El fondo de rescate superará los 100 millones: se negocia una «amnistía» para los endeudados por la pandemia

El Gobierno asturiano presentará este miércoles su proyecto de presupuestos para el año próximo con la expectativa de lograr un respaldo amplio y transversal para su aprobación, tratando de atar los apoyos de IU y Podemos junto a los de Foro y Ciudadanos. Dentro de las cuentas, la partida estrella será el fondo de rescate para los sectores más afectados por los cierres impuestos por las medidas para tratar de frenar los contagios del coronavirus, singularmente a la hostelería y los autónomos, con la idea de superar los 100 millones de euros y tratar de sortear las dificultades normativas que, ahora mismo, impedirían recibir las ayudas a quienes tuvieran deudas tributarias ocasionadas por las restricciones de la pandemia.

En esta jornada se concretará la cifra exacta que el Gobierno propone para el fondo de rescate, en principio de al menos 100 millones de euros, aunque es posible que los supere hasta rondar los 150 tal y como había solicitado en un principio IU. Principalmente dado que, en las cuentas del rescate a los sectores afectados se incluirán los 33 millones ya aprobados este año (con los que el Principado agotó su capacidad presupuestaria de 2020) y que se repartieron en bloques destinados a la hostelería, el pequeño comercio y el sector cultural y del espectáculo, con una ayuda adicional para el ocio nocturno que sufrió las restricciones antes que el resto.

El nuevo fondo plantea varios retos. El primero es a los sectores a los que debe llegar, en todos los puntos de mira está en primer lugar la hostelería, también pymes, autónomos, con una mención especial a aquellos que trabajan en el mundo de la cultura y también autónomos societarios. Entre los beneficiados de esta ayuda se incluirá también al sector del taxi. Pero el segundo de los retos es hacer que las ayudas llegue de forma temprana y se concreten en una espacio pequeño de tiempo, en este sentido varios de los actores en la negociación ha destacado la relevancia de habilitar los instrumentos necesarios para que la administración pueda hacer un despliegue rápido de las subvenciones. 

Las últimas ayudas aprobadas el pasado mes de noviembre hicieron necesario que se repartieran en tres tramos, de cinco días hábiles cada una, para no colapsar la capacidad de recepción de las solicitudes por parte de la admnistración autonómica. Estas ayudas estarán exentas de tributación, una de las demandas que fue planteada por Foro en las convesaciones.

Pero los tributos, o más concretamente, las deuda con Hacienda, plantean el úlltimo y definitivo reto para el gran fondo de rescate asturiano y es que la Ley de subvenciones estatal prohibe que se beneficien de este tipo de ayudas quienes tengan deudas tributarias. No hay debate sobre que quedarán excluidos de ellas quienes ya tuvieran cuentas pendientes con las arcas públicas antes del estallido de la pandemia pero una cuestión totalmente distintas es la de quienes se han encontrado con un situación impuesta, la de no tener con qué pagar durante los momentos más duros de las restrucciones obligadas a lo largo del año, con un estado de alarma y un confinamiento general de la población en primevera y con un cierre particular en Asturias que llegó e otoño y que ha llevado al límite a muchas personas. 

Son varias las administraciones implicadas, porque es una cuestión que atañe tanto a la estatal como a la autonómica, y todas quieren encontrar una solución para sortear un obstáculo sobrevenido por la normativa. Pero no será sencillo y, de momento, no hay una solución planteada aunque se barajan varias. Una sería recurrir al decreto, que el Ejecutivo central lanzara uno buscando el respaldo posterior de las cortes pero que tendría que buscar encaje dentro del ordenamiento jurídico. Otra posibilidad es que, para determinados casos, las ayudas se concedieran a organismos como las cámaras de comercio y que desde allí, como un peldaño, pudieran repartirse a los afectados.

Entre los negociadores se han manejado metáforas bélicas para reclamar una solución política a un problema normativo y han hecho notar que si el país estuviera en guerra y hubiera personas cuyas casas fueran derrumbadas por un bombardeo no se miraría la letra pequeña de la ley para negarles ayudas para reconstruirlas. Y hay consenso en que muchas personas se han endeudado sin culpa alguna por los hechos consumados de una enfermedad vírica y las acciones para tratar de frenar los contagios por la vía más radical, la de cierres y confinamientos.

Valoraciones políticas

En la cuenta atrás para la tramitación parlamentaria del presupuesto hubo llamadas de última hora para tratar de sumar apoyos. Lo hizo así la secretaria de Organización de la FSA, Gimena Llamedo, quien apeló al PP a sumarse a algún acuerdo tras elogiar la capacidad de diálogo de Ciudadanos, Foro, Podemos e IU.

Desde la coalición, su coordinador Ovidio Zapico indicó que «el presupuesto viene determinado socialmente y atiende a una de las principales urgencias de la población asturiana que es el rescate de los afectados por la crisis. En este sentido, nos reconocemos en ese corazón social y eso es una cuestión muy importante para nosotros» y apuntó que esto le permite hablar ya de «preacuerdo».

Según recogió la agencia EFE, Ciudadanos, no ha decidido aún si apoyará el presupuesto pero que ha reconocido que ha habido un esfuerzo del Ejecutivo al asumir propuestas como la creación de un fondo de 1,1 millones para un «cheque concilia», que se destinen 5 millones a la digitalización de las aulas escolares o que se vayan a incluir beneficios fiscales para familias numerosas.

Desde Foro, Adrián Pumares también ha calificado de «buena noticia» que el Ejecutivo haya decidido incorporar su propuesta de reducciones fiscales para captar y retener trabajadores cualificados en el Principado y contribuir así a evitar la fuga de talento.

Podemos también ha visto satisfecha una de sus principales reivindicaciones al decidir el Gobierno destinar los 34,5 millones de euros que prevé ahorrar del salario básico a políticas de dependencia, e IU también ha visto confirmado su propuesta para que el fondo de rescate estuviese dotado con un mínimo de 100 millones de euros.

Estas dos formaciones lograron consensuar una posición común y que, por primera vez, negociasen conjuntamente con el Gobierno el «corazón social» del presupuesto que, a su juicio, debe garantizar también los 600 millones de euros comprometidos en la concertación social que sindicatos, Gobierno y patronal consensuaron el pasado agosto.

El Gobierno, que pretende tener aprobado el presupuesto el 30 de diciembre para que entre en vigor el 1 de enero, cuenta con el apoyo de los 20 diputados socialistas y casi con total seguridad con los dos de IU, grupo con el que mantiene un pacto de legislatura, por lo que sólo precisaría de un parlamentario más para poder sacar adelante sus cuentas regionales.

El presupuesto de este año fue aprobado con los votos del PSOE e IU y la abstención de una diputada de Ciudadanos, que a última hora optó por votar en contra atendiendo al requerimiento de su dirección nacional, al igual que hicieron el resto de parlamentarios salvo el portavoz y secretario general de Foro, Adrián Pumares.