Una caravana de coches para acabar con el atasco de la temporalidad en la administración pública

Hay silencios atronadores, incendios que hielan la sangre y caravanas que pueden contribuir a acabar con un atasco. Al menos esta es la intención de los trabajadores públicos temporales, que este domingo volverán a protestar en toda España, también en Asturias, para exigir a las diferentes administraciones que «cumplan la ley» y que no saquen oposiciones de plazas que están ocupadas por temporales hasta que «se regularice su situación». Según cifras de los convocantes de la protesta, en la comunidad autónoma hay unos 12.000 interinos.

El colectivo de afectados por esta temporalidad está formado por empleados de muy diversa índole, pero todos ellos son trabajadores públicos temporales de todas las administraciones del Estado: Educación, Sanidad, Justicia, Administración General y Local, Trabajadores Sociales, Policía Local, Bomberos, Forestales… Antonio Navarro, presidente de SINTTA (Sindicato Nacional de Trabajadores Temporales de la Administración) y promotor de la Agrupación de Trabajadores Temporales Públicos «Unión TTPs», que integra a más de 70 entidades de trabajadores temporales de todo el territorio nacional, ejerce como portavoz y es el encargado de explicar sus demandas.

«Denunciamos el uso abusivo de las contrataciones temporales que sufrimos por parte de las administraciones» afirma Navarro, quien defiende que «se incumple sin sanción la norma española y el derecho comunitario que protege a todos los trabajadores y previene el uso abusivo de los contratos». Según añade, esto sí ocurre en el sector privado, «donde hay multa para el empleador que abusa y fijeza en el empleo para el abusado».

El colectivo sostiene que los distintos gobiernos «han abusado de los contratos temporales para necesidades estructurales del sistema, han incumplido consciente y reiteradamente el derecho europeo (que prima sobre toda normativa nacional) y el español, causando una situación de abuso en la contratación temporal de dimensiones dantescas». Según sus cálculos, en toda España pueden estar afectadas unas 800.000 personas y familias, 12.000 en Asturias.

Para corregir esta situación, Navarro detalla que el colectivo pide «que la administración cumpla con la normativa vigente, que ejerza funciones de inspección y control de legalidad sobre sus propias contrataciones temporales, que se ponga fin al despido libre y gratuito y que se paralicen las ofertas de empleo que incluyan plazas ocupadas por personal temporal hasta que se controle su legalidad». Sobre este último punto especifica que «no estamos en contra de los procesos selectivos para acceder a la función pública, eso es un derecho que tenemos todos los españoles. De lo que estamos en contra es de que se saquen a oferta las plazas que ya ocupamos los trabajadores contratados en abuso de temporalidad, sin haber dado antes solución al fraude laboral al que estamos siendo sometidos durante décadas».

Para argumentar su razonamiento, el portavoz afirma que este posicionamiento ya ha sido avalado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) «donde refleja que los procesos selectivos en igualdad de concurrencia no son válidos para resolver la situación de abuso, ya que se castiga aún más al abusado y no se sanciona al abusador». 

En definitiva, la solución que plantean al problema pasa por articular «un sistema de inspección que detecte los casos de abuso en la contratación y mediante una regularización administrativa se resarza a los trabajadores manteniéndolos en el empleo de forma fija». «Al igual que se realizan inspecciones en la empresa privada, pedimos que de igual modo se realicen en la administración para determinar aquellas personas que se encuentran en esa situación», añade.

Una vez detectados los fallos, piden que sea sancionado el empleador con una indemnización disuasoria y que se mantenga como permanente al empleado temporal. «Como en el ordenamiento jurídico español no hay estipuladas ni sanción ni indemnización en el caso de la administración pública, ya que los gobiernos se han negado durante los últimos 21 años a trasponer la directiva 1999/70, sólo nos queda como solución posible la fijeza en el empleo, que es lo que reivindicamos», afirma Navarro.

12.000 afectados en Asturias

Navarro explica las dificultades para conocer la cifra exacta de afectados en Asturias debido a que «solicitamos los datos al portal de trasparencia y a función pública, pero como no ha habido nunca una inspección ni se ha intentado calcular se hace harto difícil saber el número exacto». Sin embargo, según sus cálculos, basados en los porcentajes de interinidad del INE «creemos que el número rondaría en torno a los 12.000 empleados en el Principado».

No descartan la huelga

Convocados por el Movimiento Independiente #MI15F, una representación del colectivo se manifestó en Oviedo y 24 ciudades más el día 12 de diciembre frente a los parlamentos autonómicos. El 14 de enero hicieron lo mismo en más de 40 ciudades frente a las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno y este domingo volverán a hacerlo en una caravana de coches.

La siguiente movilización está fijada para el 15 de febrero, en conmemoración de la manifestación que hubo en Madrid el pasado año, con más de 14.000 temporales, y se prevén movilizaciones cada vez más periódicas. Pero además, las protestas pueden ir en aumento. «Estamos trabajando y valorando muy seriamente la huelga, dada la falta de voluntad que percibimos por parte de los gobiernos y la aceleración que estos están haciendo de los procesos selectivos. Compañeros de Canarias de sanidad y del resto de administraciones ya han empezado, y en muchas comunidades autónomas ya hay muchos compañeros que claman sumarse y hacer una huelga general. La cosa se está calentando por momentos», concluye Navarro.