Dos exdirectivos del Matadero Central a juicio por ocultar 2,5 millones de euros
Asturias
La Fiscalía les acusa de mantener una doble contabilidad entre 2011 y 2013 por importe de 2,5 millones por compras y ventas no declaradas a Hacienda y la emisión de facturas falsas
19 Apr 2021. Actualizado a las 14:01 h.
El Juzgado de lo Penal 1 de Oviedo acogerá mañana, martes, el juicio contra dos antiguos directivos de la empresa Junquera Bobes, que gestionaba el Matadero Central de Asturias, en Noreña, acusados de mantener una doble contabilidad entre 2011 y 2013 por importe de 2,5 millones por compras y ventas no declaradas a Hacienda y la emisión de facturas falsas.
La Fiscalía solicita una pena individual de dos años y seis meses de prisión por su presunta autoría en un delito contable y un delito continuado de falsedad en documento mercantil.
Los acusados son el que fuera presidente del Consejo de Administración de la empresa Junquera Bobes en el período comprendido entre el 1 de julio de 2009 y el 18 de diciembre de 2014 y la directora general de la empresa que ejerció como consejera entre el 17 de junio de 2008 y el 13 de enero de 2015.
La Fiscalía sostiene en su escrito de calificación que ambos acusados, al menos desde el 6 de julio de 2011 y durante los años 2012 y 2013, pese a tener conocimiento de la obligación de llevanza de libros y contabilidad, no contabilizaron en los libros oficiales una parte relevante de la actividad comercial de la empresa y llevaron a cabo un sistema paralelo.
El Ministerio Fiscal asegura que no contabilizaron 1,4 millones en el segundo semestre de 2011, un total de 658.285 euros en el año 2012 y 488.635 euros en 2013.
Esta “contabilidad B” fue decidida, según la acusación, por ambos procesados dada su condición de directivos de la empresa.
Asimismo, según consta en el escrito, al menos desde el 6 de julio de 2011 y hasta el final del año 2013 ambos acusados decidieron poner en marcha un sistema para que los ingresos recibidos en la actividad de ventas sin contabilizar se integrasen nuevamente en la contabilidad oficial.
Para ello, «de forma artificiosa y sin obedecer a actividad mercantil ninguna», añade la Fiscalía, ordenaron la emisión de numerosas facturas a empresas de su confianza, a quienes simultáneamente les entregaban el dinero que debían recibir de ellas en metálico y que posteriormente recibían de forma ordinaria.
La Fiscalía pide que a la pena individual de dos años y seis meses de prisión se sume el pago de una multa de 6.000 euros.