El PSOE de Avilés suspende de militancia a Álvaro Álvarez

El PSOE de Avilés ha informado este domingo de que el actual secretario general de la Agrupación Socialista de Avilés, Luis Fernández Huerga, ha aceptado la petición de suspensión de militancia que le trasladó Álvaro Álvarez, militante del socialismo avilesino desde la transición, además de dirigente local.

Esta petición de suspensión está relacionada con el traslado a la Fiscalía de un escrito en el que relaciona a Álvaro Álvarez con un supuesto intento de intermediación en el proceso de licitación del contrato para la demolición y urbanización de los terrenos de las antiguas baterías de Cok de Avilés.

Álvarez fue viceconsejero del Sector Público del Gobierno asturiano, diputado regional en la Junta General del Principado de Asturias y secretario general del PSOE de Avilés.

Huerga ha explicado que Álvarez le trasladó por la mañana su deseo de causar baja como militante del PSOE de Avilés para no perjudicar al partido, en el que milita desde 1975 «con una trayectoria ejemplar».

Según el actual dirigente del PSOE de Avilés, es una decisión «que le honra». Será una suspensión temporal a la espera de que se esclarezca el proceso. Huerga ha expresado su deseo de que este proceso «se aclare cuanto antes y quede despejada cualquier duda sobre su supuesta participación»; según recogió Europa Press.

Álvaro Álvarez, ha considerado «poco sólido y nada creíble» que se le atribuya «una capacidad de influencia» de la que carece «por completo» en el procedimiento de contratación de las baterías de coque de Avilés dado que no ejerce ningún papel ni representación instistucional, según recogió Efe.

Álvarez se expresado así en un comunicado después de que la Fiscalía abriera diligencias tras la denuncia presentada por los responsables del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) enviaran a la Fiscalía al ser informados por una empresa de un presunto intento del ex dirigente político de intentar cobrar una comisión por intervenir en esa licitación.

El que fuera secretario general del PSOE de Avilés durante dos décadas señala que ese proceso «corresponde exclusivamente a una empresa de la administración general del Estado», Sepides, y recuerda que actualmente se encuentra jubilado «y fuera de cualquier ámbito de decisión tras una conocida e intachable trayectoria como representante público».

Álvarez, que se pone a disposición de la Fiscalía para aclarar cualquier supuesto y contribuir a que se resuelva el proceso, admite que mantuvo un encuentro informal el 31 de diciembre con representantes de Lezama Demoliciones y de Constructora Los Álamos -que optan como UTE a la licitación- a iniciativa de ésta última como contratista habitual de la compañía vizcaína en Asturias.

Dicho encuentro, asegura, se produjo por el interés de Lezama en conocerlo y de ambas empresas en conocer su opinión sobre el proceso de adjudicación de las obras que SEPIDES desarrolla en los terrenos de Baterías dado que eran la única aspirante al contrato que incluía a una empresa asturiana y que la empresa local gestionaría el hierro y chatarra de la demolición.

Además, incide en que en aquel momento SEPIDES ya había hecho público que tres de las empresas que presentaron sus propuestas al concurso estaban admitidas y que en ese encuentro «la propia Lezama reconoció que estaban muy bien posicionados y tenían muchas posibilidades de ganar el concurso» lo que hace, a su juicio, «todavía más incomprensible» el supuesto intento de intermediación que «falsamente» se le atribuye.

«Es falso que yo me ofreciera para influir ni intermediar en favorecer sus intereses en el concurso. De hecho, y según la información publicada, el propio escrito que la mesa de contratación envía a la Fiscalía confirma que no se produjo en todo el proceso ningún tipo de injerencia por mi parte», añade Álvarez.

Según el ex secretario general del PSOE avilesino, que ha sido suspendido temporalmente de militancia a petición propia en su partido, subraya que ni los hechos que se le atribuye se produjeron ni él se ofreció para llevarlos a cabo «y mucho menos, a cambio de ningún tipo de contraprestación».

La denuncia se registró esta semana y ya se han abierto las diligencias con el nombramiento de un fiscal instructor para investigar un posible delito de tráfico de influencias, al margen de que esa calificación pudiera modificarse a lo largo de la investigación.