado de protección de las mascarillas facilitadas a los empleados públicos desde el Gobierno, Fernández ha reafirmado que «en todo momento se comprobó» su efectividad.

Ha indicado que las mascarillas de las que responsables del área VII reprobaron su eficacia no eran las que se corresponden con esa partida de 80.000 que fueron adquiridas en mayo del pasado año mediante trámite de urgencia por el Sespa a petición de la Consejería de Presidencia por 176.000 euros y que fueron entregadas a los trabajadores públicos.

En este sentido, el consejero ha dicho que éstas mascarillas soportaron los controles y las comprobaciones sobre la documentación de procedencia pertinentes por parte de los técnicos del Sespa y de Prevención de Riesgos Laborales.

Por su parte, el secretario general de Podemos ha subrayado que un informe elaborado por un laboratorio independiente, a petición de CCOO, señaló que las citadas mascarillas no cumplen con los requisitos mínimos de respirabilidad y filtración bacteriana que exige la normativa vigente ni se corresponden con los datos del fabricante, además de no soportar la seguridad tras cincuenta lavados.

En relación a otra pregunta de Ripa sobre qué controles se exigieron a quienes aterrizaron en el aeropuerto de Asturias durante los meses de diciembre y enero, y en especial que pruebas PCR se exigieron o realizaron, el consejero ha apuntado que se ejecutaron 215 pruebas a viajeros procedente del Reino Unido con un saldo de un único caso positivo de coronavirus.

Además, ha indicado que antes de la Navidad se realizó un cribado para las personas allegadas que volvían a hogares con personas mayores de 65 años con 5.574 PCR y un resultado de 55 casos positivos.

En cuanto a estos mismos análisis realizados en relación a las fiestas de Semana Santa, el consejero ha señalado que se realizaron 2.725 PCR y se detectaron 37 casos positivos que eran asintomáticos.

En respuesta a otra pregunta de Ripa sobre el «injusto cobro» por el servicio de televisión en las habitaciones de los hospitales, el consejero ha remarcado que en Asturias se aplica el modelo establecido en la mayor parte de los hospitales públicos del país, en el que las empresas adjudicatarias se encargan de la instalación y mantenimiento de las televisiones, lo que permite priorizar el destino de los recursos públicos en la atención de los pacientes.

El portavoz de la formación morada ha advertido de que las empresas adjudicatarias «es están forrando», con una recaudación anual de medio millón de euros, «por un servicio gratuito», el de la emisión de canales en abierto.

Fernández ha recordado que el pasado otoño se estableció la gratuidad del servicio «para amenizar la situación de los enfermos» ante la imposibilidad de recibir visitas y que el servicio sigue siendo gratis en las zonas de hospitalización covid.

El consejero, quien ha considerado que el servicio de televisión «puede considerarse como complementario», ha insistido en que la gestión directa de este servicio «detraería» del sistema recursos que deben de tener el objetivo prioritario de la asistencia sanitaria.