9.000 asturianos deberán tramitar otra vez el nuevo Ingreso Mínimo Vital

Los 9.000 beneficiarios del salario social básico asturiano cuyas solicitudes para acogerse al nuevo Ingreso Mínimo Vital gestionado por el Gobierno central habían sido tramitadas ya por el Principado deberán presentarlas de nuevo a la Seguridad Social ante la controversia entre ambas administraciones sobre la certificación del proceso.

Así figura en una nota informativa de la Consejería de Derechos Sociales en la que anuncia su decisión de suspender el protocolo de actuación que venía aplicando desde la pasada primavera cuando entró en vigor la nueva prestación de ámbito estatal a la que el Principado preveía que se acogieran buena parte de los 21.000 beneficiarios del salario social asturiano.

Dado que los requisitos de ambas prestaciones era similares, el Principado generó un protocolo con el Instituto Nacional de Seguridad Social para el traslado de datos de perceptores del salario social, una posibilidad rechazada ahora por la administración central tras un cambio normativo, lo que obligará a esos 9.000 beneficiarios a tramitar sus solicitudes de forma individual.

La nueva normativa obligaba al Principado a comprobar antes de su envío el cumplimiento de los requisitos de los expedientes, salvo el de vulnerabilidad económica; a certificarlo; a enviar la documentación en un plazo de seis meses y asumir la obligación de reintegrar los pagos del IMV que se realizasen en los casos en que se concediese de manera indebida.

En diciembre el Gobierno asturiano envió sendos ficheros y un certificado en el que se comprometía a realizar la comprobación de los requisitos de los 9.000 expedientes; a enviar la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos y a asumir la devolución de cantidades indebidas que fueron rechazados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

En su respuesta, el INSS entendía que no se ajustaban al modelo de certificado que había elaborado y que señalaba que la comprobación de los requisitos de cada expediente debía tener carácter previo al envío de los ficheros.

Así, la Consejería ha decidido no proseguir con este protocolo dada la inseguridad jurídica que genera; la falta de desarrollo reglamentario que complicaría las labores de comprobación de los requisitos por una administración ajena al INSS; la no retroactividad de los efectos en caso de concesión y la necesidad de destinar a todos los medios del Principado a la gestión y revisión del salario social dadas las circunstancias de crisis social y económica derivadas de la pandemia.

De esta forma, y por motivos «de prudencia y seguridad jurídica», la Consejería ha aconsejado comenzar a requerir a las personas incluidas en los ficheros y al resto de perceptores del salario social a que soliciten el Ingreso Mínimo Vital directamente a la Seguridad Social hasta que se resuelva la controversia suscitada en torno a la aplicación del protocolo.

Esta situación supone, a juicio del Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias, que se imposibilita a quienes tienen que iniciar ahora la solicitud del IMV el cobro de atrasos con carácter retroactivo desde junio y, dado que su cuantía es superior a la del salario social, pierden también el reconocimiento del derecho a percibir esa diferencia.

Además, avanzan que generará un nuevo colapso tanto en la Seguridad Social como en el sistema de Servicios Sociales autonómico, cuyos profesionales están «sobrecargados de tareas administrativas» para atender situaciones «de angustia, miedo e incertidumbre» así como una deslegitimación de los trabajadores sociales a ojos de los usuarios a los que atienen dado que, tras varios meses transmitiendo unas indicaciones, «ahora son contravenidas».

En la misma línea se ha expresado la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Asturias, que ha criticado «la sistemática desconfianza institucional evidenciada en la recurrente fiscalización a la que las personas en situación de vulnerabilidad son sometidas».

A su juicio, la condicionalidad y desconfianza que sostiene todo tipo de prestaciones «profundiza y cronifica brechas sociales, además de anular la operatividad los recursos públicos», informa Efe.